El 28 de julio de 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el derecho humano al agua y al saneamiento, considerando como base el garantizar un agua potable adecuada para la realización de todos los derechos humanos.[1] A día de hoy, en muchos lugares del mundo como en nuestro país, el acceso al agua potable está entorpecida por el crudo cambio climático y acrecentado por un modelo de desarrollo pernicioso. Hay que ir más allá, es el régimen jurídico–político–económico (neoliberalismo) en el mundo, y en especial en Chile por sus propias características debido a la privatización del preciado recurso natural, que ha deteriorado el estado hídrico causando una serie daños a las comunidades.
Algunas de estas problemáticas importantes son tratadas en este artículo para volver a tener presente en un día como hoy, que el agua como recurso indispensable para el desarrollo de la vida humana y la naturaleza está permanentemente en jaque con desmedro a las comunidades, y como en este caso a localidades rurales que no suelen ser notorias, pero que sufren día a día nuestro régimen de las aguas.
En este documento se realiza una sistematización cronológica de los sucesos en torno al estado contaminado del agua en la localidad de Laguna Verde. Contiene información sobre estudios científicos, denuncias ciudadanas, declaraciones públicas, notas de prensa y en general, lo relevante para entender de manera esquemática el conflicto en torno a la contaminación de las aguas en Laguna Verde.
La venta de aguas
La localidad de Laguna Verde, se encuentra al sur de la ciudad de Valparaíso, por el borde costero. Forma parte de la comuna porteña. La estimación de la población local varía según la fuente, se dice que habitan 4.964 personas, pero la mayoría coincide en que son 12 mil personas aproximadamente[2]. En la zona, el problema del acceso al agua no es una novedad, constatándose dificultades al consumo de este servicio básico hace varios años. Sin embargo el cierre de cuatro pozos en 2014 agudizó el problema[3]. La forma de abastecimiento “oficial” es a través de una sola cooperativa de APR (Agua potable Rural).
La cooperativa, que cumple con las normas sanitarias, abastece a cerca del 40% de la zona urbana y menos de 10% de la población total. Mientras el resto de habitantes se abastece por medio de la compra a camiones que venden sin ninguna regulación, ni certificación y control[4]. Estos camiones extraen el agua de pozos contaminados. Por otro lado, el precio en la venta de este recurso básico está sujeta a la especulación económica de quienes emprenden este descuidado negocio.
La DGA inició un proceso de fiscalización de estas irregularidades, dictando cuatro resoluciones donde se ordena que terminen las extracciones no autorizadas[5]. El argumento es que no se tenían permisos de aprovechamiento de aguas constituidos o regularizados. De esa manera la fiscalización por el organismo público se entiende desde la lógica del no cumplimiento de la ley, en términos de un problema de propiedad. A este respecto, se quita de vista la compresión del fenómeno como un problema social y de derechos humanos en torno al acceso al agua. Esta manera de operar está plasmada en el marco jurídico[6].
El acceso al agua “regulada” no es una realidad para la mayor parte de la población de la zona. Se ha dejado a los habitantes a la deriva del mercado ilegal de venta de agua, que opera sin normas mínimas sanitarias, al arbitrio de los precios especulativos y con poca fiscalización. Como veremos, en su mayoría está contaminada.
El acceso a aguas… contaminadas
Desde el año 2012 se vienen realizando estudios científicos en la zona. En 2013 el análisis de cinco puntos distintos alrededor del estero, por parte de un equipo de la UPLA, sobre la calidad de las aguas superficiales y subterráneas de la zona, dio como resultado que el agua presenta coliformes fecales, está salina y contiene plomo, entre otros.[7] Un informe realizado por Silob al sector el año 2012, coincide con los resultados mencionados, al encontrar coliformes fecales en el cauce por sobre la norma sanitaria[8]. Los resultados de estos estudios indican que el agua de esta zona no es apta para el consumo humano ni para el riego.
Es importante destacar que los múltiples monitoreos al estero El Sauce arrojaron mala calidad a lo largo de todo su lecho, siendo un 76,1% de éste de origen industrial, proveniente desde las aguas de la planta de aguas servidas de Esval y las aguas percoladas desde el relleno sanitario de Girsa en la zona norte de Laguna Verde[9]. Además, los pozos particulares de donde extraen los camiones el agua que venden están también siendo contaminados por estos vertimientos industriales[10].
En julio de 2019, vecinas y vecinos denunciaron a Esval S.A por eliminar aguas servidas al estero Las Cenizas, que se conecta con El Sauce. La Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) investigó al respecto, tomando cargos por el incumplimiento de la norma que regula la prohibición de descarga de lodo, sólidos o sedimentos a los cursos de agua.[11] La empresa sanitaria admitió la irregularidad, lo que calificaron como “una alteración puntual” de la calidad del agua[12], no obstante lo cierto es que desde 2012 se vienen presentando la presencia de contaminantes, lo que se constituye como una práctica sistemática y no aislada.
