A días que el ministerio de Desarrollo Social inicie una Consulta Indígena en Chile, proceso que comienza el 22 de mayo y que tiene como objetivo principal reformar la Ley Indígena 19.253, las críticas de diversos sectores indígenas no se han hecho esperar debido a que el procedimiento no cumpliría con los estándares internacionales que establece el Convenio 169 de la OIT, no habría sido informada previamente y acusarían al Gobierno de querer modificar derechos adquiridos de los pueblos originarios en beneficio de privados no indígenas.
Al respecto, en entrevista con Radio Bío Bío, el analista político y presidente de la Fundación Instituto de Desarrollo de Liderazgo Indígena, Diego Ancalao, coincidió en que «no se está cumpliendo con los pilares del Convenio 169 de la OIT, ya que esta consulta no ha sido libre ni previamente informada, pues el artículo seis de dicho convenio habla del derecho a consulta a los pueblos indígenas cada vez que se hagan reformas estatales que los afecten».
«Todavía no sabemos qué artículos se quieren modificar, sólo sabemos por la prensa que se busca modificar el artículo 13 de la Ley Indígena que habla de permitir que las tierras mapuches se pueden arrendar y vender, pero no se ha informado qué es lo que se va a consultar», añadió Ancalao.
El analista afirmó además que la consulta «es meramente ilustrativa por qué no es vinculante. En el fondo, es un saludo a la bandera y para nosotros es preocupante que este Gobierno no diga claramente qué es lo que quiere consultar, y al no ser claro en ese especto, quiere decir que quieren modificar la ley entre cuatro paredes para beneficiar a algunos pocos, menos a los pueblos indígenas».
En el mismo sentido, el dirigente mapuche agregó que “el mundo político en Chile, los que administran el Estado, el poder legislativo y el ejecutivo, crearon el decreto 66 que es una camisa de fuerza para el Convenio 169, y que a los únicos que beneficia es a las grandes empresas y algunos políticos, como es el caso del subsecretario Ubilla que compró tierras de manera ilegal en La Araucanía, entonces, en el fondo todo esto es para regularizar una irregularidad y que sería una nueva forma de despojo del mundo indígena».
«Este gobierno quiere modificar la Ley Indígena para intereses económicos, no para el desarrollo indígena. Además, un punto muy importante: el ministro Alfredo Moreno sostuvo que no se incorporará en la consulta un catastro sobre las tierras indígenas que aún están pendientes de devolver, ya que la ley es solamente un instrumento y como eso no está en la ley, no se preguntará, una doble moral», acusó Ancalao.
Respecto a este último punto, el también consultor investigador de organismos internacionales de la ONU sobre desarrollo económico indígena, enfatizó que «esto es muy importante porque si uno va a modificar la Ley Indígena y no incorpora el reconocimiento de deuda de territorio o territorios indígenas, entonces, ¿para qué estás haciendo esta consulta?»
«Y el otro gran error es que los mapuches son un pueblo, no una población indígena rural pobre, y esta consulta se está haciendo a un sector rural pobre, y resulta que en Santiago existen 650.000 mapuches, tres veces más que en La Araucanía, y no se están haciendo consultas en general al pueblo mapuche sobre indígenas políticas urbanas, entonces, esto no resuelve el problema entre el pueblo mapuche y el Estado», fustigó Ancalao.
Finalmente, ante la pregunta de un auditor -¿cómo podemos ayudar?- Ancalao respondió: «No participando de esa consulta, porque sería validar un proceso viciado y que podría terminar validando políticas que permitan usurpar legalmente terrenos indígenas, y no hay que prestarse para eso».
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