Se trata de uno de los resultados preliminares de un proyecto Fondecyt Regular 2020, encabezado por la doctora Adela Montero, directora del Centro de Medicina Reproductiva y Desarrollo Integral del Adolescente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. El estudio identificó, además, que entre los profesionales ginecobstetras el 19 por ciento objeta ante peligro de vida de la madre, 27,6 por ciento por inviabilidad fetal y un 49 por ciento lo hace en casos de violación.
La académica presentó este y otros resultados preliminares del estudio en el que indaga acerca de las barreras que deben enfrentar las mujeres que requieren interrupción voluntaria del embarazo por tres causales. Montero explica que, como parte del proyecto, recabaron información tanto en el Ministerio de Salud como mediante solicitud directa a instituciones de salud pública de todo el país.
“La literatura dice que en la implementación de la ley, la objeción de conciencia es la principal barrera con la que se enfrentan las usuarias. Obtuvimos información de 57 hospitales públicos, con un total de 4.378 funcionarios que podrían objetar en conciencia, pues la ley permite que lo haga el médico o médica requerido/a para realizar el procedimiento y el personal sanitario que se desempeñe al interior del pabellón. Para ese total de contratados, el 12,7 por ciento objeta en la primera causal, como es peligro de vida de la madre; el 17 por ciento en la segunda, sobre inviabilidad fetal de carácter letal; y un 25,7 por ciento en la tercera, es decir, embarazo por violación. Si solo se analizan los datos de los profesionales ginecobstetras, el 19 por ciento objeta en la primera causal, el 27,6 por ciento en la segunda, y el 49 por ciento en la tercera”, explicó la doctora Montero.
De los 57 centros asistenciales que respondieron, añade, “21 nos dieron datos anonimizados y desagregados respecto de los objetores, tales como rango de edad, género y nacionalidad, los cuales se detallan en el formulario cuando una persona se declara como objetora de conciencia. Lo que encontramos fue que en esos 21 hospitales públicos hay 443 objetores de conciencia en total; el 54 por ciento objeta en primera causal, el 68 por ciento en la segunda y el 94 por ciento en la tercera. El 49,9 por ciento objeta en todas las causales”.
Lo llamativo, señala la especialista, es que del total de objetores el 63,8 por ciento son mujeres: “Entre los médicos ginecobstetras, el 38 por ciento son mujeres y el 62 por ciento hombres, así como entre los anestesistas el 43 por ciento son mujeres y el 56 por ciento hombres. Es decir, los profesionales médicos corresponden en mayor proporción al género masculino. Pero esto cambia entre profesionales no médicos, porque allí el 88 por ciento son mujeres; y entre los Técnicos de Enfermería de Nivel Superior, el 95 por ciento son mujeres y solo el 4 por ciento hombres. Sin duda, hay profesiones más feminizadas; sin embargo, respecto del género, se podría esperar que en ellas hubiera menor proporción de objetores, pero los datos no permiten deducir eso”.
No hay “filas de mujeres” esperando abortar
En este punto, Montero contó que al equipo investigador le llamó la atención que desde que se implementó la ley han habido muchos menos casos de interrupción voluntaria del embarazo en tres causales de los que se esperaban. Se estimaban alrededor de 2.500 casos anuales en todas las causales, y que la mayoría fueran por la tercera, “pero en el período 2018 y 2020, de los datos que nosotros obtuvimos, contabilizamos un total de 2.207 casos. Por eso es que nuestra hipótesis es que no están llegando las mujeres debido a que hay barreras para acceder“.
“Por ejemplo, en otro estudio en el que estoy participando, nos hemos dado cuenta que en la atención primaria no se pesquisa violencia, sobre todo cuando es al interior de la pareja. Lo otro, específicamente respecto de la tercera causal, es que las mujeres probablemente no la consignan por temor al estigma, a que duden de ellas y su relato, a tener que contar la violación, por lo que también es una barrera que actuaría como elemento disuasivo para concurrir a los servicios de salud. El riesgo cuando hay barreras o no se hace seguimiento para ver cómo está funcionando la implementación de la ley es que la mujer que no tenga acceso garantizado probablemente va a interrumpir el embarazo en condiciones inseguras”, puntualizó la especialista.
En ese mismo sentido, la doctora Montero recordó con cierta ironía que “cuando se estaba haciendo el debate respecto de esta ley dijeron que iban a haber filas de mujeres esperando abortar por violación, nos trataron de que íbamos a usar la interrupción voluntaria del embarazo como método anticonceptivo: estas cifras demuestran todo lo contrario, lo equivocados que estaban quienes nos estigmatizaron. Y que las mujeres no están teniendo acceso, tal como señala la literatura, por temor al estigma, el miedo a ser juzgadas, la vergüenza, la culpa, porque no es fácil revelar el contexto de una violación, sobre todo en las menores de edad”.
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