Vía Radio Universidad de Chile / A fines de febrero de este año se hicieron las últimas modificaciones al borrador del decreto N° 265. El contenido de este documento se venía discutiendo desde 2014, pero prácticamente estuvo guardado en el cajón de la división jurídica de la subsecretaría del Interior, durante todo el gobierno de la ex presidenta Michelle Bachelet.
Los tres secretarios de Estado que se sucedieron en el cargo durante la administración de la ex mandataria -Rodrigo Peñailillo, Jorge Burgos y Mario Fernández- tuvieron conocimiento de esta iniciativa que, en lo sustancial, elevaría el tipo de normativa con que Carabineros crea protocolos para el uso de la fuerza por parte de la institución a la categoría de un decreto supremo. Una materia que el área jurídica de la Subsecretaría reconocía muy débil.
En primer lugar, lo novedoso de este decreto supremo que aprueba el Protocolo de Mantenimiento del Orden Público n° 265, al que tuvo acceso Radio Universidad de Chile, sería la periodicidad de al menos un año con que se actualizaría el protocolo o cada vez que lo requiriera la subsecretaría del Interior por razones fundadas.
También obligaría a Carabineros a “emitir informes mensuales al ministerio del Interior que den cuenta de la eficiencia del mantenimiento del orden público bajo los criterios de Derechos Humanos”.
En 2014, mientras estuvo a la cabeza de la institución el general director Gustavo González Jure, se integró la última mesa compuesta por un equipo multisectorial que aprobó 30 protocolos de mantenimiento del orden público, a través de la Orden General n° 2287.
Carabineros señaló a Radio Universidad de Chile que la periodicidad con que hoy se actualizan estos protocolos es algo variable, dado que su modificación propiamente tal depende del aumento o disminución de las actuaciones y solo se realizan a petición del Gobierno. Además, la institución indicó que no han habido modificaciones desde esa última mesa y que desde que asumió el actual gobierno de Sebastián Piñera no se ha convocado a una nueva instancia.
En su artículo segundo, el decreto también normaría “la actuación policial ante casos especialmente vulnerables o derivados de su pertenencia a sectores de la población con mayor exposición a la vulneración de sus derechos, tales como niños, niñas y adolescentes; personas en situación de discapacidad; personas de edad avanzada; población LGBTI; y mujeres”.
Una salvedad que en ese momento se habría hecho desde el gabinete del ministerio del Interior, cuando se presentó el último borrador, fue que no se se incorporara a migrantes, estando el DC Mario Fernández como mandamás de la cartera. Se habría optado por no poner el acento en esta población para evitar levantar temas que aún no estaban resueltos por el contexto de las regularizaciones a extranjeros. De todas maneras, señalaron que entrarían en la categoría de “entre otros”.
De no ser por un hecho coyuntural, el decreto habría seguido sin movimiento, pero en octubre de 2017 se comenzó a negociar el acuerdo entre el Estado y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el caso de Alex Lemún.
El joven mapuche de 17 años fue asesinado en 2002 por el mayor de Carabineros Marco Treuer Heysen, en Ercilla, y cuatro años después el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) presentó una denuncia ante la comisión, condenando al Estado por su muerte como resultado del uso excesivo de la fuerza policial.
La cancha estaba rayada. Durante los meses de verano, el equipo de la división jurídica de la subsecretaría trabajó en este acuerdo que comprometía al Estado a aprobar un decreto presidencial con estándares del uso de la fuerza. Restando modificar algunos puntos, el contenido calzaba con lo que se venía proponiendo.
Después de las últimas modificaciones, finalmente el 12 de marzo el decreto ingresó a la Contraloría General de la República. Poco después de un mes, este organismo lo retiró mediante un oficio argumentando que no se encontraba “el protocolo en el acto administrativo, un aspecto fundamental para su estudio, y que se acompaña como un documento independiente de aquel. Se señala que el protocolo aludido no es parte de las materias que deban estar afectas a la toma de razón”. Lo último quiere decir que el contenido se podría aprobar sin contar con un decreto superior. A su vez, Contraloría indicó que desde esa fecha el decreto no ha vuelto a ingresar.
Profesionales que trabajaron durante la administración pasada comentaron que el decreto no tendría mayores complejidades en su redacción, así como tampoco los cambios que se pudiesen incorporar. Lo potente sería la señal que se estaría entregando al normar estos aspectos y, así, limitar la autonomía de la cual goza Carabineros respecto a los informes que debería rendir ante la autoridad política.
