Acuífero de Copiapó en punto crítico: la crisis hidro-social generada por el mercado del agua en Atacama

Por Aillen Fuenzalida

Chile atraviesa la peor sequía de la que se tenga registro en más de medio siglo, la cual tiene directa relación con un modelo de gestión que ha permitido que los derechos de agua estén sobre otorgados en promedio 4 veces en relación al nivel nacional. Esta desigual distribución del vital líquido, que no garantiza el derecho humano a ella, pone en riesgo los equilibrios ecosistémicos y socioambientales de nuestras cuencas.

A esto se suma una naturalización del extractivismo, que hace que poco o nada se cuestione la desmedida sustracción de recursos naturales, pese a las graves consecuencias que ello conlleva.

Entre las zonas más afectadas se encuentra la región de Atacama, que históricamente ha sido una de las bases para el desarrollo económico de nuestro país, desde donde se ha desarrollado exitosamente la agricultura y se han extraído toda clase de minerales.

Las tasas actuales de extracción de agua para fines industriales, rurales y urbanos son insostenibles. Según el World Resources Institute, Chile aparece entre los 25 países con mayor riesgo hídrico para el año 2040. Otro problema adicional son las políticas públicas que no han logrado regular, ni controlar el abuso en su explotación.

“Hay muchos países que reconocen derechos de propiedad sobre el agua, pero en ningún caso el Estado tiene tan poca potestad para intervenir como sucede en el caso chileno”, sentenció Carl Bauer, profesor de la Universidad de Arizona.

El Código de Aguas, impuesto en dictadura, si bien considera el agua como un “bien nacional de uso público” en la práctica privatizó el recurso, permitiendo que cualquiera pueda solicitar derechos de agua, los cuales se le entregarán sin problema mientras en la cuenca no se hayan decretado restricciones y no choque con los derechos de otra persona. La entrega es gratuita, pero una vez otorgados pasan a ser propiedad privada y pueden ser transados libremente en el mercado privado.

Asimismo, se limitó la capacidad de la autoridad para intervenir y regular el uso que se dará a estos derechos de aprovechamiento de agua entregados por el Estado a particulares.

Desde la implementación del código en 1981 hasta 1992 —cuando el problema se hizo tan evidente que la Dirección General de Aguas (DGA) determinó que ya no se podían otorgar más derechos— las solicitudes se dispararon.

“Al acuífero de Copiapó ingresan entre 2.800 a 3.500 litros por segundo, durante el periodo de la dictadura se entregaron 11.000 litros de forma gratuita a los grandes empresarios mineros y agrícolas, y durante el gobierno de la Concertación se entregaron 12.900 litros de derechos de agua a la misma gente. Entonces aquí se ha producido una crisis de enormes proporciones, porque en papeles hay 25.000 litros por segundo entregados aproximadamente”, explicó Luis Acuña, representante de la Coordinadora de Medio Ambiente de Atacama y candidato a diputado por el Distrito 4, Región Atacama, en la lista Dignidad Ahora (DA!), con cupo del Partido Igualdad.

La crisis hídrica ha generado especulación, ya que los derechos de agua quedan sujetos a las reglas del mercado. El traspaso de derechos de agua desde empresas agrícolas a compañías mineras uno de los factores que más ha incidido en los últimos años en el agotamiento del acuífero de Copiapó hasta llegar al punto crítico en que se encuentra hoy.

Este acuífero, que es el caso más grave de la zona, está administrado de acuerdo al Código de Aguas por dos comunidades, la Junta de Vigilancia Río Copiapó (JVRC) y la Comunidad de Aguas Subterráneas de Copiapó – Piedra Colgada – Desembocadura (CASUB). Se divide el valle en dos, justo hasta donde termina la ciudad de Copiapó llega la jurisdicción de la JVRC, mientras que desde esa calle hacia la costa es la jurisdicción de la CASUB, la cual “tiene jurisdicción solamente sobre aguas subterráneas porque las aguas superficiales no existen, porque todas las capturan las mineras y la agroindustria, por lo tanto, al río Copiapó lo secaron”, aclaró Acuña a El Ciudadano.

