El Ciudadano tuvo acceso vía Transparencia, a los registros de los aportes recibidos por la Municipalidad de Antofagasta provenientes de SQM Salar y Albemarle, los que en su totalidad están avaluados en $11.457.178.193. Incluso, estas transferencias de privados, se efectuaron tras la firma de acuerdos y convenios entre la ex alcaldesa Karen Rojo y estas litríferas, quien en los últimos meses de su gestión -mientras era investigada por fraude al Fisco-, recaudó más de mil millones de pesos. Sin embargo, 2 dictámenes de Contraloría, expresan que los Municipios deben abstenerse de recibir aportes de empresas, lo que no ha sido acatado por la comuna de Antofagasta, quienes siguen recibiendo aportes de SQM Salar.
Por Josefa Barraza Díaz
En los últimos días, la Municipalidad de Antofagasta ha sido foco de polémica -especialmente su alcalde Jonathan Velásquez-, debido a que parte del concejo municipal, denunció a través de una carta una propuesta de trato directo planteado por Velásquez, para la concesión de recolección de basura urbano y domiciliario, avaluado en $8.395.212.108. Incluso, según se explica en esta misiva, existe una investigación en el Ministerio Público por un presunto fraude al Fisco relacionado a esta problemática.
Sin embargo, esta no sería la única posible controversia que enfrentaría esta comuna. El pasado 5 de junio, El Ciudadano recibió vía Transparencia el registro de aportes recibidos por la Municipalidad de Antofagasta de parte de las empresas mineras SQM y Albemarle, revelándose la suma total de $11.457.178.193, entregados entre los años 2018 y 2023.
En los antecedentes recopilados por este medio, Albemarle -empresa minera estadounidense, explotadora de litio- entregó dos aportes a este Municipio: El primero fue realizado el 9 de octubre de 2018, y corresponde a la cifra de $410.000.000, y el segundo efectuado el 14 de mayo de 2020, avaluado en $110.000.000; contabilizando una entrega total de donaciones de parte de esta litrífera de $520.000.000.
Pero, estas millonarias «transferencias corrientes del sector privado» no comienzan aquí.
El 16 de octubre de 2017, la Municipalidad de Antofagasta firmó un “Acuerdo de Cooperación” junto a la Sociedad Rockwood Litio Limitada (Albemarle), el que tenía como objetivo contribuir al desarrollo sustentable de la comuna y sus habitantes, a través de aportes monetarios por parte de esta empresa minera -según se detalla en el convenio al que este medio tuvo acceso-.
“Rockwood se compromete a aportar a la Municipalidad la suma total de $400.000.000 para el bienio 2017-2018, monto que será administrado por la I. Municipalidad con el fin exclusivo de financiar obras incluidas en el proyecto “Parque Perla del Norte”… Este aporte bianual se distribuirá de la siguiente manera: Año 2017: $100.000.000. Año 2018: $300.000.000”, se lee en el acuerdo entre la entidad pública y la litrífera privada.
En el documento también se menciona que a partir del 2019, Albemarle se comprometió a aportar anualmente $100.000.000, con el propósito de financiar programas del municipio. Incluso, el acuerdo detallaba que la minera entregaría $10.000.000 anuales, para financiar actividades como el «Día de la Madre», el ”Día del Niño», o la festividad de Navidad.
No obstante, un detalle de este documento llama la atención. Y es que está firmado por Stephen Elgueta (Albemarle), Héctor Cáceres (Albemarle), y la alcaldesa de aquella época, Karen Rojo; quien fue condenada a 5 años y un día de presidio efectivo por fraude al Fisco.
Dicho acuerdo de cooperación fue destacado en la página web de esta empresa privada, en donde publicaron un artículo, revelando que los $400 millones de pesos aportados, serían utilizados para la construcción de la cancha Cobremar, la que estaría ubicada en el Parque «Perla del Norte».
“Es necesario destacar que el financiamiento de esta cancha se debe luego de un acuerdo de cooperación con la compañía Albemarle, una de las empresas químicas más grandes a nivel mundial, quienes se comprometieron con $400 millones para la construcción de un nuevo espacio recreativo para la ciudad”, explicó Karen Rojo, en aquel artículo.
Desde Club Unión Cobremar, entidad deportiva beneficiada de esta cancha, afirmaron que no ha sido entregada oficialmente, puesto que aún falta terminarla, a pesar de ser prometida el año 2019 con entrega para el 2020. Incluso, sus obras están paralizadas desde la pandemia, lo que ha provocado el robo de materiales de la infraestructura, o en la «toma» del espacio por desconocidos.
