El alcalde de Colchane, Javier García, se pronunció este lunes sobre el Estado de Excepción decretado este domingo por el Gobierno de Sebastián Piñera, en cuatro provincias de la zona norte del país y aseveró que militarizar la frontera «no es la solución».
La medida constitucional se anunció tras una reunión por más de cinco horas entre el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, con distintos gremios de camioneros y autoridades locales.
De esta forma, el Secretario de Estado anunció la determinación de instalar un Estado de Excepción Constitucional en cuatro de las principales provincias fronterizas del país: Arica, Parinacota, Tamarugal y Loa, el cual tendrá vigencia de 15 días, período tras lo que podrá ser extendido por 15 días más..
En este sentido, García solicitó la instalación de “barreras físicas a los costados del complejo fronterizo y también la reapertura del complejo fronterizo”.
Para el jefe comunal esto permitiría controlar un porcentaje de “migrantes y extranjeros que sí tienen documentación al día y que pueden ingresar a Chile, y también facilitaría la labor de Carabineros”.
Entrevistado por el programa Noticias Express, la autoridad enfatizó la necesidad de facilitar la labor de Carabineros, así como la movilidad de la población.
Sobre el Estado de Excepción, García manifestó que es «lamentable» la situación, debido a que su comuna está militarizada desde febrero del año pasado, por lo que es necesario buscar una nueva solución
«Existe alto contingente militar desplazándose por todas las localidades, sobre todo en la frontera, pero no ha sido suficiente para frenar el ingreso indiscriminado de migrantes sin control de identidad, sin control sanitario, lo cual requiere mayor reevaluación”, expresó, citado por CNN.
“Por tanto, el Estado de Excepción lo hemos ‘estado viviendo’ ya desde hace meses aquí en Colchane, pero no creo que sea la solución en este sentido. Creo que la solución va más allá de militar la frontera”, añadió.
Indicó que, una de las posibles soluciones, es trabajar a la par con Bolivia y Perú, para poder operar «la devolución de migrantes hacia ese país, que han servido todos estos meses de tránsito sin ninguna colaboración de sus gobiernos, porque no les ha afectado directamente a ellos, pero sí a nosotros”.