La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, anunció que el Ministerio entregó a la PDI todos los datos de las personas que deben guardar cuarentena por coronavirus en el país: 10.000 en total.
La funcionaria, junto al subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli participaron en un operativo de fiscalización en la comuna de Providencia, donde comenzaron a aplicarse las herramientas tecnológicas desarrolladas por la PDI en zonas específicas con los datos entregados por el Ministerio de Salud.
Al respecto, el prefecto inspector Ivan Villanueva, jefe Región Policial Metropolitana de la PDI, señaló que se trata herramientas tecnológicas que permiten mapear aquellas zonas con mayor incidencia de contagio y que en esos sectores se intensifican las fiscalizaciones.
Por su parte, Galli declaró que «la voluntad del gobierno es ser firme con aquellas personas que no cumplan la cuarentena, arriesgan ser sancionados confirme a un delito que está contemplado en nuestro Código Penal».
En ese sentido, explicó que quienes pongan en riesgo la salud pública por «infracción de obligaciones en estado de catástrofe o estado de calamidad pública» serán sancionadas con penas que van de los 60 a 540 días de cárcel y con multas que van de los 300 mil al millón de pesos, sin perjuicio de las multas que les aplique la autoridad sanitaria.
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