“Una vez más un violador a los DD.HH. se va impune de su castigo por crímenes aberrantes. A pesar que él estaba condenado por el crimen de un agente de la Dina como fue Eugenio Berríos, hubo muchos procesos que quedaron pendientes”, así lo expresó la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), Alicia Lira, después de confirmarse este miércoles la muerte del exfuncionario.
Entrevistada por radio UChile, Lira consideró que el fallecimiento de Fernando Torres Silva no repara los daños a las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos durante la dictadura cívico militar.
“La siniestra figura que fue Torres Silva, el regalón de Pinochet, jugó un rol en la detención de los prisioneros políticos de Carrizal Bajo que fueron torturados y perseguidos y sus familiares amenazados de muerte, y eso dejó secuelas en ellos por la forma criminal con que se actuó y la impunidad total de eso en la dictadura”, puntualizó.
Recordó que después que haya seguido siendo fiscal en la Corte Suprema «es uno de los horrores que tuvimos que soportar los familiares de las víctimas, aquellos que hemos luchado en búsqueda de la verdad y la justicia”.
Asimismo, cuestionó que el exfuncionario haya tenido beneficios carcelarios después de hacerle tanto daño a la población.
“Que un criminal de lesa humanidad haya tenido beneficios carcelarios y que luego además se le indulte por parte del Ministro de Justicia y los DD.HH. -que fue parte y cómplice de la dictadura- es algo aberrante. La muerte de este criminal para nosotros es menor, porque si estaba enfermo, de todas formas iba a morir, lo que nos duele profundamente es que se haya ido con mucha información de causas que están abiertas”, aseveró.
Criticó, además, que por parte del Estado no hay una verdad total y justicia plena para los afectados de la dictadura.
«Torres Silva es una muestra más de la impunidad existente y los riesgos que corremos porque este precedente del cambio en la forma de cumplimiento que hizo el juez Madrid puede servir para que otros ministros en causas de DD.HH hagan algo similar y eso es algo que venimos soportando por muchos años. No hay justicia plena, no hay verdad total, solo hay justicia en la medida de lo posible porque cuando ha habido condenas, se entrega beneficios a los criminales. Eso habla mal de una democracia, de un Estado que no ha hecho reparación total a los familiares y víctimas” añadió.
También se refirió cuando en marzo la AFEP denunció que el Tribunal Constitucional aplicó en un fallo el Decreto Ley 2191 conocido como de Auto amnistía en una causa de violación de los derechos humanos, contraviniendo el pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condenó al Estado de Chile por denegación de justicia y por mantener aún vigente dicha determinación.
“La situación que vivimos los familiares de víctimas de ejecutados políticos, detenidos desaparecidos y prisioneros políticos es que siempre estamos recibiendo golpes duros. Lo que merece cada víctima asesinada o hecha desaparecer o torturada es la verdad y la justicia y nosotros hemos hecho grandes esfuerzos con los abogados de DD.HH. para lograr condenas. Pero luego se les entregan beneficios carcelarios cuando esos beneficios son solo para los condenados por delitos comunes y no para quienes hayan cometido crímenes de lesa humanidad”.
Afirmó que la cárcel es la única opción para que cada criminal pague su condena.
“Si ellos están enfermos nosotros decimos que tengan tratamiento, todos los tratamientos porque ellos tienen buenos hospitales y médicos y la mejor cárcel para cumplir sus penas” concluyó.
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