Alumnos de la Unab acusan irregularidades y prejuicios en el proceso de su expulsión

El 18 de octubre de 2019 fue una fecha clave para toda la sociedad chilena. El pueblo alzó la voz en las calles del país, tras años de injusticia y violaciones a los Derechos Humanos (DD.HH). El estallido social, iniciado por los estudiantes secundarios, también repercutió en los alumnos de educación superior, incluso en los de las universidades privadas.

Este fue el caso de los alumnos de la Universidad Andrés Bello (Unab). La casa de estudios, debido a las movilizaciones, permaneció cerrada desde el 18 de octubre hasta el 4 de noviembre. Ese mismo lunes retomaron las clases “con normalidad”, nos comenta Patricio Hernández, alumno de Sociología de la Unab, sede Campus República. “Todavía no superábamos a los cien mutilados y nos pedían volver”, recalcó Patricio, aclarando que los profesores fueron los más conscientes de la universidad, quienes nunca quisieron volver a la normalidad, como señala Hernández. Además, comenta que uno de los docentes los llamó a “actuar como sociólogos ciudadanos”, por lo que comenzaron el paro de clases para reflexionar sobre las condiciones en las que se encontraba el país, el abuso de poder y las violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos.

Luego, la segunda semana de “clases” en el mes de noviembre, comenzó todo. El día 11, sin organización previa, los alumnos de la Unab generaron la primera toma auto convocada en el edificio de Finanzas. Según cuenta Hernández, varios compañeros del Campus Creativo ayudaron en la ocupación del espacio, no entrando al establecimiento, pero sí manifestando la idea de tomar la universidad.

Varios alumnos cubrieron sus rostros por miedo a represalias por parte de la Unab e ingresaron al edificio. Cuando entraron a las instalaciones, lo realizaron de forma pacífica y sin violencia, como señaló uno de los guardias, perteneciente a la compañía Support Service. Uno de los encargados de seguridad, que prefirió que no sea revelada su identidad para proteger su fuente laboral, comentó que los alumnos sostienen una buena relación con los guardias de la Unab, y que en ningún momento les faltaron el respeto o intentaron ocupar la violencia como arma para continuar con la toma.

Por el contrario, 30 minutos después del ingreso de los estudiantes al inmueble, Carabineros de Chile llegó con un amplio contingente policial, quedando en evidencia cuáles eran las prioridades de las autoridades públicas en ese momento: resguardar la infraestructura y bienes de las organizaciones privadas.

Tras la llegada de Carabineros al frontis del edificio ubicado en calle República, los encargados de resguardar el orden público “patearon una puerta y nos lanzaron una bomba lacrimógena al interior del recinto”, señaló Patricio. Después de arrojar el gas tóxico, un carabinero les advirtió que existían dos opciones para el desalojo de la universidad. La primera, era que salieran por sus medios e informó que si encontraban algún tipo de destrucción en la facultad, todos los participantes quedarían detenidos. Mientras que la segunda opción era desalojarlos “por las malas”, la fuerza policial entraba y arrestaba a todos los estudiantes, declaró Patricio.

Por lo tanto, un grupo de alumnos -incluido Patricio Hernández- salió de la universidad para entablar conversación con los rectores del campus y los encargados de seguridad del recinto. Hernández, junto a una compañera, entregaron sus cédulas de identidad requeridos por carabineros y llegaron a un acuerdo con los rectores. El campus ubicado en la esquina de calle República con Sazié iba a estar abierto en algunos sectores como la biblioteca y el casino, para que los estudiantes pudieran tener una jornada reflexiva el miércoles 13 de noviembre.

EL DÍA DE LA TOMA

Llegó el día miércoles 13 y la Unab no abrió sus puertas. El “trato” entre estudiantes y rectores no fue cumplido. Varios alumnos debían reintegrarse a las aulas alrededor de las 10:00 horas, pero descubrieron que la universidad había suspendido las clases sin previo aviso. Pasadas las 14:00 horas, fueron notificados de que la sede suspendía sus clases. En consecuencia, los estudiantes que se encontraban a las afueras del edificio realizaron una auto convocación en la cual todos votaron por ocupar la universidad, “todos nos juntamos en la Plaza Manuel Rodríguez y se votó toma”, afirmó Patricio.

