Vía Resumen / El Ministerio de Justicia decidió expulsar a 4 dirigentes gremiales y suspender parte de las remuneraciones de otros 5 trabajadores del Servicio Médico Legal, tras su participación en una movilización llevada a cabo entre el 12 y el 15 de enero del 2018, que buscaba mejorar las condiciones del servicio, sobretodo las relacionadas con el maltrato laboral ejecutado por el operador político Franklin Santibáñez.
Las sanciones contra los sindicalistas fueron definidas por el Subsecretario de Justicia, Juan José Ossa, quien actuó como Ministro de Justicia subrogante, señalando que los movilizados concurrieron en un acto de desafío al orden institucional al promover una huelga sin turnos éticos.
Por ello, este martes, Lucía Carrasco, dirigente gremial del Servicio Médico Legal, y una de las afectadas con la sanción, comentó a Resumen que recurrieron con la diputada Claudia Mix a Contraloría para que el proceso sea revertido, denunciando que nunca tuvieron acceso total al sumario, por lo que no tuvieron derecho a una adecuada defensa, razón por la cual se vulnera el debido proceso.
Los dirigentes gremiales, acompañados por las dirigentes nacionales de la ANEF Ximena Aguirre y Orieta Fuenzalida, y un dirigente de Tarapacá, José Martínez, también se presentarán en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados para denunciar los hechos y lograr que la irregular medida se anule.
Respecto al proceso que terminó con las sanciones, Carrasco afirma que se les atribuye un cargo que no es cierto, pues se les acusa alentar la no realización de turnos éticos, lo que nunca pasó en el SML durante la movilización ya que la organización gremial que protagonizó el paro no abarca a todos los trabajadores. De hecho, los profesionales del Servicio no se sumaron al paro y nunca se negaron a realizar sus labores.
Carrasco agrega que la paralización de 3 días se inició luego de la instalación del operador político Franklin Santibáñez -ligado a Javiera Blanco, perteneciente al círculo directo de la ex Presidenta Bachelet- quien se desempeñaba como Jefe de Gabinete del SML.
Los funcionarios acusaron reiterados casos de maltrato laboral, además de desvinculaciones ilegales y arbitrarias de funcionarios, junto con destinaciones y/o traslados de funcionarios no consensuados. Tras estos procesos irregulares, llegaban al Servicio personas cercanas a Santibáñez, a quien se le acusaba de ni siquiera tener un título profesional adecuado ni validado en Chile: «Bachelor en Teología».
La presión de los funcionarios fue efectiva y lograron no solo la salida de Santibáñez, sino también a Rodrigo Mesías, subdirector administrativo, y hace poco a Iris Gutiérrez, jefa de recursos humanos, destituciones solicitadas en el petitorio de los funcionarios y funcionarias movilizadas.
Sin embargo, pese a reconocerse las denuncias de la organización gremial, el Gobierno, a través del Subsecretario Ossa, inició el proceso contra los funcionarios que terminó con los 9 sancionados, lo cual se podría transformar en un grave precedente de persecución sindical al interior de las organizaciones de trabajadores y trabajadoras del sector público.
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