Al consultar sobre el actual estado de este decreto, las respuestas son confusas. Desde el gabinete del ministerio del Interior señalaron que no se encontraban trabajando en este decreto y sugirieron que se le consultara a Carabineros, porque respondía a un documento interno de la institución. Por su parte, la entidad policial informó que no tenía antecedentes relacionados y que debía estar alojado en Interior. En una tercera consulta hecha a la División de Carabineros dependiente de esta última cartera, precisaron que, hecha la revisión en el sistema, estaría en trámite en la subsecretaría del Interior.
A juicio de la abogada María Noel Leoni, integrante del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y quien lleva este caso ante la CIDH, el tema ya habría excedido la órbita de Carabineros y permite evaluar la voluntad política del Gobierno para subsanar o no las observaciones. “Es una objeción burocrática, porque en este caso hay un respaldo internacional y la obligación es muy concreta”, señaló, detallando que no es un decreto que tuviera asociada una partida presupuestaria. A la vez, recalcó que no se estaría sopesando que esto finalmente responde a una reparación internacional.
“El Estado tendrá que rendirle cuentas a las CIDH. Cejil pedirá una audiencia para revisar el caso en el último periodo de sesiones de la CIDH, que se celebrarán antes de diciembre y, previo a eso, el Estado debe cumplir con este punto de reparación a las víctimas de violencia policial”, sostuvo.
El protocolo trans
A un mes del cambio de gobierno, el Sindicato Amanda Jofré fue convocado a una reunión por el ministerio del Interior. La única cita de la que participaron, el 6 de febrero, duró cerca de dos horas. En esa oportunidad, las dos dirigentas -Alejandra Soto y Krishna Sotelo- compartieron la mesa de trabajo con otras ocho personas representantes de la División de Carabineros, de Investigaciones, ministerio de la Mujer y Equidad de Género y la Mesa de Género de la subsecretaría del Interior.
La próxima semana se cumplirán siete meses desde que participaron de esta instancia y, a la fecha, no han tenido noticias sobre el tema que se discutió en esa mesa: elaborar el protocolo que normaría las actuaciones policiales en casos de detenciones a personas transgénero, transexuales, travestis e intersexuales.
Con una posición asumida, Krishna dice: “Sabíamos que esto iba a pasar”. Alejandra agrega que “no teníamos duda de que esto era una de las iniciativas de última hora, pero asistimos por la urgencia que reviste el asunto”.
Alejandra, quien hoy encabeza la organización, recuerda haber leído los documentos y reconoce que el trabajo estaba bastante avanzado. Un reparo que hizo en ese momento fue que no se trataba de un trabajo conjunto desde su inicio, más bien creía que su presencia les serviría a las autoridades para el registro final en la lista de participantes.“Tuvimos que corregir el lenguaje porque solo hablaban de ellas y ellos”, comentó.
El borrador del Protocolo, que no llegó a presentarse a Contraloría, incluiría el registro y trato del nombre social de las personas detenidas y la no interrupción de tratamientos farmacológicos, entre otros. Asimismo, incorporaría un glosario, principios y derechos y un procedimiento para el caso de que el documento sea transgredido. El trabajo se planteó en concordancia con el Protocolo de Carabineros sobre Uso de la Fuerza descrito en la primera parte de este artículo.
En el capítulo II de la minuta del protocolo, sobre derechos y principios durante un procedimiento, se establecería que “se debe garantizar el derecho a utilizar ropa acorde a su identidad de género, así como en la utilización de servicios higiénicos”. A su vez, la obligación de “entregar información dentro de un lapso de 24 horas desde la detención, a organizaciones de la sociedad civil”.
Nada de esto existe hoy en los protocolos de actuación policial y, según advirtieron integrantes de la mesa de trabajo, al cambio de administración no se discutió sobre darle continuidad o, al menos, recoger las propuestas en las que ya se había avanzado y que constan en los documentos.
Por otro lado, la opinión de abogados que trabajan en el área de Derechos Humanos es que el lenguaje que utiliza la comunidad legal suele ser extraordinariamente reglamentario, pero en DD.HH. se hace extraordinariamente impreciso y sólo se norman criterios generales. De ahí que detallar ese lenguaje, hacer visible realidades y situaciones de violencia a través de conceptos, tensiona las actuaciones de las policías.
Radio Universidad de Chile consultó para este artículo al departamento de comunicaciones del ministerio del Interior sobre el trabajo de este Protocolo y no entregaron ninguna información al respecto.
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