Alcaldesa de Nogales, Margarita Osorio, será formalizada el 30 de junio por estafa en proyecto habitacional, tras querella presentada por vecinos allegados

El próximo 30 de junio se llevará a cabo la audiencia de formalización de la alcaldesa de Nogales, Margarita Osorio, junto al arquitecto Mauricio Torres Benzi y la ex concejala de Cabildo, Isabel Zamora; por el caso «Estafa de Viviendas».

Un total de 450 socios de tres comités de allegados de Cabildo presentaron una querella criminal en contra de las tres autoridades cuestionando pagos indebidos para la construcción de un proyecto habitacional que nunca se concretó.

En la querella se establece que el delito de estafa se configura por la presencia de 4 elementos: el engaño, el error, la disposición patrimonial y el perjuicio. En este caso, el argumento principal es que la estafa podría configurarse (si es el que la causa les es favorable) como “un engaño capaz de producir un error en la víctima, que determina que ésta realice una disposición patrimonial que le genera un perjuicio”, refiere El Observador.

«Está el abuso de confianza, el aprovechamiento de la gente que con mucho esfuerzo creyó en la posibilidad de una casa propia y depositó la confianza en estos imputados, haciendo abuso de su posición como autoridad, engañaron a mis representados con el afán de obtener estos dineros y finalmente no lograr el objetivo con el cual convencieron a mis clientes con una posible casa propia», expresó el abogado Mario Fuentes, entrevistado por Radio BioBío.

El proyecto sería levantado en la zona rural de Cabildo conocida como El Quemado. En él se involucró el arquitecto limachino Mauricio Torres Benzi, como asesor pagado. Intermediando en gestiones estaban la ex concejala de Cabildo, Isabel Zamora; y quien presentó al profesional a los comités fue la actual alcaldesa de Nogales, Margarita Osorio.

Según los querellantes la estafa asciende a un total cercano a los $180 millones considerando que cada socio – en promedio – debió pagar cerca de $400.000.

Por su parte, Nataly Muñoz, secretaria del Comité “Casa Soñada”, señaló que la alcaldesa de Nogales utilizó su posición para aprovecharse de los socios.

«Ellos, al ser autoridades, al menos dos personas, daban una confianza, ellos utilizaban su posiciones y también como amenazas, porque ellos decían que sacarían a la gente de los comités si no pagaban», expresó a Radio BioBío.

Historial de la alcaldesa

Cabe recordar que, en 2017, la alcaldesa había renunciado al partido Amplitud, debido a que pesaba sobre ella una orden de arresto por una acusación de despido injustificado y no pago de indemnización, y además había sido acusada por presunta irregularidades en su campaña.

El mismo año un concejal la acusó de haberlo agredido con un rasguño en la cara y un apretón en el brazo en plena sesión municipal, refiere Pousta.

Entre 2018 y 2019 también fue acusada de haber golpeado a una florista y destruido su mercancía, así como de estar envuelta en una pelea con familiares y amistades de la asesinada y torturada joven Nicole Saavedra.

¿Qué dice la querella de los comités?

La querella argumenta que la jefa comunal tuvo responsabilidad en la estafa – aunque Osorio lo ha negado en reiteradas ocasiones – debido a que en en 2012, la entonces concejala de Cabildo,Isabel Zamora, instó a un grupo de vecinos a formar el comité Clase Media, para postular a subsidios para la vivienda. Con ella como socia, dijo que haría gestiones para conseguir apoyo y se comunicó con la -entonces- senadora Lily Pérez, quien a su vez la derivó con un asesor, quien finalmente contacto al grupo con la actual alcaldesa Osorio, que en ese tiempo no tenia ese cargo, refiere El Observador CL.

Osorio, además, tenía experiencia en la gestión de subsidios y fue quien presentó al arquitecto Torres Benzi al comité y lo llevó a todas las reuniones.

De igual forma, fue la encargada de acordar el pago por un monto de dinero, pese a que, los trámites eran gratis, a través de Servicio de Vivienda y Urbanización (SERVIU).

No obstante, y a pesar que le dijeron un monto al principio, después se le fue solicitando mucho más dinero, alcanzado montos de hasta 180.000 pesos.

El abogado Mario Fuentes describe que “doña Juana Isabel Zamora convenció a los socios de pagar dicha suma, argumentando que había averiguado con el municipio y que ellos hacían esos diseños, pero que demoraban aproximadamente 3 años”.

Ese mismo año, muchas personas se fueron de los comités. El arquitecto volvió a pedir dinero, diciendo que había que rediseñar todo. Esta vez 180 mil pesos por socio. Aunque esa vez, firmaron un contrato donde se reconocieron pagos, pero menores a los montos reales.

Además, en el contrato se consignaba que la “EJIS” (así se lee en la querella, pero la sigla correcta es EGIS) con la que trabajarían era de propiedad del mismo arquitecto.