En un comunicado emitido este miércoles 13, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile reafirmó su compromiso con la extradición de Adriana Rivas, exagente de la DINA y secretaria personal del general (R) Manuel Contreras, conocido como el «Mamo». La Cancillería chilena destacó la alta prioridad que se le asigna a este proceso, tanto desde el punto de vista legal como en el marco de la persecución de crímenes de lesa humanidad.
El Gobierno chileno valoró la decisión de Australia de conceder la extradición de Rivas, aprobada en agosto de 2023, pero reconoció que la defensa de la exagente ha apelado la medida ante la Corte Federal de Australia. La primera audiencia de revisión se realizará este 14 de noviembre y contará con la presencia del embajador de Chile en Australia, quien asistirá para reforzar la postura del país.
Una figura polémica y declaraciones controvertidas
Adriana Rivas ingresó a la DINA en 1974, a los 20 años, como parte de un curso de inteligencia militar. En una entrevista realizada en septiembre de 2013 para la radio australiana SBS, Rivas dejó clara su postura respecto a los métodos empleados durante la dictadura. «La tortura era una técnica necesaria para quebrantar a la gente«, afirmó sin titubear. Rivas describió sus años en la DINA como «los mejores de mi vida», haciendo alarde de su posición privilegiada, que le permitía viajar en limosina y hospedarse en los mejores hoteles del país.
A pesar de defender la tortura como un «secreto a voces«, Rivas aseguró que nunca presenció una directamente. Al ser consultada sobre el paradero de los desaparecidos, expresó fríamente: «Si está muerto, está muerto. ¿Dónde están? No se sabe«, generando indignación entre los familiares de las víctimas.
La sombra de la Brigada Lautaro
La Brigada Lautaro, donde operaba Rivas, fue creada para proteger a Manuel Contreras y otras figuras del régimen, pero rápidamente se transformó en una unidad de exterminio dirigida a desarticular al Partido Comunista. Los operativos «Conferencia I» y «Conferencia II» culminaron con la captura y desaparición de decenas de dirigentes comunistas. El cuartel de Simón Bolívar 8360 se convirtió en un centro de tortura, donde se experimentó con gas sarín bajo la dirección del agente Michael Townley.
Testigos han señalado que los detenidos eran inyectados con veneno mortal y luego quemados para borrar cualquier rastro, antes de ser lanzados al mar. La figura de Manuel Contreras, el «Mamo», sigue representando el terror de esos años, mientras sus colaboradores, como Rivas, intentan evadir la justicia.
Un proceso de extradición que se extiende
El proceso de extradición de Adriana Rivas ha sido largo y lleno de obstáculos. Aunque la solicitud de extradición fue aprobada en 2019, la defensa ha presentado varias apelaciones, alargando el procedimiento. La audiencia de este 14 de noviembre podría ser decisiva para determinar si Rivas finalmente es entregada a las autoridades chilenas para enfrentar cargos por secuestro calificado y torturas.
El comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores expresó la esperanza de que este caso, que se ha extendido durante años, llegue a una resolución pronto, permitiendo brindar justicia a las familias de las víctimas. «Reiteramos nuestro profundo compromiso con el respeto y la promoción de los derechos humanos, así como con la necesidad de que los responsables de graves crímenes rindan cuentas ante la justicia chilena», señaló la Cancillería.
Un relato de impunidad
Las declaraciones de Adriana Rivas en 2013 muestran una sorprendente falta de arrepentimiento. Su defensa de la tortura y su frialdad al referirse a los desaparecidos han causado indignación tanto en Chile como en la comunidad internacional. Para muchos, su extradición representa una última oportunidad de justicia en un proceso que ha sido dilatado por más de una década.
La figura de Adriana Rivas, quien está detenida desde 2019, sigue siendo una mancha en la memoria histórica de Chile. Su posible extradición no solo busca hacer justicia por los crímenes cometidos, sino también enviar un mensaje claro sobre la impunidad que han gozado muchos agentes de la dictadura. Mientras tanto, las familias de las víctimas continúan esperando respuestas y, sobre todo, verdad.