La Contraloría General de la República ordenó abrir un procedimiento disciplinario en la Subsecretaría de Prevención del Delito del Ministerio del Interior, luego de la denuncia que entablara el ex jefe del Programa Denuncia Seguro hasta 2016, Rodrigo Rettig, por supuestas irregularidades en el manejo de información.
El abogado acusó tardanza en el cese de contrato de una funcionaria vinculada al PS que habría alertado sobre acciones del Ministerio Público a una banda dedicada al tráfico de drogas en la Región de Los Lagos.
En octubre de 2016, entrevistado por El Ciudadano, Rettig señaló que la advertencia que llegó al programa indicando filtraciones cumplía con todos los requisitos legales para haber sido enviado con prontitud a la Fiscalía, y que los intentos por desvincular a la operadora fracasaron dos veces.
Según Rettig, las negativas involucraron al entonces jefe de la División de Prevención y Gestión Territorial, Marco Venegas, y al asesor jurídico Rodrigo Asenjo, actual abogado integrante de la Corte de Apelaciones de Santiago.
Ambos fueron mencionados en un relato que el persecutor de alta complejidad de la Fiscalía Centro Norte, Jaime Retamal, presentó al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago en febrero de este año, buscando aprobar su decisión de no investigar los hechos.
El fiscal argumentó que el eventual delito de omisión de denuncia por funcionarios de la Subsecretaría estaba «prescrito», lo que fue aceptado por el tribunal.
CRONOLOGÍA
«Con fecha 01/12/2015, un operador del programa Denuncia Seguro… recibió una llamada telefónica anónima en la que se mencionaba un delito de supuesto microtráfico, vinculando a la funcionaria del programa Anakenna Mancilla, quien habría entregado información enviando pantallazos desde su celular de las denuncias a los involucrados en causa RUC 1501199810-8 (de la Fiscalía Local de Castro)», expresó el fiscal Retamal en un escrito al que accedió El Ciudadano, y que resume la denuncia de Rettig.
Debido a ello, «el en ese entonces coordinador del Área de Recepción y Análisis del Programa Denuncia Seguro, el señor Manuel Contreras Pizarro, le comunicó esta información al denunciante, Rodrigo Rettig Vargas, quien en ese momento era el Jefe Nacional del Programa Denuncia Seguro».
«Rettig concurrió a la oficina de su jefatura directa, Marco Antonio Venegas Espinoza, Jefe de la División de Gestión Territorial, quien le manifestó que faltaban antecedentes para fundar una denuncia ante el Ministerio Publico, debiendo prevalecer siempre el principio de inocencia, para lo cual consultó al Jefe de la División Jurídica, Rodrigo Asenjo Zegers, quien también estuvo por no denunciar», indicó.
Ante la negativa, «se le encargó al equipo del programa Denuncia Seguro que cualquier llamado anónimo que vinculara a Mancilla, debía ser derivado al señor Contreras Pizarro. Esto ocurrió con fecha 14/02/2016, mientras el señor Rettig se encontraba de vacaciones y el señor Contreras lo subrogaba».
Luego de consultar el incidente «con el nuevo jefe de División de Gestión Territorial, Pablo Carvacho Traveso, Manuel Contreras Pizarro comunica estos hechos a la Fiscalía de Castro».
DECISIÓN «NO ES COHERENTE»
En conversación con este medio, el abogado Rettig cuestionó que la Fiscalía Centro Norte haya desestimado los antecedentes que proporcionó en septiembre de 2016 y que hoy motivan el requerimiento de Contraloría por eventuales faltas administrativas de la administración anterior.
«La Fiscalía está determinando que lo que ocurrió es una falta y que éstas prescriben en seis meses, lo que es completamente debatible, porque lo que aquí ocurrió es un simple delito y éstos prescriben en cinco años», afirmó.
El jurista agregó que en el sistema de información del Ministerio Público «hay más de 10 órdenes de investigar al OS9 de Carabineros (en la misma causa), por lo que no se sustenta, no tiene coherencia ni verosimilitud, que se fundamente un año y medio después que los hechos estarían prescritos».
Matías Rojas – [email protected]
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