Al menos el mercado tiene cierto grado de transparencia. El Conservador de Bienes Raíces de Copiapó guarda el registro de todas las transacciones de derechos de agua, es decir, quién compró, quién vendió y a qué precio.

Algunos funcionarios y actores políticos se han enriquecido a costa de la sobreexplotación de los acuíferos. Según inscripciones del Conservador de Bienes, el actual senador RN Rafael Prohens vendió 100 litros/segundo a Lumina Coopers, compañía propietaria de Minera Caserones. La venta se realizó en noviembre de 2008, a nombre de Agrícola Doña Berta Limitada y obtuvo 40 mil dólares por cada litro/segundo, lo que totalizó un precio global de 4 millones de dólares.

A esta misma mina se le formarían cargos de parte de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) en 2019, por sobreconsumo de aguas de pozos y para remediar infiltraciones de relaves, entre otros, que habrían causado un daño ambiental a una napa subterránea del sector.

Esta no sería la única participación de Prohens con el mercado de los derechos de agua.

En noviembre del 2014 el senador se comprometió a abastecer de forma constante a la minera Atacama Kozan con 30 litros/segundo, según registros del Conservador de Bienes Raíces. El contrato reza que por cada metro cúbico efectivamente suministrado se pagaría 1,178 dólares. Trasladando para esto aguas superficiales desde el distrito número 1 y 2 al distrito número 7, donde se encuentra la empresa minera, en circunstancias en que la Dirección General de Aguas prohíbe que se traslade agua de un distrito a otro.

Pero no únicamente esto lo ligaba a la compañía de Nittetsu Mining Co. y el grupo Errázuriz. El senador se relacionó comercialmente con la minera a través de una empresa de movimiento de tierras, empresa que, según sus declaraciones, ya no le pertenece.

Si bien cuando firmó estos contratos no ejercía labores públicas, una vez convertido en senador y miembro de la comisión de minería, el parlamentario consiguió dos reuniones con la minera Atacama Kozan, con la cual mantenía relaciones comerciales. Las dos personas con las que conversó son dos ex-ejecutivos hoy formalizados por el delito de estafa, el ex intendente Francisco Sánchez y Rodrigo Albornoz.

Entramado político

Una semana después de que Prohens firmara la venta de agua a la minera, la compañía daba a conocer un importante proyecto de ampliación, que planeaba aumentar su producción y la capacidad de su depósito de relaves en las cercanías de Paipote permitiendo además las operaciones de la empresa se extendieran hasta el año 2035. Este proyecto alertó al municipio, ya que el incremento de desechos mineros se acumularía a menos de 2 kilómetros de una población.

La idea de ampliar el depósito de relaves fue ingresada al Servicio de Evaluación Ambiental en diciembre de 2017, por el entonces sub-gerente de Atacama Kozan, Francisco Sánchez, el mismo que en julio del año siguiente sería designado Intendente de la Región de Atacama.

El nuevo Intendente asumía sus funciones a un mes de haber solicitado y sostenido una reunión, en calidad de representante de la empresa minera, con el Seremi del MOP Atacama, Alfredo Campbell —de quien depende la DGA— según registro de la Ley del Lobby. Reunión en la que se trataron temas vinculados al proceso de calificación ambienta y a la cual no fue invitado el equipo técnico de la DGA Atacama.

Tanto el municipio de Copiapó como la Dirección General de Aguas efectuaron observaciones al proyecto. Rodrigo Sáez, director subrogante de la DGA suscribió, antes de que asumiera el nuevo gobierno, la siguiente observación del proyecto: «genera efectos adversos significativos sobre la cantidad de recursos naturales renovables, en particular el agua. Por lo tanto, su vía de ingreso debe ser necesariamente un Estudio de Impacto Ambiental». Sin embargo, una vez nombrado Sánchez con Intendente de Atacama, la directora regional del DGA, Macarena Fernández Leiva, desvinculó a Sáez.

