Alertan «caza de brujas» al interior de Sernageomin tras denuncias a la Contraloría

Preocupación existe en el servicio encabezado por el abogado PPD Rodrigo Álvarez Seguel tras la repentina disolución de dos departamentos encargados de fiscalizar proyectos de la gran minería.

En la edición Nº 191, El Ciudadano contó detalles de una reunión secreta que enajenó de la revisión del Plan de Cierre 2014 de Pelambres al ingeniero Héctor Tapia, de la Dirección Zonal de Minería Centro/Sur. Ello permitió cambiar ciertos compromisos que se habían tomado para mitigar el impacto de las faenas del Grupo Luksic una vez concluida la explotación del metal rojo desde el punto de vista ambiental.

En la cita con representantes de la minera, llevada a cabo el 11 de febrero de 2015 en las oficinas de la Dirección de Medio Ambiente de Sernageomin, sin Ley de Lobby, participó Ana Luisa Morales, encargada de Gestión Ambiental y Cierre de Faenas. La maniobra generó desconcierto porque la decisión no pasó por las manos de Gabriel Barraza, superior del ingeniero Tapia, quien había requerido a la empresa una aclaración del plan al observar que la misma entregó información incompleta.

Luego del reemplazo del funcionario, la propuesta final de Pelambres, hecha llegar tras una prórroga de 40 días, no apuntó al retiro completo de la faena, sino al abandono de elementos en el mismo lugar, explicando ambiguamente su promesa de reforestación del área.

En forma exclusiva, este medio obtuvo copia de un correo electrónico enviado por Ana Luisa Morales, del Departamento de Gestión Ambiental, un día antes del encuentro ya señalado, a distintos funcionarios de Sernageomin, donde reconoce: «La Faena de Pelambres, la abordaré a nivel central, esto por el problema que tengo con el Botadero Cerro Amarillo, que se encuentra actualmente en Argentina».

Fuentes del organismo que asesora al Ministerio de Minería observan con suspicacia el argumento de Morales para la inusual determinación que la llevó a tomar control del caso: públicamente, el «problema» que enfrentaba en esa fecha se conectaba con la distribución de un informe encargado por Luksic a SGS, cuyos resultados – que descartaban contaminación del vertedero de Pelambres en el lado argentino, al cual se amplió indebidamente – fueron plasmados en una presentación oficial de Sernageomin, como propios del servicio.

El 24 de julio de 2015, Morales fue citada a declarar en el sumario que Minería abrió con motivo de la carta de «buena fe» extendida a Pelambres por el jefe de gabinete de la radical ministra Aurora Williams, Adolfo Galindo, usada ante la justicia argentina por el abogado externo de la explotadora de cobre, Andrés Jana, con una copia del examen de SGS timbrado por la cartera.

Morales confirmó ahí su contacto con Gustavo Possel, vicepresidente de Medioambiente de Antofagasta Minerals, holding de Pelambres, para solicitar un instructivo que le permitiera entender los datos del documento de SGS, reproducidos más tarde en las bulladas diapositivas oficiales.

Esta y otras irregularidades, conectadas incluso con la revisión de los proyectos de Angloamerican, motivaron sendas denuncias a la Contraloría General de la República, según indican fuentes que conocen la compleja situación interna que viven algunos funcionarios de Sernageomin, no conformes con la dirección que está tomando la dependencia de Álvarez y que arriesgan, en este momento, su fuente laboral.

Con todo lo anterior, causó profunda alarma la Resolución Exenta Nº 2004 del 23 de septiembre recién pasado que eliminó la existencia de las zonales de Minería Norte y Centro/Sur, bajando su categoría a la de una «Unidad de Evaluación de Grandes Proyectos», supeditada al Departamento de Seguridad Minera y Fiscalización.

La medida quitó el piso a un sector que ha rechazado – alegan – la permeabilidad de una labor estrictamente técnica a influencias externas, como se sospecha ocurrió en el caso del ingeniero Tapia en el Plan de Cierre de Pelambres, investigada ahora en Argentina por la contaminación de su botadero.