Al momento de la toma, no se encontraba ninguna autoridad ni académico dentro de la universidad; los alumnos rompieron la reja del establecimiento y entraron de forma pacífica, sin embargo, no contaban con que al interior de la sede se encontraba el jefe de seguridad de la Unab, Francisco Salazar, y el supervisor de las instalaciones Support Services, René Rojas Bascuñán. Al ingresar los alumnos al establecimiento, conversaron con los demás guardias que se encontraban allí, y estos les manifestaron que “no tenían cara” para abstenerse a la toma del establecimiento y que ejecutarían el protocolo de la universidad (revisar las instalaciones de destrozos, llevarse el libro y las llaves) y se retiraron sin violencia por parte de los estudiantes. De esta manera en la sede los universitarios procedieron a tapar las cámaras de seguridad que se encontraban al interior, crearon comisiones internas de cada carrera, además de la comisión cocina y comisión cultura, donde realizaron varios eventos dentro de la institución académica.

Por otra parte, directivos de la casa de estudio generaron un comunicado a través de distintos medios, informando que a causa de disturbios se encontraban suspendidas las clases. Sin embargo, los alumnos publicaron imágenes que contrarrestaban la versión oficial de la universidad, evidenciando que ésta era falsa. “Quisieron generar una división entre los compañeros de la Unab por los comunicados que subía la U”, aclaró Patricio Hernández.

PETITORIO DE LOS ALUMNOS

En la toma de auto convocados, cada carrera realizó petitorios debido a las irregularidades que la Unab mantenía con sus estudiantes a principios de año. En el caso de Administración en Ecoturismo, uno de los alumnos, quien quiso resguardar su identidad y que llamaremos “Carlos”, denuncia que la Unab subcontrata a las empresas de los mismos docentes para llevarlos a terreno, por lo tanto, los jóvenes deben cancelar una suma aproximada de $150.000 al término de la jornada, aunque esto no les garantiza que puedan hacer uso de los certificados obtenidos en el ámbito laboral, de modo que el logo de la certificación es de la empresa y no de la universidad. “La universidad no se hace cargo del pago de estos cursos, por lo que nosotros debemos comprarlos, aparte de pagar la mensualidad todos los meses, pero esto tampoco nos asegura el uso que les podamos dar al salir de la “U”, de modo que sólo aparece el logo de la empresa y no de la Unab”, explica «Carlos».

No obstante, los estudiantes de Licenciatura en Historia mantienen un problema similar. Nicolás Mayorga, ex alumno de la Unab, denuncia que antiguamente la carrera se encontraba en el Campus Casona donde tenían una biblioteca especialmente para ellos, pero hace un par de años los transfirieron al Campus República, en el cual han tenido que compartir un ejemplar entre 70 alumnos. “Tenemos que compartir un libro entre varios compañeros porque no alcanzan para todos” señaló Mayorga. Han conversado con las autoridades de la Facultad para pedir el traslado de la biblioteca a la sede actual, pero la respuesta fue un no rotundo, por no existir espacio en el establecimiento. Sin embargo, Nicolás aclara que “existen todas las condiciones para que la estantería sea trasladada, porque hay bastante espacio, ya que no contamos con todo el material de estudio”.

El caso de los alumnos de Geología no se aleja mucho de la situación que comparten los demás compañeros. El alumno “N”, quien prefiere mantener su anonimato por posibles represalias contra su persona, denuncia que la universidad no tiene equipo propio para las excursiones con fines académicos ni salidas a terreno a las que los alumnos deben asistir durante el año. Por esta razón, cada estudiante debe invertir una gran suma de dinero para poder comprar las herramientas requeridas por la universidad. “Tenemos que gastar mucha plata para poder comprar nuestro equipo de trabajo, además de pagar una carrera que al mes cuesta casi $500.000”, concluye “N”.

Esta situación pasa en distintas carreras y la Universidad Andrés Bello no se hace cargo en absoluto de estas problemáticas, señalan los alumnos, donde miles de estudiantes deben pagar al año carreras que sobrepasan los dos millones de pesos y también comprar sus equipos, porque la universidad no cuenta con esos recursos.

ACOSO, SEGUIMIENTO Y PERSECUCIÓN

Mientras la Unab permanecía en toma, los alumnos que participaron de está pudieron identificar un automóvil de color blanco y sin patente que rondaba las inmediaciones de la universidad. Lo que en un principio solamente pareció sospechoso a los ojos de los estudiantes, luego se transformó en acoso.

Desde el auto mencionado, personas no identificadas, pero claramente relacionadas a la universidad, tomaban fotografías a los jóvenes que acudieron a la movilización y que se encontraban al interior del establecimiento universitario. Para algunos alumnos, lo ocupantes del vehículo fueron los mismos que días después realizaron, en su calidad de “guardias”, el desalojo de los estudiantes de la sede de República.