Lo anterior fue corroborado mediante un decreto, en el que se señala que «los trabajos no fueron terminados en su totalidad por la empresa contratista, quedando algunas partidas no ejecutadas». Hasta el cierre de este reportaje, la cancha Cobremar sigue sin ser terminada ni entregada por la Municipalidad.
En mayo de 2020, este «Acuerdo de Cooperación» fue modificado, en donde Albemarle le permitió al Municipio utilizar estos recursos en el «Plan Asistencial COVID 19», con el objetivo de entregar ayuda social a los habitantes de la comuna.
No obstante, en los antecedentes entregados por la Municipalidad de Antofagasta a El Ciudadano, no se mencionan transferencias corrientes provenientes de Albemarle entre los años 2021 y 2023. Por lo que se consultó al equipo de Comunicaciones de esta litrífera sobre estos aportes. Pero, pese a insistirse por una respuesta, no la emitieron hasta el cierre de esta investigación.
Además, durante la sesión 635 -año 2018- del Concejo Municipal de Antofagasta, y mientras se votaba el presupuesto de los aportes de Albemarle, la concejala Doris Navarro votó en contra, explicando que “nadie se niega al progreso, pero en la forma como se hace, no la considero la más justa (…) las empresas hacen y deshacen, después cuando te dan algo con qué cara vas y lo vas a multar. No hay que limpiar la imagen de las empresas”. Y al igual que Navarro, el concejal Camilo Kong también votó en contra.
“El año pasado, Ciper Chile publicó un artículo que dice “Caja negra bajo sospecha: las millonarias donaciones de las mineras a los municipios”, aquí se refiere que en marzo de 2010 Contraloría dictaminó que las municipalidades deben abstenerse de recibir aportes o firmas de convenios de colaboración con empresas, o personas naturales que tengan o puedan tener intereses en asuntos, que deban ser conocidos y analizados por las entidades (…) voy a rechazar”, justificó Kong durante la sesión municipal; pese a lo anterior, se aprobó el presupuesto de Albemarle.
Sin embargo, la Municipalidad de Antofagasta no tan solo ha recibido aportes de Albemarle.
Páguese a la Ilustre Municipalidad de Antofagasta: $7.991.604.632
Al igual que el registro de Albemarle, El Ciudadano tuvo acceso al listado de aportes de SQM Salar a la Municipalidad de Antofagasta, los que en su totalidad acumulan $10.937.178.193, entre los años 2019 y 2023. Al desglosar cada transferencia, se evidencia que la primera donación fue de $604.836.837, siendo efectuada el 11 de diciembre de 2019, la segunda está avaluada en $649.205.311 (22 de junio de 2020), la tercera en $413.444.605 (18 de agosto de 2021), la cuarta de $1.278.086.808 (26 de mayo de 2022), y la última de $7.991.604.632, siendo transferida el 16 de mayo de 2023 -como lo confirma un comprobante de pago timbrado por la Municipalidad-.
No obstante, y como ocurrió en el caso de Albemarle, el 28 de noviembre de 2019, la Municipalidad de Antofagasta firmó un “Convenio de Aporte” con SQM Salar, ante la presencia de la Corporación de Fomento para la Producción (CORFO), en donde la empresa minera se comprometió a donar $650.000.000, correspondientes al 0,1% de las ventas de productos elaborados “a partir de la salmuera obtenida de las Pertenencias en virtud del contrato de arrendamiento”, para financiar el proyecto de inversión “Plaza el Salar”, un espacio de recreación para sus habitantes.
“SQM se comprometió a aportar de manera anual una suma de dinero cuyo monto dependería de las ventas de los productos elaborados a partir de la salmuera (…) para ser destinados a proyectos de inversión dentro del área de influencia del Salar del Carmen (…) los aportes se entregarán por SQM en el mes de mayo de cada año”, se lee en dicho convenio, el que fue firmado por Gerardo Illanes (SQM Salar S.A), Gonzalo Aguirre (SQM Salar S.A), Pablo Terrazas (vicepresidente ejecutivo de Corfo y ex subsecretario de Minería de Sebastián Piñera), y la ex alcaldesa Karen Rojo.
Este medio conversó con la concejala de Antofagasta, Natalia Sánchez, quien comenta que les presentaron un proyecto de creación de una plaza que nunca había visto en el Salar del Carmen, con aportes de SQM, pero para garantizarla “se sacó financiamiento desde otras partidas; en ese momento pregunté cuál era el motivo, me dijeron que eran devoluciones”.
