Un cerrado respaldo recibió en la Cámara de Diputadas y Diputados el proyecto sobre el derecho de las personas en el espectro autista. La iniciativa, que pasó al Senado para cumplir su segundo trámite legislativo, contó con 146 votos afirmativos en general y en particular.
El objeto de la iniciativa es velar, garantizar, promover y proteger, en igualdad de condiciones, la inclusión social de las personas en el espectro autista. Se busca que el autismo se entienda como parte de la expresión de la diversidad humana, no una patología.
A continuación, define a la persona en el espectro autista para efectos de la ley. El texto la señala como quien presenta una diferencia o diversidad en el neurodesarrollo típico. Esta divergencia se manifiesta en afectaciones en la iniciación, reciprocidad y mantención de la interacción y comunicación social al interactuar con los diferentes entornos. Igualmente, se caracteriza por la presencia de intereses intensos y repetitivos, adherencia a rutinas y conductas. Dicha condición deberá contar con un diagnóstico médico.
Esta condición solo se considerará como discapacidad cuando genere un impacto funcional significativo en la persona. Este podrá manifestarse a nivel familiar, social, educativo, ocupacional o de otras áreas. Para ello, se exigirá la certificación respectiva, de acuerdo a las normas de la Ley de Discapacidad.
El texto incluye además una serie de derechos en la atención de salud, entre ellas, el trato digno, el acompañamiento y el resguardo de la autonomía individual. También el diagnóstico temprano, información y educación; la atención interdisciplinaria y la autonomía progresiva.
La ley entrará en vigencia al duodécimo mes de su publicación. Durante el primer año, se financiará con cargo al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Salud y el Tesoro Público.
Sobre este punto, durante su trámite en Hacienda, el Gobierno detalló el gasto total del proyecto: los costos asociados a esta ley irrogan un mayor gasto fiscal de $27.660.647 miles, en el primer año de entrada en vigencia, y de $61.189.353 miles, en régimen.
El gasto se desglosará, solo en atención primaria, en la implementación de estrategias de sospecha o pesquisa de señales de alerta; diagnóstico; tratamiento; capacitación; farmacología; y control de seguimiento farmacológico. Ello implica financiar recursos humanos en establecimientos municipales, dependientes de servicios y organizaciones no gubernamentales; capacitación, fármacos e insumos, así como también infraestructura y equipamiento de salas de rehabilitación infantil y adolescente.
En atención secundaria, se mencionan gastos en recursos humanos, capacitación de la red asistencial y operación. Esto, considerando que la atención es principalmente ambulatoria.
Tras la aprobación del proyecto, su impulsora, la diputada Carolina Marzán (PPD), calificó como muy «relevante lo que está sucediendo, es una moción parlamentaria transversal que la estamos tramitando hace más de un año, que hemos trabajado de la mano de las organizaciones a lo largo del país. Esperamos que en el Senado exista la voluntad política, ya sabemos que así está haciendo. Se ha generado mucha expectación, mucha esperanza y es una causa que está absolutamente invisibilizada”.
Por su parte, Chantal Garay, vocera de la Federación Nacional de Autismo, valoró y agradeció el apoyo transversal a la moción: «En Chile las familias de personas autistas no tienen el derecho de vivir en paz, mueren siempre preocupados preguntando quién va a velar por mi persona autista. Es por eso que queremos agradecer a todos y todas las diputadas que han apoyado este proyecto y que lo han podido sacar adelante en compañía de la diputada Marzán quién ha liderado este proyecto, y es por ello que queremos agradecer públicamente su gestión porque ella ha estado cateteando al Gobierno”.