Acogen reclamo contra el Ministerio de Defensa por no entregar antecedentes sobre la extraña muerte del cabo Orlando Morales

El Consejo para la Transparencia resolvió acoger un amparo por denegación de acceso a la información presentado por El Ciudadano que exigía transparentar las acciones desplegadas por el Ministerio de Defensa frente a los cuestionamientos realizados por la familia del fallecido cabo Orlando Morales Pinto.

Morales fue encontrado muerto en extrañas circunstancias en septiembre de 2002, luego de denunciar un millonario desfalco al interior del Comando de Salud castrense (Cosale).

En 2012, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados ofició al entonces ministro Andrés Allamand para que el gobierno informara el resultado de las investigaciones internas efectuadas en torno a la muerte del cabo Morales y la situación de varios funcionarios de la institución que habrían contribuido a ocultar la verdad del caso, según denunciaron los padres del joven de Rancagua en una sesión legislativa.

De acuerdo a la web del Congreso, la familia del cabo Morales manifestó en ese momento que «el caso está siendo tapado por los altos mandos del Ejército» y que «quien mató a su hijo sería (Francisco) Javier Vásquez Ibáñez», militar que actualmente cumple funciones en la Escuela de Inteligencia de la institución.

El oficio del 28 de junio de 2012 que la Comisión envió a Defensa para esclarecer las dudas planteadas, individualizaba no sólo a Vásquez Ibañez, sino al ex agente de la CNI Héctor Cáceres Orellana y al coronel en retiro Rodolfo Molina Hermosilla, ambos en puestos clave del Cosale cuando murió el cabo Morales, presuntamente a causa de un «traumatismo craneoencefálico por bala» de tipo suicida, según la versión oficial.

Así las cosas, en septiembre de 2015, El Ciudadano ingresó a Defensa una solicitud por Ley de Transparencia para saber cuáles fueron las gestiones de la cartera que hoy está siendo fuertemente cuestionada por los fraudes con la Ley Reservada del Cobre (caso «Milicogate») en relación al proceso criminal por la muerte del cabo Morales, luego de la carta de la Cámara.

Respondiendo a la petición regulada por la Ley 20.285, el entonces subsecretario para las Fuerzas Armadas, Gabriel Gaspar, señaló sorpresivamente a este medio que en los archivos del Ministerio «no existe antecedente alguno que diga relación con la muerte del Cabo Orlando Morales Pinto, así como tampoco existen antecedentes relativos a la carta enviada por la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados».

Gaspar, subsecretario de Guerra en la época en que sucedieron los hechos bajo el mando de la ex ministra de Defensa y actual presidenta Michelle Bachelet, justificó su respuesta adjuntando copia de dos actas de búsqueda emitidas por el encargado del archivo institucional y del archivo previsional de la secretaría.

Pero cuando el Consejo para la Transparencia intervino a razón de un reclamo interpuesto por El Ciudadano, los documentos aparecieron.

En el numeral 2 del considerando de la Decisión de Amparo Rol C2496-15, el Consejo sostuvo que «conforme con los antecedentes tenidos a la vista se advierte que sólo con ocasión de sus descargos, la reclamada una vez que efectuó nuevas búsquedas en otras reparticiones del Ministerio de Defensa recabó la información requerida… Por lo anterior, se acogerá el presente amparo y en aplicación del principio de facilitación… se remitirá al solicitante, conjuntamente con la notificación del presente acuerdo, copia de los descargos de la reclamada con sus documentos adjuntos.»

Los documentos que podrá ver a continuación dan cuenta de que el Ministerio de Defensa volvió a validar la versión del suicidio transmitida en 2012 por el Secretario General de la institución, general de Brigada Alberto González Martín, en respuesta a la Comisión de DDHH.