La Confederación Nacional de Funcionarios de Salud Municipalizada (Confusam) se sumó a las críticas a la modificación del protocolo de objeción de conciencia en la ley de aborto en tres causales, realizado por el gobierno del empresario Sebastián Piñera.
Según consigna Emol, Esteban Maturana, presidente de la organización, consideró que inaceptable que se pretenda por la vía administrativa desconocer el derecho que la normativa otorga a las mujeres del país, añadiendo que, a su juicio, el rechazo es mayor porque produce que las instituciones que se niegan a aplicar la normativa en cuestión reciban recursos del Estado.
«La objeción de conciencia institucional en el sector privado suponía que el establecimiento privado objetor no podría celebrar convenios que le signifique recibir recursos públicos, condición mínimamente lógica en el entendido que los recursos que administra el Estado deben estar en función de financiar políticas públicas y no utilidad privada, criterio de suyo razonable en la implementación de programas del ámbito de los derechos sociales más relevantes, como salud y educación», explicó el dirigente.
«Lamentablemente, en una decisión que es merecedora del más categórico rechazo, la actual administración modifica, vía resolución exenta, los criterios en relación con la objeción institucional, posibilitando la entrega de recursos públicos a instituciones privadas que hacen de la salud un negocio, aunque se nieguen a realizar las acciones definidas en los programas objeto de convenio», agregó el presidente de la Confusam.
Finalmente, Maturana dijo que desde su organización hacen un llamado al Gobierno a reconsiderar su decisión para permitir que la normativa aprobada en el Congreso se aplique en toda su expresión.