Para luego, once días después, dar luz verde a la Declaración de Impacto Ambiental de Atacama Kozan. Lo que se realizó sin la autorización de la Unidad de Conservación y Mantenimiento de la DGA.

Así, estando en el cargo de Intendente Regional el ex gerente de la minera, Francisco Sánchez, y ya superados los reparos presentados por la DGA, solo faltaba la aprobación del Informe Consolidado de Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones o Ampliaciones por parte de la Comisión Regional Ambiental al proyecto presentado por Atacama Kozan, la que además de autoridades regionales con competencia ambiental, estaba integrada por el Intendente Francisco Sánchez, la misma persona que estaba a cargo del proyecto presentado como DIA.

El proyecto sería aprobado un año después.

“Esto viene a ratificar el trabajo bien hecho durante estos años. Es la consecuencia de haber hecho un trabajo de forma robusta y sería por personal interno de la compañía, encabezados por nuestro gerente general y que nos dan 17 años más de vida útil», declaró a Cooperativa Rodrigo Albornoz, sub-gerente general de Atacama Kozan, tras la aprobación del proyecto.

Estafa, prevaricación y tráfico de influencias

La cercana relación de Francisco Sánchez con Atacama Kozan, finalmente, se terminaría quebrando. Esto tras una sorpresiva renuncia del Intente en febrero de 2019, quien argumentó problemas personales. Un mes después, se conocerían sus verdaderas razones: La minera se querellaba contra él por el delito de estafa por el monto de 303 millones 270 mil 800 pesos.

Según lo expuesto en la audiencia de formalización, en noviembre del año pasado, las diligencias dirigidas por la Fiscalía e indagadas con el apoyo de la Brigada de Delitos Económicos de la PDI habrían logrado establecer cuatro hechos en los que se habrían cometido defraudaciones a partir de presuntos actos irregulares de Sánchez Barrera, en su condición de sub-gerente general de la empresa y un segundo imputado, Rodrigo Albornoz, quien ocupaba el mismo cargo en la entidad minera, pero no fue citado en esta instancia.

Conforme a lo relatado por la Fiscalía, entre los años 2011 y 2018, ambos imputados habrían sostenido relaciones de confianza con representantes y ejecutivos de la Atacama Kozan, a partir de lo cual habrían actuado de manera fraudulenta bajo intereses propios, logrando aumentos en los valores de contratos en perjuicio de la compañía minera.

El senador Rafael Prohens figuraba en su lista de proveedores que podrían haber sido beneficiados por la inflación de los cobros, a través de la empresa Frutícola Doña Berta, la cual abastecía de agua a la minera.

Por otra parte, la Fiscalía de Atacama iniciaba una investigación por los delitos de negociación incompatible, prevaricación y un posible tráfico de influencias, relacionada con la aprobación del proyecto presentado por Atacama Kozan. Se indaga si existieron presiones para aprobar la iniciativa que ingresó al Sistema de Evaluación Ambiental cuando el ex intendente Francisco Sánchez, era aún sub-gerente de la empresa.

Lo que se pretende dilucidar es cómo un proyecto de gran envergadura llegó a ser aprobado a través de una Declaración de Impacto Ambiental y no a través de un Estudio de Impacto Ambiental.

En concreto, cabe preguntar por qué no se tomó en cuenta el informe emanado por el director subrogante de la DGA, el cual informaba que dicho proyecto generaría efectos adversos significativos, por lo que su vía de ingreso debía ser un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y no una simple Declaración de Impacto Ambiental (DIA), como pretendía la empresa.