Es importante destacar que ambos acuerdos y convenios suscritos con estas empresas privadas explotadoras de litio -Albemarle y SQM Salar-, fueron firmados por Karen Rojo, en representación de la Ilustre Municipalidad de Antofagasta. Incluso, durante los últimos meses de gestión de Rojo, el Municipio recibió $1.189.757.368, por parte de Albemarle y SQM Salar; decretos que también eran de conocimiento del Concejo Municipal de turno.
Además, un detalle alertó a este medio: El funcionario que firmó la entrega vía Transparencia de esta información fue Marcelo Pizarro San Martín, quien desempeñó labores como director regional del Trabajo en Antofagasta en el primer mandato de Sebastián Piñera, y el que fue involucrado en el caso SQM por la emisión de boletas. Actualmente, es el asesor jurídico de la Municipalidad de Antofagasta, nombrado en enero de 2022 por el alcalde Jonathan Velásquez.
El Ciudadano contactó a la Contraloría General de la República por estos convenios y acuerdos de cooperación, recibidos por este Municipio, quienes se refirieron a los dictámenes de los años 2010 y 2020, relacionados a esta problemática.
“Los referidos Municipios, deberán arbitrar las medidas que correspondan a fin de abstenerse de suscribir convenios o recibir aportes de personas naturales o jurídicas que tengan o puedan tener interés en asuntos que deban ser analizados, conocidos o resueltos por la entidad edilicia, de que se trata, circunstancia que será verificada por este organismo contralor en las futuras fiscalizaciones que se dispongan sobre el particular”, resolvió Contraloría el 5 de marzo de 2010, respecto a las Municipalidades de Cochrane, O’higgins y Aysén.
El 2 de octubre de 2020, Contraloría también dictaminó que “no procede que municipalidades y gobiernos regionales celebren convenios o reciban aportes de personas naturales o jurídicas que tengan o puedan tener interés en la calificación ambiental de proyectos o actividades, a menos que se realicen como consecuencia de esa evaluación y en las condiciones que se indican. Se desestima la reconsideración del dictamen N° 7.213, de 2020, y se complementa en la forma que señala”.
Respecto a lo anterior, Cristián Vargas, abogado, profesor de derecho tributario, y ex subdirector jurídico del SII, sostiene que las empresas mineras no están obligadas a donar dinero a las Municipalidades, por el contrario, como ha dicho la Contraloría General de la República en diversos dictámenes, los Municipios deben abstenerse de suscribir convenios o recibir aportes de personas naturales o jurídicas.
-Asunto distinto es que las empresas pueden efectuar gastos o desembolsos en favor de la comunidad y que supongan un beneficio de carácter permanente, tales como gastos asociados a la construcción de obras o infraestructuras de uso comunitario, su equipamiento o mejora, el financiamiento de proyectos educativos o culturales específicos y otros aportes de similar naturaleza. En esos casos, los gastos o desembolsos deben constar en un contrato o convenio suscrito con un órgano de la administración del Estado-, aclara el experto tributario, en conversación con este medio.
Sin embargo, Vargas también es enfático en señalar que si bien la Contraloría ya ha resuelto el asunto por vía interpretativa, la ley puede, para evitar cualquier hipótesis de conflictos de interés, establecer expresamente la prohibición de convenios y aportes o donaciones a las Municipalidades por parte personas naturales o jurídicas, que tengan o puedan tener interés en asuntos que deben ser resueltos por la misma Municipalidad; lo que dejaría entrever la inexistencia de una normativa que regule este tipo de donaciones de privados a entidades gubernamentales.
Por su parte, Mauricio Daza, abogado querellante en el caso SQM, cree que más allá de los cuestionamientos sobre la legalidad de los aportes que reciben las Municipalidades de forma directa por parte de grandes mineras, como SQM, se trata de una situación que abre dudas sobre la probidad de las autoridades comunales, ya que, son empresas que están sujetas a varias normas cuya definición y fiscalización se hace a nivel local.
-Si bien es necesario que las comunas desde donde se sacan las riquezas mineras del país reciban una parte importante de los beneficios de esa actividad, dejando de ser vistas como simples zonas de sacrificio, también es necesario evitar que las autoridades comunales sean capturadas a partir de lógicas de clientelismo, especialmente por parte de una empresa como SQM, la cual ha sido imputada por graves hechos de corrupción a partir de los cuales habría generado una red transversal al interior del Estado para beneficiar sus intereses y la de su controlador histórico, Julio Ponce Lerou-, explica Daza.
Además, Daza tiene la convicción de que se debe establecer por ley un marco tributario transparente, el cual incluya un royalty minero de verdad, y que se haga una distribución equitativa de los beneficios que genera la minería para las regiones y comunas donde se desarrolla.
