Tras siete días de movilizaciones que afectaron el abastecimiento de alimentos y medicinas, los empresarios camioneros depusieron el paro nacional, luego de alcanzar un acuerdo con el Gobierno, en el cual este se compromete a impulsar su propia agenda represiva en el Congreso, militarizar aún más la Araucanía; destinar altas sumas de dinero para fortalecer a las policías y entregar beneficios a los transportistas de carga.
José Villagrán, presidente de la Federación de Dueños de Camiones del Sur (Fedesur), confirmó la finalización del paro del gremio que bloqueó carreteras, desvió de ambulancias e incluyó amenazas e incidentes con otros transportistas no adheridos.
“Los camioneros de Chile queremos comunicarle a todos los chilenos en nombre de la Confederación Nacional de Transporte de Carga de Chile, hemos estado obligados por el Gobierno a permanecer en la carretera, le hemos hecho por muchos días, porque la verdad no podíamos llegar a acuerdo con el Gobierno”, expresó.
Sin embargo, dejó claro que “esto es un acuerdo, por lo tanto nosotros vamos a seguir en estado de alerta si el Gobierno -cuando tengamos que firmar este acuerdo- no cumple con lo que hemos acordado, nosotros retomaremos la movilización”.
Reiteró que “nosotros vamos a estar muy atentos de que se cumpla lo que hemos acordado. Si no se cumple lo que hemos acordado, nosotros vamos a volver nuevamente a las carreteras y nos vamos a estacionar en las bermas”.
“No hay apuro de firmar (el acuerdo). Yo creo que me voy a poner de acuerdo con el señor Ministro del Interior, porque aquí tiene que firmar este acuerdo el Presidente de la República, la Presidenta del Senado, el Presidente de la Cámara de Diputados y el señor Ministro del Interior”, enfatizó Villágrán.
Villagrán indicó que “todas las peticiones tienen plazo, y ese plazo lo ha puesto el Gobierno, por lo tanto el Ejecutivo tiene que cumplir los plazos”.
Agenda represiva
Con el paro que inició el jueves 27 de agosto los camioneros buscaban presionar al Congreso para que agilizara la discusión y aprobara 13 proyectos de leyes represivas, de los cuales 10 son iniciativas del gobierno y que según Villagrán buscan “restablecer el Estado de Derecho, se acabó la impunidad en el sur de Chile con muchas políticas, sobre todo que son policiales”.
De hecho, luego de darse a conocer el acuerdo, Sebastián Piñera emplazó al Congreso a aprobarlas prontamente.
“Necesitamos mejores leyes, necesitamos mejores instrumentos, y por eso quiero pedir hoy al Congreso una vez más la pronta discusión y aprobación de estas leyes que son urgentes, necesarias, indispensables, para poder luchar con mayor eficacia contra la violencia, la delincuencia y el terrorismo, y poder darle más tranquilidad a los hogares chilenos y más seguridad al orden público de nuestro país”., dijo.
Afirmó que su gobierno tiene “un compromiso, preocupación y ocupación fundamental con el orden público y con la seguridad ciudadana y por estas razones hemos enviado al Congreso y hace ya hace mucho tiempo y con máxima urgencia un conjunto de proyectos de Ley para proveer instrumentos más eficaces, más poderosos, a nuestras policías, a la Fiscalía, a los Tribunales de Justicia para combatir la delincuencia, el narcotráfico, el crimen organizado, la violencia, el terrorismo”.
“Entre estos proyectos de Ley que aún se encuentran en el Congreso está la modernización de Carabineros y la Policía de Investigaciones; la creación de un Sistema Nacional de Inteligencia; una nueva Ley antiterrorista; mejorar la Ley para combatir el narcotráfico; una Ley para combatir con más eficacia el robo de madera; una Ley de protección de la infraestructura crítica, tan indispensable para los ciudadanos; la Ley Juan Barros, que endurece las penas a los que atenten contra la vida de conductores y trata a los camiones como si fueran una morada (…); la Ley de control de armas, para tener instrumentos más eficaces y retirar tanta arma clandestina (…); todo eso está en el Congreso”, sostuvo, citado pro Bio Bio Chile.
Luego de las palabras de Piñera, la Comisión de Seguridad Pública del Senado aprobó el miércoles el proyecto de ley «Juan Barrios.
La instancia despachó la iniciativa por 2 votos a favor de los senadores Felipe Kast y Marcela Sabat y 1 abstención, del senador Francisco Huenchumilla, y ahora deberá ser revisada por la comisión de Constitución del mismo Senado.
Este proyecto de Ley fue firmado por Piñera el pasado 13 de agosto, y busca incluir los ataques a los vehículos motorizados a los delitos catalogados como ataques incendiarios, además crea una nueva agravante dentro de la misma causa con el objetivo de aumentar las penas, las cuales podrían ir desde los 15 años a la cadena perpetua.
Varios sectores han advertido que este instrumento legal constituirá un nuevo pretexto para inculpar y encarcelar a los comuneros mapuche.
Dinero para las policías y beneficios para los camioneros
El acuerdo con los camioneros también compromete al Ejecutivo a invertir millonarias sumas de dinero en material e infraestructura para las policías como la mantención y reposición de sus vehículos y el compromiso de $5.600 millones en infraestructura policial, vigilancia en carreteras, mejoras en peajes, áreas de descanso y aumentar las cámaras de vigilancias en las carreteras de la zona centro sur del país.
Otro punto que incluye el acuerdo es la reparación de víctimas de hechos de violencia en la zona centro sur del país, donde el Gobierno propone otorgar pensiones de gracias a los afectados y becas de estudio a sus hijos.
También propone un sistema de reparación a dueños de camiones, fortaleciendo los subsidios directos que entrega actualmente SERCOTEC, a través del Programa de Apoyo a Víctimas de la Violencia Rural.
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