Según la investigación, que terminó con la formalización de los imputados, en mayo del año 2018 se designó a contrata a Luis Ulloa, quien comenzó a desempeñarse como asesor legal de la DGA, mientras que, en junio del mismo año, sin pasar por un proceso de reclutamiento y selección, fue designada en el cargo de directora regional de la Dirección General de Aguas, Macarena Fernández, quién anteriormente fuera la Directora de Asuntos Hídricos de la Asociación de Productores y Exportadores de frutas del valle de Copiapó. De la misma manera se nombró como Intendente al ex sub-gerente de la minera, Francisco Sánchez.

Una vez instalados en sus puestos, se desvinculó a Rodrigo Sáez, funcionario que suscribió los oficios de la DGA, la nueva Directora Regional de Aguas modificó la anterior determinación, aceptando la DIA anteriormente presentada, sujeta a algunos condicionamientos, pronunciándose conforme sobre los Permisos Ambientales requeridos, descartando la exigencia de un EIA.

En marzo de este año, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) decidió ampliar la querella criminal en contra de Francisco Sánchez y Rodrigo Albornoz por presunta estafa.

Asimismo, la querella se dirige también en contra de todos quienes resulten responsables de los ilícitos cometidos con ocasión del proyecto que aprobó un aumento de la capacidad de disposición de relaves mineros, operación que correspondía haber sido ingresada al Sistema de Evaluación Ambiental mediante un EIA: “habida consideración de encontrarse gravemente comprometido el recurso natural hídrico en la zona, atendido el estado actual del acuífero del río Copiapó y su sobrexplotación”.

En conformidad a los antecedentes agregados a la carpeta de investigación fiscal, se señala en el libelo del CDE que, “se ha podido determinar la existencia de otros hechos penalmente relevantes en los que ha tenido participación el querellado Francisco Sánchez mientras se desempeñaba en el cargo de Intendente de Atacama, y que se encuentran vinculados precisamente con el proceso de calificación ambiental que el mismo querellado ingresó como DIA – cuando era subgerente de Kozan – al sistema de evaluación ambiental, para finalmente propiciar y colaborar de modo decisorio en la aprobación del referido proyecto de la minera al momento de ejercer como primera autoridad regional”.

Asimismo, la investigación reveló que mientras el querellado Francisco Sánchez ejercía el cargo de Intendente de Atacama, recibió una serie de beneficios económicos por parte de terceros, los que fueron financiados y pagados por Atacama Kozan, sin justificación alguna.

Traslados ilegales e incumplimientos

Cabe recordar que meses antes de esta acusación, se volvía a desatar una nueva polémica alrededor de Atacama Kozan. La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) formuló nueve cargos contra sociedad minera, titular del proyecto “Faena Minera Atacama Kozan”, por infracciones a las disposiciones establecidas en sus Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA), en diversas obras del proyecto emplazadas en la comuna de Tierra Amarilla y Copiapó.

Al proyecto cuestionablemente aprobado, se le imputaron nueve cargos, uno fue calificado como gravísimo, 5 graves y 3 leves.

Con relación con el cargo gravísimo, se trata de hechos que han impedido deliberadamente la fiscalización, encubierto una infracción o evitado el ejercicio de las atribuciones de la SMA, ya que el titular no cumplió el Plan de Seguimiento Ambiental del proyecto en relación con aguas superficiales y subterráneas, particularmente no cargando en el Sistema de Seguimiento Ambiental de la SMA, los monitoreos de aguas subterráneas en el sector tranque y los monitoreos de las mismas asociados a los pozos de captación de agua fresca.

Además, se consideraron las infracciones asociadas a incumplimientos al Plan de Manejo Biológico, medida dispuesta para hacerse cargo de la pérdida de vegetación, intervención del cauce del río Copiapó, la construcción del sistema de manejo de aguas lluvias asociado al tranque de relaves de filtrado sin tramitar los permisos sectoriales con la DGA y a la iniciación de operaciones en este tranque, sin haber construido la totalidad de las obras y/o medidas asociadas para su operación.

Con relación a los cargos graves, el primero de ellos se refiere a que el edificio donde se encuentran emplazados los chancadores secundarios y terciarios no se encuentra cerrado completamente, ni con presión negativa, medida que al no ser ejecutada contribuye al deterioro de la calidad de aire de la zona y pudiendo ser una fuente aportante de material particulado.

