La industria minera es uno de los principales motores de la economía en Chile, por lo que es obligación del Gobierno implementar políticas y regulaciones orientadas a incentivar este sector.
Bajo este argumento, Sebastián Piñera promueve la denominada “Política Nacional Minera 2050” (PNM 2050), un plan que en teoría debería contribuir a posicionar a esta actividad como un motor de recuperación del crecimiento económico y generación del empleo para el país, pero que en realidad es un vehículo para proteger las inversiones de las grandes corporaciones.
El pasado 21 de julio el Diario Oficial informó sobre el inicio del procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) de la PNM 2050. Sin embargo, poco se conoce sobre el contenido de este programa y mucho menos sobre su trasfondo económico, social y ambiental.
Según la resolución exenta Nº 2167 del Ministerio de Minería, se prevé que la política nacional de este sector cuente con la participación de los actores públicos y privados, así como del mundo académico y la sociedad civil.
Su supuesto objetivo general es promover la sostenibilidad de la actividad minera para contribuir al desarrollo sostenible de Chile, integrando las dimensiones económica, social y ambiental para optimizar la creación de “valor para todos”.
Para alcanzar dicha “sostenibilidad”, el documento plantea que la actividad minería debe contar con una gobernanza efectiva, que dé lugar a solidas instituciones, oportunidades de diálogo y colaboración.
Asimismo, debe ser competitiva, innovadora, segura e inclusiva socialmente y estar a la vanguardia de la gestión ambiental.
Otro de los supuestos propósitos es lograr que el sector minero gestione los recursos hídricos disponibles en todos sus estados, de una manera” racional, eficiente y que minimice los efectos ambientales».
Según la resolución exenta Nº 2167, la PNM 2050 busca orientar el desarrollo del sector desde una visión compartida de corto, mediano y largo plazo, que permita aprovechar la riqueza geológica del país para impulsar su crecimiento.
Asimismo, establece que este programa deberá incluir los principales lineamientos, objetivos estratégicos y las acciones específicas que de ellos se desprenden, así como sus responsables, participantes claves e indicadores de éxito.
De acuerdo con el texto, se espera que la política minera se convierta en un marco de referencia que facilite la colaboración entre los diversos sectores, “tanto entre los sectores económicos que componen la cadena de valor de la minería, como entre éstos y el Estado, el mundo laboral, los sistemas de innovación, investigación, la sociedad civil y las comunidades”.
Evaluación ambiental de la política minera
Durante el proceso de Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), que se considera primordial para la legitimidad y continuidad del plan minero, se establecerán comisiones técnicas que abarcarán nueve ejes temáticos, engloban a su vez distintos objetivos generales.
Cada objetivo general también comprenderá objetivos específicos, los cuales se depurarán a lo largo del procedimiento de la EAE.
El primer eje comprende el “fortalecimiento de la institucionalidad y el marco jurídico del sector para un desarrollo sostenible”.
“La PNM 2050 establece un marco regulatorio e institucionalidad flexible, estable, no arbitraria ni discriminatoria”, indica la resolución exenta Nº 2167.
El segundo abarca el desarrollo territorial y participación ciudadana durante todo el ciclo de vida de un proyecto minero, para conocer sus intereses y puntos de vista, y además fomentar el monitoreo del impacto de las actividades.
El tercero busca generar relaciones laborales basadas en la integridad, así como negociaciones colectivas colaborativas. Además de potenciar la equidad de género y la diversidad del sector.
Según el documento oficial, la PNM 2050 prevé fomentar la diversidad y la equidad de género en sus operaciones, “generando oportunidades para todas las personas, liberándose de cualquier tipo de discriminación arbitraria”.
El cuarto eje se enfoca en la productividad de la minería, la competitividad de la industria y la adopción de nuevas tecnologías. Por lo que se requiere contar con un capital humano capacitado que pueda maximizar los beneficios del avance tecnológico.
El quinto se refiere a la promoción de condiciones idóneas para el desarrollo de tecnología compatible con el medio ambiente, así como de condiciones que permitan agregar valor a la actividad minera, generando mayor desarrollo socio económico y encadenamientos productivos a nivel local, regional y global.
El sexto propone lograr una tributación competitiva en el sector minero y una distribución equitativa de sus recaudaciones; apoyando a regiones y comunidades vulnerables.
El séptimo eje se relaciona con el desarrollo sostenible de la minería, desde una perspectiva multifacética, que incluya el cambio climático; recursos hídricos; pasivos ambientales; biodiversidad; gas de efecto invernadero, entre otros.
Según la resolución, se deberán promover o medidas para disminuir y compensar eficiente y efectivamente los impactos del sector, generando una “actividad inspirada en la economía circular eficiente, compatible con el medioambiente y las consecuencias del cambio climático”.
El eje número ocho evaluará las condiciones idóneas para fomentar el desarrollo de una “pequeña y mediana minería competitiva”, mediante la generación de oportunidades
Mientras que el nueve se centrará en el trabajo integral con los “pueblos indígenas aledaños a operaciones y/o proyectos mineros”, para comprender sus necesidades y visiones y generar acuerdos.
En declaraciones reseñadas por el portal de la Fundación Terram, el subsecretario de Minería, Ricardo Irarrázabal aseguró que “la EAE como instrumento de gestión ambiental, permitirá orientar metodológicamente el proceso, evaluar las distintas opciones y directrices para formular indicadores de seguimiento a la política”.
