A partir de las 2:00 de la tarde de este miércoles se vota en las comisiones unidas de Agricultura, Medio Ambiente y Recursos Hídricos del Senado la prórroga por 12 años de la Ley N° 18.450, que fomenta la inversión privada en obras de riego y drenaje.
Este cuestionado instrumento legal, que cuenta con diversas observaciones y reparos desde organizaciones comunitarias y campesinas, contribuye a seguir perpetuando un modelo de desarrollo agrícola que tiene sus orígenes en la exportación de agua a través de frutas y otros productos, y que compromete la seguridad alimentaria del país.
Esta normativa creada durante la dictadura y que ha sido prorrogada dos veces en democracia, culmina en diciembre de este año su vigencia, por lo que el Presidente Sebastián Piñera ingresó un proyecto para extenderla por 12 años más, el cual actualmente está siendo discutido en el Senado.
Al respecto, la doctora en Ecología, Fernanda Salinas advirtió sobre el peligro de de prorrogar por 12 años la Ley N° 18.450.
«En el escenario actual, donde los humedales son ecosistemas clave para mitigar los efectos del cambio climático y proteger el ciclo hidrológico, no parece una política de Estado acorde a las evidencias disponibles el perseverar con esta iniciativa que, adicionalmente, ha estado asociada a la devastación de la vegetación nativa en laderas de cerros, a la expansión de monocultivos de frutales para el mercado internacional, a la construcción de embalses que quedan en el camino porque no tienen agua para llenarse y han significado un aporte económico a grandes empresas que no son quienes más necesitan del apoyo económico del Estado para subsistir», planteó en una carta publicada en La Tercera.
Asimismo, compartió un hilo en su cuenta en Twitter sobre el tema. Señaló que la cuestionada Ley bonifica el riego tecnificado en los predios donde, con planes de manejo ilegales, se ha talado el bosque nativo, profundizando los efectos del cambio climático y favoreciendo el avance de la desertificación, y que a través de la Comisión Nacional de Riego se han entregado montos millonarios a grandes viñas, agroexportadoras y familiares de parlamentarios
Salinas, planteó que en el escenario actual, donde los humedales son ecosistemas clave para mitigar los efectos del cambio climático y proteger el ciclo hidrológico, una ley que fomenta el drenaje de humedales es obsoleta.
Destacó que los subsidios de esta ley han permitido entregar cerca de $1.500 millones de pesos a obras civiles y de riego a sociedades ligadas a la familia de Juan Bilbao Hormaeche, quien fue uno de los traders más destacados de “Sanhattan”.
Por su parte, la politóloga y magíster en Sociología, Pamela Poo, planteó que tomando en consideración la Acusación Constitucional contra el presidente Piñera, aprobada ayer por la Cámara de Diputadas y diputados, se podría esperar que no se tramiten los malos proyecto de su gobierno que insisten en prorrogar la Ley de Riego por otros 12 años.
«Yo esperaría que la oposición no le preste apoyo a un gobierno deslegitimado que quiere aprobar en medio de la discusión de presupuesto, entre gallos y medianoche, la renovación por 12 años más de una ley como esta, que sigue en la lógica extractivista», afirmó la investigadora asociada a Chile Sustentable.
Poo destacó que en el gobierno anterior los empresarios querían renovar el DL701 y no pudieron por el escándalo del confort. «Lo mismo pasa con la ley de riego, que ha sido un incentivo perverso para plantar más paltos en laderas y enriquecer a empresarios como Juan Sutil», dijo.
Cabe recordar que la semana pasada las comisiones unidas de Agricultura, Medio Ambiente y Recursos Hídricos acordaron suspender la votación en general de la prórroga como consecuencia de un reportaje de El Desconcierto en el que se revelaron los millonarios subsidios estatales para el riego entregados a Empresas Sutil, conglomerado agrícola encabezado por el líder de la CPC, Juan Sutil.
“Ha salido un reportaje que habla de la cantidad de subsidios que recibió, por ejemplo, las empresas Sutil, que están básicamente dedicadas a la exportación de berries, frutos secos, vinos, etc., que ha provocado bastante impacto en la comunidad porque una vez más cotejamos algo que ya se sabía, que hasta ahora, aunque nos digan que no, se han beneficiado a grandes empresas”, afirmó la senadora (PS) Isabel Allende en esa oportunidad.