La comunidad ha estado consciente de esta situación desde el año 2012, dando cuenta públicamente sobre la contaminación en el estero El Sauce. Los habitantes han emplazado a las autoridades políticas a responder, sin obtener resultados sustantivos, apuntando como responsables a la planta decantadora de Esval y al relleno sanitario Los Molles operado por Girsa[13]. Por ejemplo, la junta de vecinos del sector Domingo Otaegui ha denunciado los daños a la salud a la comunidad, debido al contenido y la mala calidad del agua[14].
La respuesta generalizada de las autoridades ha sido desde la indolencia e inactividad. En una carta con fecha enero de 2019, el seremi de Salud, Francisco Álvarez, desestima los resultados otorgados en los estudios realizados por la institución universitaria, apuntando a que carece de rigurosidad científica al no existir diagnóstico previo, mencionando que las normas sanitarias de Conama eran solo “guía”, entre otros argumentos, buscando distraer lo central de lo presentado[15].
Recurso de protección: irresponsabilidad política y negligencia sanitaria
Debido a la petición de la presidenta de una junta de vecinos, Julia Poblete, al Seremi de Salud de Valparaíso de realizar análisis al agua de la zona, el 6 de marzo de 2019 el jefe de gabinete de dicho organismo envió un informe sobre análisis bacteriológicos a pozos de la zona realizados entre noviembre y diciembre de 2018[16]. Entre los resultados, se confirma lo que venían arrojando los estudios anteriores, observando la presencia en dos pozos de: coliformes totales y fecales, Escherichia coli, nitratos, siendo ‘No apta para el consumo humano’.[17]
Los estudios que salen a luz realizados por la Seremi de Salud han de mostrar su latente forma de operar, en una contradicción con su rol público. Es así que dispone de evidencia que corrobora la contaminación en las aguas de la zona, pero se prefiere guardar silencio e inclusive negar lo presentado por la Universidad de Playa Ancha. Pasaron varios meses para que se actuara en conformidad. Esta contradicción revela la mezquindad con la que opera la institucionalidad, en un notable abandono de deberes, principalmente debido al actuar insuficiente en la fiscalización de las aguas contaminadas y en garantizar agua de calidad para la población.
La Municipalidad de Valparaíso por su lado no ha actuado diferente. Han sido los graves incumplimientos de su rol fiscalizador del contrato con la empresa Girsa lo que caracteriza su accionar, en donde la permisividad ante la empresa ha puesto en peligro la salud de los habitantes y el daño al medio ambiente. Si bien la alcaldía interpuso una querella por el delito ambiental hacia la empresa en cuestión, lo que podría usarse en su defensa, no es sino la inactividad respecto de este proceso judicial durante un año, lo que queda como impronta[18]. La falta de voluntad política para solucionar la problemática nos suena conocido en esta historia, en un abandono de deberes similar al Seremi de Salud.
De lo observado, el actuar municipal se reduce a la fiscalización en una ocasión a la venta ilegal de agua en dos pozos sin patente ni resolución sanitaria. Estos pozos correspondían a dos de los tres analizados por el Seremi de Salud. Más allá de esta aislada gestión, no se han generado esfuerzos sustantivos desde el municipio porteño.
La comunidad de Laguna Verde no ha quedado estática ante este desfavorable escenario y precaria respuesta institucional, de manera que iniciaron medidas judiciales en abril de 2019. Consuelo Requena, en representación de los vecinos/as en la vulneración sufrida en estos hechos, presenta un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones. Dicho recurso se efectúa hacia la empresa Girsa, por el daño producido debido a la contaminación por descarga de aguas percoladas desde el relleno sanitario El Molle. Por otro lado, el recurso es interpuesto contra el municipio de Valparaíso y la Seremi de Salud por falta de fiscalización y el incumplimiento de velar por la salud pública[19].
La acción jurídica hacia Girsa se sustenta en lo siguiente. Desde 2001 esta empresa es la concesionaria que administra el relleno sanitario “El Molle”. Las denuncias apuntan a que esta empresa ha vertido lixiviados de forma permanente e histórica en “las características del área de mojamiento observadas, de los precipitados y el crecimiento de algas, con un caudal de 432.000 litros lixiviados por su día”.[20] El incumplimiento de las medidas sanitarias en las operaciones es razón del daño producido hacia la comunidad y el medio ambiental de la zona.