Pasos para la aprobación
Luego de la apertura del procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica, se deberán seguir un conjunto de pasos que comprenden la difusión pública; una primera consulta; el diseño de la PNM 2050; así como una fase territorial, prevista para agosto próximo, con la participación de 1.000 personas de todo Chile, relacionadas con el sector minero.
En agosto también se llevará a cabo una fase virtual, que incluye encuestas y reuniones telemáticas.
Posteriormente, se procederá a la elaboración del Anteproyecto de la PNM 2050, en conjunto al Informe Ambiental, para pasar luego a una consulta pública, a una etapa de revisiones y finalmente a la firma de aprobación y lanzamiento por parte de la Presidencia.
Un negocio multimillonario
Según el subsecretario Ricardo Irarrázabal, el Ejecutivo busca asegurar que el diseño de la PNM 2050 considere adecuadamente los tres pilares de la sostenibilidad: ambiental, económico y social, de tal forma de hacer posible una industria minera cada vez más sostenible, “para que siga siendo la plataforma de desarrollo para Chile”.
En un artículo de opinión titulado: “Más y mejor minería: la sostenibilidad en las relaciones comunitarias”, publicado el pasado 17 de febrero en La Tercera, el funcionario reconoció que la actividad minera es un negocio que genera ganancias multimillonarias al sector privado.
Destacó que, según el último estudio del Programa Expande del año 2019, hay alrededor de “3.200 proveedores mineros con una facturación total de 17 mil millones de dólares al año aproximadamente”.
Asimismo, admitió que los “esfuerzos” desplegados por estas empresas no son suficientes para evitar conflictos socioambientales y “mejorar la percepción que tiene la ciudadanía respecto de este importante sector productivo”.
Según el subsecretario, al Ministerio de Minería le preocupan temas como consumo eficiente del agua y energía, la disminución de emisiones de gases de efecto invernadero y contaminantes locales y –sobre todo– a las relaciones con las comunidades que se encuentran en zonas cercanas a los proyectos.
Al respecto, aseguró que la PNM 2050, es una política de largo plazo que apunta a un desarrollo cada vez más sostenible de la industria, con una minería que se caracterice por “aprovechar y gestionar los recursos sin comprometerlos para las generaciones futuras y que genere un bienestar para todos los ciudadanos”.
Sin embargo, múltiples voces advierten sobre el verdadero trasfondo de este plan gubernamental.
Para Alonso Barros, abogado de comunidades afectadas por la minería, Sebastián Piñera no busca promover el desarrollo sustentable de la actividad minera, sino proteger los intereses del empresariado que se dedica a este sector.
“El objetivo del PNM 2050 es blindar a las mineras frente a la nueva Constitución, que podría tocar temas sensibles como el agua, el sistema impositivo, el royalty, así como el régimen de concesiones”, dijo
En declaraciones a El Ciudadano explicó que este plan minero es de «protección de inversiones» y representa el parche antes de la herida constitucional, pero también la base eventual de demandas contra el Estado de Chile ante CIADI, porque es un instrumento normativo regulador que genera expectativas y decisiones de inversión”.
Ganancias regaladas al sector privado
Frente a un inminente cambio de Constitución, a Sebastián Piñera le urge promulgar una política minera nacional que le permita adelantarse a posibles modificaciones institucionales y tributarias que puedan reducir parte de las ventajas y exorbitantes ganancias que disfrutan las grandes corporaciones.
Bajo el pretexto de “no ahuyentar las inversiones” el Estado chileno ha optado por no aumentar los royalties, privando a la nación de cuantiosos recursos que pueden ser invertidos en el desarrollo social.
El profesor titular y director de los programas de Magister y Doctorado del Departamento de Economía de la Universidad de Chile, Ramón E. López y el ingeniero civil y estudiante PhD en Economía de la Universidad de Chile, Gino Sturla Zerene, denunciaron que quienes diseñan las políticas públicas en el país han olvidado la sencilla “regla de Hartwick”, que establece que las rentas de los recursos naturales no renovables deben ser invertidas en otros activos productivos y/o sociales “para no condicionar la productividad futura de su economía”.
En el artículo de opinión “Recuperar para Chile las rentas de los recursos naturales: La olvidada regla de Hartwick”, publicado el pasado 14 de julio en Ciper Chile, los analistas plantean que el Gobierno “regala” a las mineras privadas la mayor parte de las rentas que genera el cobre.
López y Sturla ponen como ejemplo el caso boliviano para mostrar que la aplicación de royalties más altos no necesariamente espanta a los inversionistas del sector minero.
En el texto recordaron que en 2005, cuando Chile inició una nueva política para la administración de sus recursos naturales, se estableció un impuesto específico a la minería de un 5% sobre las utilidades.
Ese mismo año, Bolivia decidió aplicar un impuesto directo a los Hidrocarburos, de un 32% sobre el valor bruto de las exportaciones.
Al comparar los resultados obtenidos por ambos países observaron una notable diferencia.
Con base en datos de la Cepal y del Banco Mundial, los analistas señalaron que entre 2005-2017 la renta media anual de los recursos naturales en Chile llegó a un 15,7% del Producto Interno Bruto (PIB), “logrando el Estado captar de la minería, considerando regalías y las utilidades de Codelco, una modesta cuarta parte de esa renta, equivalente a un 3,7% del PIB”.
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