Asimismo, solicitó que se diera la posibilidad de invitar a comunidades que quieren entregar sus puntos de vista en la discusión parlamentaria y que, según aseguró, se acercaron a ella a raíz de la publicación. «Hasta ahora desgraciadamente estos subsidios han beneficiado a grandes, y es bastante tardío que recién ahora empecemos a decir ‘bueno, sí, ahora vamos a beneficiar a los pequeños y a los medianos’», afirmó y agregó que la normativa debe estar «acorde con los tiempos», teniendo en cuenta «las consideraciones ambientales, que son indispensables».
Beneficio para los grandes agricultores
Una de las principales críticas a la Ley de Riego es que en 36 años de vigencia ha beneficiado a grandes agricultores más fácilmente que a los pequeños. Y aunque el objetivo es subsanar la focalización en esta prórroga, el articulado todavía deja un vacío.
“Se bonificará a quienes postulen con cierta cantidad de hectáreas, pero la redacción permite que grandes agricultores con muchas hectáreas postulen algunas de ellas también al subsidio. No limita la cantidad de hectáreas de las que se es propietario”, explicó Verónica Delgado, abogada experta en derecho ambiental y de agua, en declaraciones a El Desconcierto.
A su juicio, más que una Ley de Riego debería estarse discutiendo una ley de seguridad hídrica que integre la visión de usos de suelo y que esté a la altura de la crisis hídrica y climática que atraviesa el país.
La doctora en ecología, Fernanda Salinas, coincide con este planteamiento y señaló que, con la Ley de Riego, “el Estado ha sido promotor de la deforestación de ecosistemas naturales para transformarlos en suelos de monocultivo de frutales. Lo vemos con los planes de manejo de Conaf declarados ilegales, y vemos que esos mismos territorios fueron bonificados con esta ley. Lo que debería hacerse es una investigación profunda que identifiquen a los actores públicos y privados responsables de este daño ambiental”, dijo.
Subsidios estatales para favorecer a la elite
El pasado 10 de agosto El Ciudadano publicó un reportaje que revela que grandes empresas agroexportadoras han recibido más que millonarios subsidios estatales para riego en el marco de su expansión industrial, con una política de gestión hídrica que ha recibido diversas denuncias por su ineficacia, acaparamiento y afectaciones socio ambientales, en desmedro de sectores campesinos.
Este medio, recordaba que ChileVisión había informado que durante la pandemia, el Estado ha traspasado más de $20 mil millones de fondos públicos a grandes y medianos empresarios agrícolas que obtienen subsidios para proyectos de riego. La Viña Concha y Toro, por ejemplo, ha recibido en los últimos 10 años cerca de $1.000 millones, encabezando el grupo de grandes compañías que reciben más financiamiento del Estado por este concepto. Le sigue Sociedad Agrícola Ancla Ltda., con más de 677 millones y luego, Sociedad Agrícola, ganadera y forestal “Mataquito” con más de 669 millones.
Desde el punto de vista de las distribuciones, las grandes empresas han obtenido cerca de 68.453 millones, siendo casi el doble de los subsidios de pequeños empresarios que han recibido 34.797 millones. Sin embargo, en comparación con pequeños agricultores de Indap la diferencia es casi cuatro veces, ya que la cifra que ha recibido este sector es de 15.942 millones. Hay que señalar que los montos están relacionados a la cantidad de suelo que se regará y a los aportes que la propia empresa haga a su proyecto.
De hecho, el senador independiente por el Maule, Juan Castro Prieto, ofició a la Comisión Nacional de Riego (CNR), por las millonarias sumas de dinero a medianas y grandes empresas vinculadas al sector agrícola.
El documento enviado por el parlamentario solicita información sobre los beneficiarios de la Ley de Riego Nº 18.450, exigiendo un listado de todas las empresas a las que se les otorgó subsidios por proyectos de riego y drenaje entre el 2018 y el 2021.
“Le pedí vía oficio a las personas de la CNR que nos informen sobre todos los beneficiarios que ha tenido la Ley de Riego, porque duele mucho saber que grandes corporaciones y empresas agrícolas han recibido gran cantidad de dinero por medio de beneficios producto de esta ley”, explicó Castro.
