Organizaciones sociales presentaron este viernes una querella ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago para exigir que se indague un eventual delito en el mecanismo que fijó pensiones superiores a cuatro millones de pesos para ex funcionarios de Gendarmería tanto en el caso de oficiales como en relación a la periodista Myriam Olate, esposa del diputado socialista y presidente de la Cámara Baja, Osvaldo Andrade.
La querella es patrocinada por el abogado Roberto Ávila, quien aludió, en conversación con El Ciudadano, a la «inexplicable pasividad procesal del Consejo de Defensa del Estado y del Ministerio Público, que por mandato constitucional tienen la obligación de velar por la legalidad y los intereses del Estado».
«Consideramos que hay indicios graves de que aquí se cometieron ilegalidades que están sancionadas por el derecho penal y que estamos en presencia de un fraude al Fisco. En efecto, doña Myriam Olate, por ejemplo, en el mes de agosto obtuvo una remuneración de $4.000.000 que al mes siguiente aumentó a $8.333.000. Era precisamente esa última remuneración sobre la que se debía calcular el monto de su pensión. Ese aumento súbito nos parece que refleja claramente un actuar doloso, una maquinación para defraudar al Fisco», señaló.
Esta semana, ante la publicación de un listado de ex oficiales con jubilaciones cercanas a los $6.000.000 por El Ciudadano y la revelación de Radio Biobío en torno al caso de Olate, la Dirección de Previsión de Carabineros (Dipreca) emitió un comunicado atribuyendo un grado de responsabilidad por el cálculo de pensiones a «los antecedentes que remite el Departamento de Recursos Humanos» de la institución penitenciaria.
De esta forma, Dipreca señaló no tener injerencia en los beneficios que otorga con potestad exclusiva la Dirección Nacional: bonos y asignaciones improcedentes, como expuso ante la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados el contralor general Jorge Bermúdez al fundamentar la devolución de una serie de resoluciones que objetaron el pago de un millonario monto de retiro a funcionarios del servicio, como el actual asesor de la ministra de Justicia Javiera Blanco, Patricio Campos.
Recordemos en mayo, el director nacional Tulio Arce pidió la renuncia del subdirector operativo Freddy Larenas, en forma seguida a que éste enviara un documento al jefe máximo de la institución pidiendo aclarar la abultada concesión de jubilaciones, como también la entrega de una «asignación crítica» al entonces encargado del gabinete de esa administración, Patricio Torres, que elevó a casi 10 millones brutos su sueldo en el mes de marzo.
De acuerdo a números revisados por El Ciudadano, solamente en el listado de oficiales pensionados desde el 2010 en adelante se calcula un desfalco monumental: $5.400 millones pagados en exceso. Contraloría ya inició un proceso interno para determinar si existieron irregularidades al tomar razón de pagos elevados que excedían el tope legal de 60 UF.
En este sentido, el abogado Ávila confirmó que la querella busca esclarecer cómo obtuvieron sus pensiones todos los funcionarios que han sido vinculados al escándalo. «Pensamos que es bueno que se aclare, incluso por el honor de estas personas que aparecen en la prensa y que mientras no haya resolución judicial, aparecen como culpables», precisó.
«El Estado de Chile ha reconocido incluso con informes emanados de la propia Corte Suprema que las personas que se encuentran privadas de libertad en este país viven en situación de hacinamiento, con raciones de comida de hambre y vulneración de sus derechos, todo esto por falta de recursos económicos. Ahora sabemos dónde van parte de los recursos que faltaban», agregó.
De ser acogida a trámite por el tribunal, la investigación quedaría en manos de la Fiscalía Centro Norte. Según publicó El Mercurio, el Ministerio Público ya analizaba la factibilidad de iniciar un proceso de oficio, mientras que el CDE estaba en la etapa de revisar los antecedentes para querellarse por fraude al Fisco.
«Como fiscalía nos parecen hechos que deben ser analizados. No solo por el impacto público que esto ha generado, sino que además alteran un sistema previsional que está destinado a dar cierta igualdad a personas que ocupan un cargo similar», declaró el fiscal nacional Jorge Abbot al matutino de Edwards.
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