Con la medida cautelar de arresto domiciliario quedó un funcionario de Carabineros, imputado por el Ministerio Público como autor de los delitos consumados de cohecho propio agravado, cohecho propio simple, violación de secreto e incumplimiento de deberes militares, ilícitos perpetrados entre febrero y julio pasado, en la ciudad.
En la audiencia de formalización de la investigación, el magistrado Hans Durán Vásquez impuso al imputado la cautelar solicitada por el Ministerio Público y fijó, además, en 60 días el plazo de investigación.
«Teniendo en consideración la pluralidad de hechos e ilícitos materiales imputados, la posibilidad de cumplimiento efectivo, aun a evento de que exista un procedimiento abreviado, toda vez que la sumatoria de los delitos traspasaría el margen de los cinco años, en cuanto a la gravedad de la medida cautelar, si bien se trata de un funcionario de carabineros con más de 25 años de servicio eso no lo ha inhabilitado para desarrollar dentro del contexto de su función los ilícitos materia de la formalización, por lo cual no puede ser un sustento para imponer una mayor o menor gravedad de la medida cautelar», señaló el magistrado al resolver la medida cautelar.
En esa línea, añadió, «entendiendo los argumentos del Ministerio Público para no solicitar la prisión preventiva, que sería por lo menos a criterio de este magistrado la idónea, pero no habiéndose solicitado de esta manera por parte del ente persecutor se accede a la solicitud de arresto domiciliario total respecto del imputado, especialmente por la gravedad de los ilícitos el carácter de funcionario público el hecho de haber gozado de cierta autoestima y grado dentro de la institución que le permiten desarrollar con mayor facilidad la comisión de este tipo de ilícitos, por lo cual se estima su libertad peligrosa para la sociedad en el sentido del articulo 140 letra c, sin perjuicio habiéndose solicitado una medida cautelar de menor intensidad se decreta el arresto domiciliario total del imputado».
Según el ente persecutor, a través de escuchas telefónicas se logró establecer que el imputado recibió dinero en diversas oportunidades por parte de terceros que, actualmente, son investigados en causas diversas por los delitos de tráfico de drogas y lavado de activos.
En dicho contexto, además, A.A.N.C. obtenía pagos por informar diligencias tendientes a detener a posibles involucrados en delitos, como robos y disparos injustificados; por no cursar infracciones de tránsito y no dar cuenta a la fiscalía de un detenido por infracción al artículo 318 del Código Penal.
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