Aprobado en general proyecto que establece participación ciudadana vinculante para el retiro de industrias que causen daños o molestias a la población

La Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general el proyecto que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones, y el Código Sanitario, con la idea de incorporar el principio precautorio y la participación ciudadana en las decisiones de las autoridades administrativas facultadas para disponer el retiro de industrias y similares que causen daños y/o molestias a la población (boletín 14683).

El texto busca que la participación ciudadana (entidades ya reguladas en la Ley Orgánica de Municipalidades) sea vinculante en la toma de decisiones. Así, se establece, entre otras materias, la posibilidad de que diferentes autoridades sectoriales dispongan el traslado de establecimientos industriales, y también, de instalaciones de impacto similar al industrial, tales como grandes depósitos, talleres o bodegas industriales expuestos a peligro de explosión o de incendio, sumándose aquellos que produjeren emanaciones dañinas o desagradables, ruidos, trepidaciones u otras molestias al vecindario, previo informe.

La propuesta establece en ese sentido que el plazo para retirarse del sector en que estuviesen establecidos no podrá ser inferior a un año, contando desde la fecha de notificación de la resolución. Además, se agrega que los informes deberán contener todos los criterios técnicos, con enunciación de las normas de emisión y calidad. “En ausencia de dicha disposición aplicable, el informe deberá contener criterios precautorios que velen por la protección de la salud, seguridad, medio ambiente y bienestar de la población”, señala la iniciativa.

Previo a la votación, la Comisión recibió la exposición de la asesora jurídica de la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch), abogada Graciela Correa, quien enfatizó la importancia del deber de orientar la acción con sentido de oportunidad: “Queremos que tanto las personas como las municipalidades actúen de manera coordinada, y que el mismo vecindario pueda actuar y entregar estos antecedentes a la fiscalización municipal para poder avanzar en el traslado o retiro de estas industrias”, aseguró.

Asimismo, la abogada señaló que esta participación y coordinación debe realizarse en distintos niveles en la planificación territorial: “Esto significa la disponibilidad de recursos. Hacer habitables algunos territorios significa respetar las vocaciones productivas. Esto nos va a permitir avanzar notablemente hacia una consolidación del derecho a la sociedad. También a dar una mejor calidad de vida a las personas”, enfatizó Correa.

Finalmente, la representante de la Amuch valoró el hecho que la institucionalidad garantice una dimensión de desarrollo urbano sustentable, y que “podamos alcanzar eventualmente la consagración al derecho a la ciudad, en el cual todas las personas puedan vivir con bienestar en diversos contextos y entornos”.