Destacar que de la querella que emprende el municipio hacia Girsa, se destaca que la empresa no tiene interés de cumplir la norma sanitaria de las piscinas de lixiviados. Se le informó al gerente de operaciones, sobre las perforaciones de la piscina ubicada en el sector bajo del relleno. La concesionaria “pegó la geo membrana con un parche agorex”, proceso inadecuado bajo cualquier mínimo criterio técnico[21].
Se sostiene en el recurso de protección, que el Seremi de Salud como autoridad sanitaria falla en sus deberes y obligaciones como garante de la salud pública. Teniendo completa información sobre el estado del agua en la zona a raíz de los estudios realizados en noviembre de 2018, informa públicamente recién en marzo de 2019, sin realizar gestiones para resguardar el consumo de agua segura para la población. Además, considerando el aumento de la población durante el verano de dicho año, la situación se agravó[22].
En lo que respecta a la Municipalidad de Valparaíso en el recurso de protección, se observa que ha estado incurriendo en faltas graves, al no velar en la efectiva protección de los derechos esenciales de la persona consignados en el artículo 19 de la constitución política. Su responsabilidad es en tanto existe omisión sobre la falta de fiscalización y sanción del contrato de concesión, y el incumplimiento de la función administrativa pública que le permite seguir acciones legales a fin de evitar que se perturbe el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación[23].
A día de hoy las acciones institucionales siguen siendo nulas, presentándose a lo largo del tiempo a todas luces la vulneración de los derechos humanos de la población de Laguna Verde.
La vulneración de los derechos humanos en una zona de sacrificio
El funcionamiento del relleno sanitario Los Molles que considera la deposición de los desechos provenientes de la Región de Valparaíso, y se sabe que de la Región Metropolitana, ha sido a costa de la salud de miles de personas y el deterioro sistemático al medio ambiente de la zona de Laguna Verde. Se ha condenado a una zona en pos de los “intereses generales” de la comuna, sin ningún tipo de consideración ni cuidado con los habitantes, mezclándose diversos factores como son: la falta de institucionalidad ambiental que proteja a la comunidad, el deterioro del estero El Sauce, el precario acceso al agua (escasa y contaminada) y la irresponsabilidad política.
Es importante sumar a este contexto, la adquisición de Girsa por Stericycle S.A. en 2008, una empresa multinacional de capitales norteamericanos[24]. No es sino la expresión de la desigualdad social, en donde una empresa multinacional opera con impunidad frente a una población que, a pesar de los múltiples reclamos, sigue sin soluciones por parte de las autoridades políticas.
No es extraño que debido a este fenómeno social salga a la palestra el concepto de “zona de sacrificio”[25]. Esta denominación da cuenta de comunidades generalmente de bajos ingresos y/o racializadas, que sufren daños ambientales relacionados con polución, contaminación de desechos y/o industria pesada.[26] Junto con lo anterior, es importante destacar la posición de vulneración de las comunidades en las actividades productivas destructivas.
La propuesta de Pladeco Municipal 2019 en su caracterización de la localidad de Laguna Verde reconoce la complejidad social en el territorio, describiendo que la dificultad de acceso a servicios básicos, el aumento exponencial de la población y la escasa infraestructura pública han producido vulnerabilidad social y consecuencias ambientales[27]. Así mismo, se menciona la existencia del problema en torno a la presencia de contaminantes en la zona; sin embargo no hay un diagnóstico completo. Se reconoce un problema social, pero no se aborda con la importancia asociada a los efectos secundarios de vivir en una zona de sacrificio, con contaminación y dificultad de acceso a aguas de calidad.
Las expresiones territoriales concretas de las zonas de sacrificio, se observan en la devastación ambiental que se produce debido a la actividad industrial[28] afectando a los derechos fundamentales de las personas. Según lo presentado en el recurso de protección, las garantías constitucionales afectadas son[29]:
- El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común. Art. 1°, Inciso 4° Constitución Política.
- El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona. Artículo 19, Nº1 de la Constitución Política.
- Derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Artículo 19, Nº1 de la Constitución Política.
“Lavándose las manos con plomo”
La situación es crítica considerando que en febrero de 2019 se declaró a las provincias de San Antonio y Valparaíso como zonas de escasez hídrica en la región de Valparaíso[30]. El gerente regional de Esval afirma que la situación es compleja para el abastecimiento del agua en la región[31], lo cual no se condice con el cuidado del agua en la zona de Laguna Verde. El contexto de pandemia ha agudizado las problemáticas sociales, y en particular, el conflicto en torno al acceso al agua. Las medidas de higiene para resguardarse del Covid–19 implican el lavado de manos durante 20 segundos, sin embargo estas prevenciones son difícil de llevar para muchos/as.
