Fuertes declaraciones emitió el edil de Hualañé, Claudio Pucher Lizama (RN), refiriéndose a la última auditoría de la Contraloría Regional del Maule que detectó el uso de funcionarios y computadoras municipales en el diseño particular de una cabaña de verano perteneciente a su hermano, Juan Carlos Pucher.
De forma airada y en pleno Concejo Municipal, según registros difundidos ayer por Hualavisión, el alcalde amenazó con querellas a la contralora regional del Maule, Alejandra Pavez Pérez, por lo que denominó «graves calumnias» contenidas en el documento.
Dirigiéndose a las cámaras del canal local, Claudio Pucher señaló: «Es una sinvergüenzura que ella hace, y dígaselo ahí. Señora contralora, usted es una sinvergüenza. Para que lo grabe. ¿Me escuchó usted, el de Hualavisión? Ustedes me han desprestigiado toda la vida. ¡Estoy cansado de esta mierda!»
«No le tengo miedo a nadie, para que sepan. No le tengo miedo a ella, que me lo venga a demostrar. Y menos a una contralora, que me levantó una calumnia dentro de un informe público», agregó, aprovechando de disparar también contra «su gente que viene a la municipalidad» en las visitas de fiscalización.
Durante los últimos meses, la Contraloría no solo ha detectado irregularidades en el otorgamiento de permisos de edificación y conflicto de intereses en la supervisión de 13 viviendas construidas por la sociedad “Claudio Pucher y Compañía Limitada” o Dolmen, firma constituida por el edil y su hermano Gerardo Pucher.
Otro informe publicado en noviembre constató que el director de Obras de Teno, Sergio Espinoza Coya, ejerció presiones indebidas en favor de Dolmen respecto a obras públicas ejecutadas en dicha localidad por más de $200 millones de pesos.
El órgano de control verificó que Juana Lazo Ibarra, quien fuera la esposa de Espinoza entre 1986 y marzo del 2016, era socia de Pucher en la empresa Constructora e Inmobiliaria DEARQ Limitada, nexo que pasó por encima de las narices de la alcaldesa de Teno, Sandra Valenzuela (UDI), durante el período en que la mayor parte de los trabajos fueron adjudicados.
El caso está siendo indagado por el fiscal jefe de Curicó, Miguel Gajardo, frente a la posible existencia de delitos de negociación incompatible y fraude al Fisco.
Matías Rojas – [email protected]
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