Ante Corte Interamericana: Comunidades Quechua y Rapa Nui presentan demanda contra el Estado por impulsar el TPP-11

Comunidades y organizaciones Quechua y Rapa Nui, presentaron una demanda internacional para que la Comisión y la Corte Interamericana ordenen al Estado de Chile consultar a los Pueblos Originarios el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, conocido como TPP11 (inglés: Trans-Pacific Partnership), y en subsidio, que ordene al Estado de Chile a denunciar o salirse del mismo Tratado en caso de aprobarlo.

El fundamento es que el TPP11 tendría un fuerte impacto y una grave afectación a la forma de vida de los pueblos originarios, al incentivar y asegurar un capitalismo extractivista en Chile, razón por la cual debió ser consultado a los pueblos originarios de acuerdo a las obligaciones estatales establecidas por normas internacionales de derechos indígenas.

“Presentamos esta demanda en favor de la Pachamama, de la Kainga, de la Madre Tierra, pues no queremos que sea destruida por el capital extranjero, por la minería, por las salmoneras, por las transnacionales. El TPP facilitara la inversión extranjera, será un tapón al aumento de las protecciones ambientales, creará más zonas de sacrificio, pobreza, y esto no solo a los pueblos originarios, sino que a todo Chile“, afirmaron las comunidades.

Por ello, añadieron, “nosotros requerimos que se nos restituyan las aguas y tierras robadas, las semillas, que se respete nuestra propiedad y bienes soberanos. El TPP facilitara el robo, el saqueo en favor del capital extranjero. Nosotros queremos autodeterminación, no un tratado que cede soberanía”.

En esa línea, sostuvieron que en Chile no existen acciones judiciales efectivas para cuestionar proyectos de ley o tratados en trámite legislativo que no han sido consultados con los pueblos originarios. De hecho, todos los Recursos de Protección presentados contra estas iniciativas en trámite en el Congreso (lo que incluye a los tratados internacionales de acuerdo a las normas constitucionales ya citadas), han sido declarados inadmisibles.

“Así mismo ha ocurrido con el Tribunal Constitucional, que junto con requerir un cuarto del senado o de la Cámara de Diputados para poder demandar, en diversos fallos ha dictaminado que la consulta indígena, al estar contenida en un tratado internacional de derechos humanos, no es de rango constitucional. Como el Convenio 169 de la OIT, de acuerdo al TC, no tiene rango constitucional, su omisión por parte del Estado, no puede ser revisada ni castigada por el mismo Tribunal Constitucional”, agregaron.

Por tanto, aseveran, que ni por recurso de protección ni por la acción de cuestión de constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, que son las únicas dos acciones aparentemente adecuadas para pedir la consulta indígena de un proyecto de ley en trámite, es posible tener amparo judicial de tal pretensión.

Quienes demandan son las siguientes representaciones: Wilfredo Bacián Delgado, presidente Comunidad Indígena Quechua de Quipisca; Thelma Yobana Ramos Mamani, presidenta de la Comunidad Indígena quechua de Ollagüe; Rafael Tuki Tepano, Consejero Conadi electo por voto popular Rapa Nui, y Ariel León Bacian, Quechua – Aymara domiciliado en Santiago y redactor del recurso, interpuesto a favor de la Comunidad Indígena Quechua de Quipisca; Comunidad Indígena Quechua de Huatacondo; Comunidad Indígena Quechua de Mamiña; Comunidad Indígena Quechua de Iquiuca; Asociación Indígena Quechua de la Comuna de Pica (Matilla-Pica-Quisma); Comunidad Indígena de Macaya; Consejo Territorial Quechua de Pica, de la Región de Tarapacá, así como por la Asociación Indígena de Progreso Desarrollo y Cultura del Pueblo de Kosca; Comunidad Indígena Quechua de Ollagüe; y Comunidad Quechua del pueblo de Cebollar Ascotán, de la Región de Antofagasta.

Recordemos que en abril, el gobierno de Sebastián Piñera instaló por cuarta vez la Suma Urgencia en lo que va del 2021 para llamar a que sea discutido y votado en el Senado el denominado TPP11, con el propósito de forzar una ratificación, situación que ha generado que dos presidentas del senado aclaren que el tema no tiene prioridad en tabla. Asimismo, la insistencia ha generado la inmediata reacción de diversas organizaciones que se oponen a este tratado comercial internacional, considerado un verdadero atentado a las soberanías internas al implicar una mayor intervención de las corporaciones transnacionales.