Tala de bosque
Otro elemento polémico, se agrega la relación de empresas con subsidios y que a su vez han generado amplias talas de bosque nativo. Según datos oficiales proporcionados vía Transparencia por la CONAF y la CNR el 2020, de las 20 empresas que más han talado bosque nativo entre 2008 y 2020, doce han recibido cuantiosos subsidios de la Comisión Nacional de Riego.
Para Christian Paredes, abogado de la Fundación Terram, “tanto la tala de bosque nativo a través de planes de manejo aprobados por CONAF, como los subsidios a las obras de riego entregados por la CNR, son engranajes de un diseño jurídico-institucional, en torno al Ministerio de Agricultura, gestado durante la primera mitad de la dictadura y caracterizado por la promoción irrestricta del crecimiento del sector silvoagropecuario orientado a la exportación, a costa de una serie de impactos ambientales y sociales”.
Fundación Terram señala que en la larga lista de beneficiarios de los subsidios de riego también hay familiares de los integrantes de la Comisión Investigadora de los actos de CONAF. A modo de ejemplo: Rodrigo Barros Montero, hermano del diputado Ramón Barros (UDI), ha recibido siete subsidios de la CNR por un total de $394 millones a través de Agrícola Caltex Ltda., Agrícola Purissima Ltda. y Agrícola 2R Responsabilidad Limitada. Por su parte, Fernando Urrutia Bonilla, hermano del diputado Ignacio Urrutia (Partido Republicano, ex UDI), ha recibido 12 subsidios de la CNR por un total de $310 millones, a través de Agrícola Santa Ximena S.A., Agrícola Cuñao Ltda., Agrícola Palomar Ltda., Agrícola Palomar S.A. –en cuya propiedad participa el propio diputado- y Agrícola Mira Ríos S.A.
Terram según publicación de Maximiliano Bazán, indica: “Todas las bonificaciones estatales recibidas por las empresas de los hermanos de los diputados se ejecutaron dentro del período en que estos ya ejercían la labor parlamentaria, que en ambos casos se arrastra desde 2002, siendo reelectos de manera ininterrumpida hasta hoy en las regiones de mayor superficie agrícola del país: O´Higgins, en el caso de Barros, y Maule, en el de Urrutia”.
Exportación de agua a través de las frutas
Fernanda Miranda, geógrafa de la Fundación Terram advirtió que la prórroga a la vigencia de la Ley N° 18.450, contribuye a seguir perpetuando un modelo de desarrollo agrícola que tiene sus orígenes en la exportación de agua a través de frutas y otros productos, y que compromete la seguridad alimentaria del país.
En una columna publicada por El Mostrador, recordó que según datos de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa), el país exportó durante 2020 más de 3 millones de toneladas de fruta por US $ 6.815 millones; mientras que en lo que va de este año, Chile registra un total de exportaciones de 2 millones de toneladas de frutas por más de US $ 4.000 millones, con un incremento importante de las exportaciones hacia Corea del Sur, China e India, países en los cuales el incremento de las clases medias va a seguir demandando cantidades crecientes de estos alimentos.
«Al 2021 la superficie total plantada con frutales en nuestro país es de 344 mil hectáreas, con un crecimiento de 285% desde 1980. Así, Chile produce casi tres veces la cantidad de frutas y verduras requeridas para el abastecimiento de los habitantes del país. Producción que, por lo demás, se desarrolla en las cuencas más afectadas por la sequía durante la última década», planteó.
Miranda rechazó que el proyecto presentado pro el gobierno de Sebastián Piñera pretenda extender por 12 años los subsidios a las obras de riego, que en su mayoría sirven para abastecer de agua a grandes productores de fruta, perpetuando además una legislación creada hace 40 años sin reparar sobre el nuevo escenario climático e hídrico.
Asimismo, condenó con la Ley N° 18.450 se continuará fortaleciendo el modelo agroexportador, que sigue extendiéndose al sur del país.
«Evidentemente, el Estado no es capaz de asegurar que, ante eventos climáticos extremos como los que estamos presenciando en distintas partes del mundo, seguiremos siendo abastecidos por importaciones de cereales y leguminosas. Con el envío de esta renovación a las bonificaciones contempladas en la Ley N° 18.450, el Gobierno pretende seguir tomando decisiones con los parámetros de hace más de 30 años, poniendo en riesgo la seguridad alimentaria del país», subrayó la geógrafa.
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