En el procedimiento sancionatorio intervienen también una serie de denunciantes que informaron a la SMA respecto a incumplimientos en que habría incurrido el titular sobre distintas materias.

Meses después, volvían a aparecer, tanto la minera como Rafael Prohens, en acusaciones. Esta ver formuladas desde la Comunidad de Aguas Subterráneas de Copiapó – Piedra Colgada – Desembocadura (CASUB), quienes calificaron la resolución de la DGA como un hecho histórico que sentará un precedente, ya que que estableció la existencia de faltas graves en la distribución de las aguas, por parte de la Junta de Vigilancia del Río Copiapó (JVRC).

En concreto, se detectaron puntos de captación de agua no informados distintos a los autorizados, además de volúmenes de agua no respaldados por la JVRC, beneficiando a grandes empresas agrícolas.

De esta forma, más de la mitad de los caudales distribuidos históricamente por la JVRC, deberán ser entregados en bocatomas autorizadas legalmente o de lo contrario deberán ser liberados al cauce natural del río Copiapó, sin poder ser utilizados en actividades industriales.

Dentro de las medidas correctivas que deberá cumplir la Junta de Vigilancia están el cese de la distribución de aguas a 107 de sus usuarios, en su mayoría grandes consumidores, que accedían a ella en puntos de captación autorizados ilegalmente por la JVRC. Uno de los nombres que llama la atención en este documento es la sociedad agrícola Doña Berta, empresa vinculada al senador Prohens.

La empresa agrícola abasteció de agua a Atacama Kozan. Evidenciando la práctica de permitir traslados de ejercicio de derechos de aprovechamiento de aguas de cauces naturales. Traspaso que ocurrió mientras Francisco Sanchez era sub-gerente de la minera.

“Este traspaso en temas de mercado del agua se puede realizar, (pero) no se realizó apegado al Código de Aguas de utilización del cauce natural del río Copiapó en traspasar estos litros por segundo. Para ello, hay que hacer todo un estudio para que lo apruebe la DGA y publicarlo, por si algún particular se siente perjudicado, para que recién se apruebe, con una serie de análisis. La pregunta es por qué no lo hicieron y porque la junta dio la autorización”, declaró el administrador de la CASUB, Carlos Araya, a un diario local.

Por su parte, el abogado de la organización, Antonio Vargas, afirmó que con esto buscan evitar que se siga afectando el desarrollo productivo y medioambiental a la parte baja del valle, debido a la entrega irregular de las aguas, privilegiando el correcto balance de la cuenca del río Copiapó.

“Atacama es una zona de sacrificio, no solo hídrica, sino que también ambiental. Desde los movimientos sociales hemos sido capaces de parar una serie de proyectos que podrían tener a la región en una situación mucho más compleja de la que está, porque el tema hidríco en el valle de Copiapó es dramático, secaron un río que era histórico, l nivel freático de las napas sigue bajando cada día más, sobre todo en los sectores bajos del valle de Copiapó, lo que ha obligado a que el Estado desenvuelva más de 250 millones de dólares para la construcción de una planta desaladora que en alguna medida mitigue la necesidad de agua dulce para el consumo humano. Y esto porque el Estado no ha sido capaz de reclamar el agua dulce y de cordillera que ingresa al acuífero de Copiapó, y menos de poner acento en el consumo exacerbado de este recurso que está generando esta crisis hídrica”, aseveró el representante de la Coordinadora de Medio Ambiente de Atacama y candidato a diputado por el Distrito 4, Luis Acuña.

El Estado y sus instituciones, por su parte, a marzo del presente año, han aprobado más 100 proyectos mineros, siendo la región de Atacama la que registra un mayor número de iniciativas en esta etapa de tramitación, contando con 38 proyectos aprobados y una inversión de 4.386 millones de dólares.