Una misión de observación dirigida por la directora Consuelo Contreras y por el consejero José Aylwin, y que contó con la participación de un equipo interdisciplinario de profesionales del INDH, fue llevada a cabo a principios de abril, despachándose hoy el informe final que da cuenta de que las comunidades mapuche-pehuenche del Alto Bio Bío fueron desplazadas de sus territorios por la instalación de proyectos hidroeléctricos, y que se ha visto vulnerado -por ejemplo- su acceso al agua potable.
La misión de observación desde la que se emana el informe fue implementada en terreno -entre los días 2 y 5 de abril- por un equipo de once personas.
En términos generales se pudo constatar que el Estado es percibido por las comunidades y sus autoridades como que actuó favor de la empresa que intervino el territorio para la construcción de las represas, sin desempeñar un rol de garante del bien público. En otras palabras, reforzó la experiencia histórica del pueblo mapuche pehuenche, de que el Estado impone su soberanía, sin respetar los derechos de las y los habitantes manteniéndolos excluidos social y políticamente.
Señala el informe que las comunidades del Alto Bío Bío creen que se les impuso una forma de desarrollo incompatible con su cosmovisión y cultura, y que no han tenido una participación efectiva en la toma de decisiones sobre los asuntos que les conciernen. Actualmente la relación entre el Estado y las comunidades está cargada de desconfianza, incredulidad e incertidumbre respecto de los planes y promesas que se le formulan.
Derechos económicos, sociales y culturales
La misión de observación del INDH tuvo entre sus objetivos el constatar el ejercicio de los derechos económicos sociales y culturales en la zona (DESC), que tienen que ver con cómo el Estado otorga condiciones de satisfacción a los habitantes de un determinado territorio, como son el derecho a la alimentación, a la vivienda, al trabajo, a la salud, a la educación, entre otros.
En concordancia con lo anterior se cotejó que muchas comunidades no cuentan con escuelas o colegios ubicados cerca de su territorio o no cuentan con el transporte apropiado para acceder a ellos. Es así como resulta preocupante el ausentismo escolar, y el bajo rendimiento de las y los estudiantes, lo que se verá reflejado en sus condiciones de vida.
El acceso y la calidad de la salud, con pertinencia lingüística y cultural, fueron problemáticas detectadas. Por ejemplo, la insuficiencia del sistema quedó en evidencia al observar la situación de las postas rurales. El personal estable es paramédico, no vive necesariamente en la localidad, por lo que el sistema de urgencia no opera fuera de las horas de trabajo; hay una demanda sistemática de la población por horas de especialistas que no se cubren con las rondas médicas.
En materia de vivienda se detectaron limitaciones al acceso a subsidios y casas acordes a las condiciones culturales y climáticas; hay problemas asociados al suministro eléctrico; el transporte público ha tenido carencias de calidad en el material y frecuencias; y los caminos y puentes aún no tienen la calidad que permita asegurar conectividad durante todo el año.
Una de las promesas con la instalación de la empresa en la zona fue que existirían mayores y mejores fuentes de trabajo y de prosperidad, cuestión que existió durante la construcción de las instalaciones, pero luego solo se ha podido optar a trabajos de subsistencia y de temporada, como lo comprueba la fuerte emigración de la zona.
El acceso a agua apta para el consumo no está plenamente asegurado para algunas familias y comunidades. La falta del recurso hídrico en la población de los valles del Queuco y el Biobío es vista por el alcalde y por los miembros de las comunidades como un problema de carácter mayor, ya que les produce un perjuicio material y espiritual al interrumpir la reproducción de sus modos ancestrales de vida.
Avances
No obstante los problemas observados, se pudo constatar que la comuna de Alto Biobío ha tenido un importante proceso de transformación producto de las inversiones públicas en infraestructura como el edificio municipal, colegios y el Liceo, y el nuevo CESFAM y postas rurales, como por la llegada de un mayor flujo de fondos estatales de diversos servicios, básicamente en forma de fondos concursables.
También la población está más integrada al mercado y a las ayudas estatales, con el consiguiente impacto en sus modos de vida y cultura tradicional.
Recomendaciones
Entre las recomendaciones que realiza el INDH a las autoridades del Estado están que los poderes colegisladores materialicen, al más breve plazo, el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, el Ministerio de Pueblos Indígenas y su Consejo.
Se emplaza en el informe al Ministerio de Educación para que implemente medidas especiales para superar los déficits de calidad, pertinencia y acceso a la educación en comunidades indígenas, sobre todo en la comuna del Alto Bío bio, con el fin de que en los próximos años se cuente con mejores indicadores.
También SE recomienda al Estado, en particular al Poder Ejecutivo -en el marco de la implementación del actual Plan de Acción Nacional de Empresas y Derechos Humanos, que debe elaborarse el 2020- se generen mecanismos efectivos y participativos que recojan efectivamente las visiones de las comunidades.
En otro punto solicita al poder ejecutivo instruya al gobierno regional, para que, sin más demora, se implemente un plan específico que aborde las actuales condiciones de las comunidades relocalizadas, y que este sea de carácter participativo, a modo de integrarlas en los planes de desarrollo, para que puedan superar las condiciones de exclusión y vulnerabilidad en las que viven.
En el documento, se insiste a los órganos colegisladores en la necesidad de adecuar, en un plazo razonable, la legislación sectorial (Código de Aguas, de energía, y forestal) y la legislación medioambiental, a los estándares internacionales de derechos humanos, en la perspectiva de dar efectividad a los derechos colectivos sobre las tierras y recursos naturales.
Por último, exhorta a los órganos colegisladores a que, con la urgencia del caso, se establezcan mecanismos adecuados para la determinación, protección y restitución de territorios a los pueblos indígenas, incluyendo los derechos de aprovechamiento de agua, para hacer efectivo el uso ancestral que los pueblos hacen de este recurso natural, según su cosmovisión.
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