Nicolás Mayorga, en ese entonces estudiante de la carrera de Licenciatura en Historia, cuenta que ese mismo automóvil blanco que fue visto merodear por el barrio República, lo siguió hasta el paradero de Red ubicado en la calle Blanco Encalada. El ex alumno Unab, se retiró de la universidad para dirigirse a su hogar en una comuna del sector sur de la capital. Según relata, pudo ver que lo seguían desde el momento en que abandonó el establecimiento educacional. Desde la Unab hasta el paradero de autobuses, Mayorga fue desviándose por varias calles para poder confirmar su sospecha. Comenta que el auto lo siguió “descaradamente” a pocos metros de distancia y que no “atinó” a sacar fotografías de sus persecutores, porque no es una situación a la que esté acostumbrado.

De la misma forma, nos comenta que una compañera de él fue seguida hasta el edificio donde vive. Señala que ella vive a pocas cuadras de la Campus República y que el automóvil la siguió desde la universidad hasta su casa. Además, indica que no fueron los únicos alumnos amedrentados por esta situación.

DESALOJO DE ESTUDIANTES

El 14 de diciembre fue la fecha límite para la toma. No hubo conversaciones previas, pero sí llegaron “guardias de seguridad” que los alumnos jamás habían visto en la sede. Según la abogada de DD.HH, Johana Montivero, que se encuentra en contacto con los estudiantes de la Unab, pudieron reconocer a uno de ellos y señalaron que era un escolta de la discoteque “Oxford” de barrio Bellavista. No solamente lo reconocieron a él; también pudieron ver que los agentes llevaban las típicas poleras negras con logos que dicen “Staff”, ocupadas por seguridad de centros nocturnos.

La maniobra utilizada por la universidad, fue catalogada por los alumnos y la abogada como de “matonaje”. Fue contratado personal no apto para el trato con alumnos universitarios. Según un trabajador de Support Service, “esos agentes son los que van al choque”, «muy distinta es la labor que nosotros cumplimos en la Unab», nos cuenta.

Los jóvenes en ningún momento se percataron de la llegada de este «Staff» al establecimiento, sino que los despertaron dando puntapiés y pasando las varas retráctiles que llevaban en sus manos, por las barandas de las escaleras de las instalaciones, situación hostil, que despertó a los alumnos de inmediato. Los guardias armados, que comenzaron a echar a los estudiantes del recinto, no solo presentaban un actitud prepotente, también los amenazaron sin nunca revelar sus verdaderas identidades.

En el caso de Nicolás Mayorga y Jorge Rivas, ambos estudiantes de Historia que se encontraban en la toma ese último día, vivieron un episodio de discriminación, homofobia y amedrentamiento. Uno de estos personajes, señalado como agente de discoteque, los amenazó diciendo “si no existiera la Ley Zamudio, te agarro a golpes aquí mismo”.  Esta intimidación fue dirigida a los dos alumnos por separado, mientras el mismo hombre de seguridad minutos después reía con sus compañeros con “chistes” alusivos al consumo de cocaína, comenta el alumnado.

De forma inaceptable, los estudiantes fueron desalojados de forma similar a la que fueron sacados los alumnos de la Sede de Bellavista, como relatan los jóvenes que accedieron a hablar con El Ciudadano.

Por otra parte, Jorge Rivas acusa a la universidad de discriminación y de conducir un sumario en su contra por el simple hecho de haber desarrollado un espectáculo “Drag Queen”. «La Unab me está acusando de ser uno de los organizadores de la toma, pero sé que el motivo principal es por mi homosexualidad y por realizar este evento de transformismo en las inmediaciones de la «U», señala Rivas. Sin embargo, no se quedó de brazos cruzados y se acercó al Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) donde le entregaron su apoyo incondicional en este proceso.

EXPULSADOS POR PARTICIPAR EN LA TOMA

El 22 de noviembre, Patricio Hernández recibió un correo de la abogada Bárbara Alegría, notificando la denuncia N°90.413/2019 en su contra de acuerdo al artículo 17 de la normativa del Reglamento de Conducta para la Convivencia de la Comunidad, y que a raíz de eso, se iniciaría una investigación sumaria por la denuncia interpuesta por el jefe de seguridad de la Unab, Francisco Salazar, y por el supervisor de las instalaciones René Rojas, ambos funcionarios de la empresa Support Service, quienes supuestamente habrían sido violentados por encapuchados al interior de la toma. Sin embargo, uno de los guardias que trabaja en la casa de estudio hace varios años, que además pidió resguardar su identidad, confesó que Salazar miente con esta denuncia porque el día de la toma los estudiantes habían ingresado pacíficamente a las instalaciones del Campus República y que el desalojo de los guardias fue voluntariamente y con los protocolos establecidos.

El mismo día que fue notificado Hernández, a 16 de sus compañeros también les llegó el mismo correo con la denuncia y fueron citados para entregar su declaración el 29 de noviembre. Patricio aclaró que “dentro de los primeros sumariados nos encontrábamos muchas caras representativas, entre ellos dos voceros de la toma de República y dos personas que habían dejado de ir a principios de semestre”, afirmó.