Natalia Sánchez, concejala de la comuna, sostiene que los aportes que realiza SQM para la comuna son apenas el 0,1% de las utilidades que obtiene por el saqueo del litio, y todo lo que eso significa en términos de zona de sacrificio y destrucción de los salares, y que “demuestra claramente el rol de los Municipios como gestores de las migajas y de la miseria, favoreciendo a la evasión de impuestos de las grandes empresas (…) en 2022 cuando se hizo esta transferencia de 1.278 millones de pesos, SQM aumentó 3.905 millones de dólares, además es importante mencionar que el único tributo estable que entregan las grandes mineras a la Municipalidad es el aporte por uso de territorio (destinado solo a obras de desarrollo)”.
Telye Yurisch, economista de Fundación Terram, cree que existirá un abultamiento del presupuesto de las localidades mineras -provocado por el nuevo royalty minero, las patentes mineras, y los convenios firmados con privados-, lo que será un desafío, especialmente en la ejecución presupuestaria y la transparencia en el gasto de los recursos públicos, puesto que, espera que estos excedentes presupuestarios se utilicen eficientemente en infraestructura y servicios públicos en las zonas afectadas (por la explotación de recursos naturales).
La presidenta de la Comisión de Minería de la Cámara Baja y diputada de la comuna de Antofagasta, Yovana Ahumada, en conversación con este medio, precisó que las necesidades en la región han provocado que sus Municipios no hayan acatado el dictamen de Contraloría y acepten recursos de empresas privadas, especialmente de parte de SQM.
-Por la transparencia que se necesita, estos Municipios deberían a través de una auditoría externa, señalar la suma que han recibido, en qué lo han gastado, con el objetivo de evitar suspicacias respecto al verdadero interés que podría tener esta empresa minera, la que además financió campañas de políticos-, dijo Ahumada, solicitando una investigación en la Municipalidad de Antofagasta.
Antes del cierre de este reportaje, Contraloría confirmó que no existe una denuncia en la institución, que dé cuenta de estos convenios y acuerdos entre la Municipalidad de Antofagasta con Albemarle y SQM Salar. Todo lo anterior pese a ser de conocimiento del Concejo Municipal.
Desde la alcaldía de Antofagasta, quisieron referirse a este reportaje y contestaron lo siguiente:
“El dictamen de la Contraloría General de la República del año 2010, establece que los Municipios deben abstenerse de recibir aportes o firmar convenios de colaboración con empresas o personas naturales “que tengan o puedan tener interés en asuntos que deban ser analizados, conocidos o resueltos por las entidades edilicias”, asimismo en 2020 determinó que gobiernos regionales y municipalidades no pueden recibir donaciones de particulares que tengan interés en la evaluación de impacto ambiental de proyectos o actividades en las que les corresponda intervenir. Dicho esto, debemos dejar muy en claro que este municipio no ha sido parte de evaluaciones de impactos ambientales o de intervenciones que involucren a SQM o a Albemarle, de esta manera y para poder desarrollar proyectos de inversión que benefician sin duda a todos los antofagastinos, se reciben estos aportes que permiten mejorar dos sectores importantes del norte de la ciudad”.
Y con respecto a los proyectos que han gestionado a través de estos aportes, explicaron que en el caso de Albemarle, la empresa aportó con 400 millones para la construcción del Parque Perla Del Norte, Eje Ascotán, en su primera etapa, proyecto de inversión y equipamiento que permitió la construcción de un nuevo parque que apuntaba a mejorar la calidad de vida de todos nuestros vecinos.
“Para el caso de SQM, el aporte será destinado al proyecto “Plaza El Salar”, que actualmente se encuentra para licitar. Este parque será un gran pulmón verde para los vecinos del sector norte alto de la ciudad, que permitirá hermosear un importante acceso a nuestra comuna. Cabe precisar que estos aportes, según fue establecido en ambos convenios, son destinados exclusivamente a proyectos de inversión, los que sin duda ayudan a descentralizar la distribución de recursos y contribuyen al desarrollo de la comuna y al bienestar de sus habitantes”, confirmando como Municipio que siguen recibiendo aportes de empresas mineras.
Por Josefa Barraza Díaz
*El Ciudadano contactó a CORFO y le envió sus preguntas para conocer su versión, respecto a su presencia ante la firma del convenio entre la Municipalidad de Antofagasta y SQM Salar, a pesar de existir un dictamen de Contraloría. Sin embargo, hasta el cierre de este reportaje no emitieron respuesta.
*Además, fuentes cercanas a la Municipalidad confirmaron que los acuerdos y convenios firmados por Karen Rojo con litríferas, no fueron investigados en el proceso judicial por fraude al Fisco.
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