En septiembre de 2022 el diputado Gonzalo De la Carrera (ex Partido Republicano) agredió a su colega Alexis Sepúlveda en pleno hemiciclo de la Cámara. Sin embargo, el violento parlamentario ha continuado legislando en el Congreso Nacional sin problemas, posteando además videos y comentarios en redes sociales.
Recordemos que por estos hechos, la Comisión de Ética sancionó a De la Carrera con una merma del 15% de su sueldo, unos $800.000, la cual se suma al mismo castigo que recibió por una agresión anterior a otro colega, el diputado Daniel Manouchehri, donde recibió además el «máximo castigo de censura» de dicha corporación.
Desde la Cámara explicaron que la «sanción de censura» que aplica la Comisión de Ética «se traduce en un reproche severo, por escrito a través de una carta, que se le entregará a Gonzalo de la Carrera, por conductas graves que dañan nuestra convivencia, imagen y el reglamento».
Más allá de lo llamativo de este «castigo», resulta sorprendente que la violencia tanto verbal como física que De la Carrera ha exhibido en su paso por el Parlamento, no le sea ningún impedimento para seguir ejerciendo su función, lo cual constituye una extraña validación de la utilización de métodos violentos en política: no hay censura para los golpeadores.
¿Puede una diputada legislar tranquila sabiendo que tiene como interlocutor a un «colega» que ya ha agredido antes a otros parlamentarios? ¿No es esto una presión indebida para el trabajo de los «representantes» de la ciudadanía?
A nadie le gusta trabajar con agresores violentos, y menos en un contexto donde además se ha amenazado directamente a diputados y senadores para que no continúen con el proceso constituyente, precisamente, desde el sector que representa el diputado De la Carrera.
AOM
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