Directivos de la Unab realizaron el sumario con alumnos que ya no se encontraban estudiando en el establecimiento, por lo que da a pensar que fueron elegidos al azar para ser expulsados, señalan los universitarios. De esta manera, efectuaron una persecución a los estudiantes que en algún momento reclamaron por alguna situación incómoda dentro de la sede.

El día 29 de noviembre, Patricio fue citado en la Secretaría General ubicada en la Sede Casona de Las Condes, donde le informaron la razón de su expulsión, por ser participante activo de la toma y con esto quedaba expulsado. Ese día un juez le tomó la declaración de los hechos donde expuso que nunca fue participante activo, sino que asistente de la toma y que su concurrencia se debía a que realizaría su tesis bajo al contexto del estallido social. Sin embargo, los directivos tenían pruebas para culparlo y de contribuir en el momento que los guardias fueron agredidos. Las autoridades de la Unab realizaron un sumario a distintos estudiantes, criminalizando su derecho a ser escuchados y no tomando en cuenta las demandas de años, por lo que el alumnado decidió tomarse las distintas sedes de República, Bellavista y Creativo.

Patricio, a su vez, denuncia que al momento de realizar su declaración el día 29 en la Secretaría General se encontraba una jueza en papel de ministra de fe, como intermediaria en la sala junto a Bárbara Alegría, abogada defensora de la Unab, y que la magistrada habría faltado a su ética ayudando a la licenciada con las pruebas en contra de Hernández.

Las evidencias presentadas por la universidad fueron una serie de fotografías tomadas de un solo video, donde se ve a Hernández tapando su identidad y donde posteriormente aparece su rostro descubierto en la misma toma. Por otro lado, en el campus se encontraban cámaras ocultas en un televisor led ubicado en el patio, y que también sacaron imágenes de ésta. Para todos los estudiantes que fueron expulsados por la casa de estudio, se ocuparon las mismas evidencias donde los inculparon como organizadores de la toma. Un estudiante, que prefiere resguardar su identidad, nos habló sobre un retrato que los directivos de la universidad están ocupando como evidencia para todas las personas sumariadas, donde se ve una multitud con sus caras cubiertas a las afueras del Campus República tratando de entrar, aunque en esta imagen no se pueden reconocer rostros.

Por consiguiente, a las evidencias interpuestas por los rectores, la jueza Viviana Readi, quien trabaja directamente para la Universidad Andrés Bello, introdujo una última evidencia, donde se ven los jóvenes entrando al establecimiento donde supuestamente habrían agredido a personal de seguridad, pero claramente en el video no se ve nada de lo dicho por la magistrada.

Patricio, sin asesoría legal y por sus propios medios, apeló a los argumentos puestos por la casa de estudios, declarándose como asistente de la toma y no como participante activo, no obstante, en el artículo 15 del Reglamento del Estudiante dictamina que «él o la jueza bajo su conciencia determinará qué evidencia es fidedigna para acusar a los alumnos».

En relación al reglamento interno, la abogada Montivero, defensora del alumnado, señaló que carece de legitimidad, debido a que en ningún momento estas normas han sido consultadas con la comunidad universitaria. Asimismo, comenta que el actuar de la jueza Viviana Readi fue muy pobre, en cuanto a la investigación, la demostración de pruebas y el plazo para la apelación de los alumnos. Por otra parte, indicó que la universidad tomó provecho de la falta de información por parte de los alumnos, por ejemplo, en el caso de llevar testigos o sus propias pruebas para su defensa.

SENTENCIA Y RESPUESTA DE LA UNAB

La universidad Andrés Bello, con fecha 23 de enero, envió en formato PDF al correo de Patricio Hernández, la sentencia final, donde le informa de su expulsión definitiva del establecimiento.

Por otra parte, la universidad a través de un correo electrónico enviado por Patricia Zvaighaft, del Departamento de Comunicaciones, informó lo siguiente respecto al caso de los expulsados:

«La Universidad Andrés Bello siempre ha promovido el diálogo en un ambiente de tolerancia y respeto, por lo que no comparte acciones violentas y que afectan la seguridad e integridad de nuestra comunidad y que no permiten el normal funcionamiento de sus actividades universitarias. En línea con las leyes vigentes en esta materia, el Reglamento de Conducta para la Convivencia de la Comunidad, el cual es conocido y aplicable a todos quienes son parte de la institución, cataloga la toma de un recinto educacional como una falta gravísima, ya que atenta directamente contra nuestros académicos y colaboradores, quienes no pueden ejercer su derecho a recibir adecuadamente su formación académica o retomar sus labores diarias».

Por Pía Briceño y Juan Pablo Inostroza