El agua a la que tiene acceso los habitantes de Laguna Verde al presentar metales pesados y coliformes fecales, resulta sumamente peligrosa para la salud. Si en circunstancias normales el consumo y manipulación de agua involucra riesgos, es difícil tomar medidas de autocuidado para poder protegerse de la enfermedad. Es así que la recomendación de lavado de manos en la zona sin otorgar un agua adecuada es sentenciar a las comunidades a mayores enfermedades. Incluso como se ha denunciado por Modatima, en muchas localidades, como en Petorca, el insuficiente acceso al agua simplemente no permite ejercer el lavado.
¿Por qué motivos las dificultades en torno agua en las comunidades, como Laguna Verde, son indiferente para las autoridades políticas en este contexto de pandemia?
En primera instancia, estas medidas sanitarias sin más, dan cuenta de una irresponsabilidad e insensatez por otorgar medidas de largo alcance considerando cada contexto territorial. En segunda instancia, y con mirada panorámica, queda de manifiesto la peligrosidad con la que las comunidades como Laguna Verde están expuestas por el régimen de aguas y de peor manera con esta contingencia sanitaria. Ciertamente el actuar de las autoridades políticas no va en sentido contrario al modelo. De hecho, este accionar no deja de ser testigo, y en bastantes ocasiones, partícipes activos del régimen de aguas.
Es seguro que el agua hoy en día -a diez años de su declaración como derecho humano- está sin concretarse para muchos/as en nuestro país, y para las comunidades campesinas. Por ello nos esmeramos en lograr lo imprescindible, avanzar hacia un nueva gestión del recurso hídrico que en situaciones tan difíciles como la que se vive se tenga como principio la conmemoración de hoy:”el agua como derecho humano indispensable para una vida humana digna”[32].
MAPA SITUACIÓN DEL AGUA VALPARAÍSO
[2]Censo Vivienda y población 2017. Otras fuentes apuntan hasta 20 mil habitantes.
https://web.archive.org/web/20190713152439/https://geoarchivos.ine.cl/File/pub/Cd_Pb_Al_Cs_2019.pdf
[3] Nota de prensa (2014): http://www.derechoalagua.cl/2014/09/22/alerta-en-laguna-verde-por-la-falta-de-agua/
[4]Nota de prensa:
[5] Nota de prensa (2014): http://www.derechoalagua.cl/2014/09/22/alerta-en-laguna-verde-por-la-falta-de-agua/
[6] Columna de opinión, Rodrigo Mundaca. https://ciperchile.cl/2012/02/17/la-privatizacion-de-las-aguas-en-chile-viola-los-derechos-humanos/
[7] Informe técnico: Contexto eco-geográfico y calidad de agua de Laguna Verde, Valparaíso (2013). Facultad Ciencias Naturales Universidad de Playa Ancha.
[8] SILOB, departamento de ingeniería ambiental (2012). Informe Técnico “Sector Laguna Verde”. AES GENER SA.
[9] Publicación de estudio sobre el Estero el Sauce (2013-2015). Dra. Rivera y compañía.
https://www.revistascca.unam.mx/rica/index.php/rica/article/view/RICA.5346/46999
[10] Nota de prensa:
[11] Nota de prensa:
[12] Nota de prensa:
[13]Nota de prensa:
[14] Nota de prensa:
[15] Carta del Seremi de Salud Francisco Álvarez a Cecilia Henríquez. 6 enero de 2019. Ord N°0110.
[16] Recurso de protección.
[17] Informe de ensayo de agua corresponde a “N° 1663” y N°1664”. Laboratorio de salud pública ambiental. Seremi de Salud Valparaíso.
[18] Recurso de protección.
[19] Idem.
[20] Idem.
[21] Ídem.
[22] Idem.
[23] Idem.
[24] Investigación periodística. https://ciperchile.cl/2015/05/26/el-mapa-de-chile-del-millonario-negocio-de-la-basura/
[25] Nota de prensa: https://kaosenlared.net/chile-valparaiso-la-crisis-del-estero-el-sauce/
[26] Nadine y Smith, 2017. “Sacrifice Zones” in the green energy economy: Toward an environmental justice framework. McGill Law Journal, Vol. 62, núm. 3, pp. 861 – 898. Montreal.
[27] Propuesta Plan de desarrollo comunal, municipalidad de Valparaíso 2019.
[28] Fundación Terram. Infografías sobre zonas de sacrificio. (2016)
http://www.terram.cl/2016/02/infografias-conoce-las-zonas-de-sacrificio-ambiental-del-pais-2/
[29] Recurso de protección.
[30]Declaración provincia de Valparaíso y San Antonio https://dga.mop.gob.cl/administracionrecursoshidricos/decretosZonasEscasez/Documents/DTR%2014_2020%20Escasez%20Provincias%20San%20Antonio%20Valparaiso.pdf
Publicado originalmente el 28 de julio de 2020 en modatima.cl
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