Desde hace más de 30 años que la industria de la salmonicultura opera en la zona sur austral de nuestro país, y pese al intento de implementar prácticas sustentables, su productividad sigue siendo cuestionada. Entre sus impactos más graves se encuentran el uso masivo de antibióticos y antiparasitarios, la destrucción del fondo marino, la muerte de ballenas, delfines y lobos marinos en sus centros de cultivo y los escapes masivos de salmones, que son especies invasoras y carnívoras.
Hace exactamente un año, en Argentina, se aprobó la Ley 1355 para frenar esta actividad en Tierra del Fuego, impulsada por legisladores trasandinos, ONGs locales, la comunidad y la marca de ropa outdoor Patagonia, reconocida por su activismo ambiental, lo que se espera replicar en Chile.
“Los fiordos, canales interiores y océanos patagónicos fueron señalados como puntos de esperanza por Sylvia Earle (prestigiosa bióloga marina dedicada a la conservación de los océanos), debido a su alta biodiversidad para la conservación marina a nivel mundial. Por eso es tan importante tomar acciones concretas para su real protección”, explica Jens Benöhr, coordinador ambiental de Patagonia Chile.
En esa línea, agrega que “ante la amenaza existencial de la crisis climática y el alto impacto de la salmonicultura en estos spots de esperanza -que representan las áreas protegidas de la Patagonia- apoyamos a las comunidades que luchan por proteger estas áreas, pidiendo una transición socio ecológica justa”.
Por su parte, David Lopez Katz, activista contra la salmonicultura en Tierra del Fuego, plantea que “las regiones tienen una dinámica que va más allá de los límites políticos, y la división entre Chile y Argentina está lejos de ser una realidad, lo que se evidencia en los territorios desde el NOA (noroeste argentino) hasta la Patagonia. Así, en 2021 esta unión le permitió al gobierno argentino entender qué significan las salmoneras para su pueblo, y hoy lo tiene que entender el Estado chileno”.
De esta manera, comunidades chilenas piden que no se instalen salmoneras en parques nacionales, reservas y donde habitan las comunidades indígenas que ven afectada su forma y desarrollo de vida. Asimismo, exigen que no se aprueben nuevos proyectos, no se aumente la producción de proyectos existentes y que no se reubiquen los existentes.
Juan Carlos Vivero, representante de la organización Defendamos Chiloé, comenta que “la industria salmonera ha tenido más de un 3.000% de crecimiento desde sus inicios en Chiloé, hace ya unos 40 años. En esas mismas cuatro décadas, la mitad de las comunas del archipiélago y su epicentro están entre las de mayor pobreza multidimensional de la región de Los Lagos, lo que indica claramente que -a pesar del importante empleo que dan- no ha resuelto ni los temas económicos ni menos los ambientales en los territorios donde se emplazan estos proyectos”.
Hay que destacar que desde que se comenzó a reclamar por un Canal Beagle libre de salmoneras, se logró que la Corte de Apelaciones de Punta Arenas detuviera el inicio de las labores de producción de la empresa Nova Austral, además de sacar jaulas que ya estaban instaladas y listas para la producción, dándole caducidad a las concesiones acuícolas otorgadas hasta ese momento.
Pero, desde el año 2018, Chile está en alerta por la constante amenaza de las concesiones que aún se encuentran activas administrativamente. Cuatro fueron removidas, pero quedan ocho detenidas por acción de la comunidad indígena. Actualmente, la empresa Nova Austral -que se había instalado en Puerto Williams en 2019 y que fue clausurada debido a un incumplimiento burocrático- se encuentra regularizando la documentación para volver a operar.
Es así como, en abril de este año, más de 90 organizaciones chilenas e internacionales presentaron una solicitud al Gobierno de Chile para eliminar las concesiones de las Áreas Protegidas.
“La amenaza más grave que enfrentan los mares de la Patagonia es evidentemente esta industria, porque sus consecuencias son bastante invisibles, ya que no se ve lo que pasa debajo del mar. Además, el hecho de que los centros estén lejos y con difícil acceso hace que sea casi imposible fiscalizarlos, y la industria ha demostrado que no puede autoregularse”, agrega Florencia Ortúzar, abogada senior de la organización de derecho ambiental AIDA.
Asimismo, la experta destaca que “el gobierno de Boric es el primero que se ha planteado como un gobierno ecológico, lo que me parece muy acertado. Y por lo tanto, tiene la oportunidad de proteger estos mares patagónicos que son tremendamente valiosos y únicos a nivel global, de una industria que ha demostrado una y otra vez que no puedo autoregularse. Como chilenos, tenemos el deber de cuidar y conservar este lugar valiosísimo para el planeta”.
En la misma línea, Juan Carlos Vivero de Defendamos Chiloé recuerda que “frente al inminente colapso climático debemos tener la claridad absoluta de que la industria no podrá seguir de la manera en que hoy opera, obligando su salida de ecosistemas frágiles y áreas protegidas. En este contexto, es el Estado de Chile, junto al sector privado, la sociedad civil y la comunidad, quienes debemos iniciar las conversaciones que permitan evitar el colapso y nuevos estallidos sociales que esta vez serán socioambientales”.
“Hace un año, Argentina demostró ser un ejemplo mundial de autonomía territorial, cuando las comunidades de Tierra del Fuego votaron por unanimidad para prohibir el ingreso de salmoneras al territorio fueguino. Así, el país se convirtió en la primera nación del mundo en prohibir salmoneras en sus maritorios. Por lo mismo, desde Patagonia Chile hacemos un enérgico llamado al gobierno del presidente Gabriel Boric a seguir el lúcido ejemplo de nuestro país hermano, y concretar su reciente anuncio público de poner fin a la salmonicultura dentro de las áreas protegidas de la Patagonia”, concluyó el coordinador ambiental de Patagonia Chile, Jens Benöhr.
Más información sobre campaña Canal Beagle protegido ACÁ
Créditos fotos: Lio Machado
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