Las políticas públicas promovidas desde el gobierno que lidera el presidente Sebastián Piñera, representan una grave amenaza ya que apuntan a la “descampesinización”, justo en momentos en los que urge garantizar la soberanía alimentaria para la población, un factor que trasciende a escala mundial.
Así lo advirtieron alrededor de 50 organizaciones campesinas que sostuvieron un importante encuentro a través de un live transmitido en la cuenta Facebook de la Confederación Nacional de Campesinos de Chile (CONAPROCH), el pasado sábado 21 de agosto, durante la Asamblea Rural Virtual por el agua y la vida.
El encuentro sirvió como un espacio para la reflexión y análisis por parte de los participantes, quienes abordaron los impactos de la prórroga por 12 años a la Ley de Riego 18.450, Ley 20.998 de Servicios Sanitarios Rurales y el Censo Agropecuario, temas que coinciden con el debate que el mundo campesino viene haciendo hace muchos años.
En la declaración final, los representantes rurales alertan que dichas disposiciones legales “apuntan a vaciar el campo de campesinos y campesinas, por lo cual es necesario revertir esta tendencia, partiendo por la Ley Nº 18.450 que subsidia obras privadas de riego, actualmente en silenciosa tramitación en el Congreso”.
Los dirigentes campesinos explican que se trata de un vicio institucional cuyo diseño lleva años rigiéndose por leyes del mercado y no por las de la naturaleza, despreciando las alternativas sustentables para vivir y ejercer el trabajo del campo, y siguiendo un patrón de precarizarización de la vida en el campo, promoviendo el extractivismo contra la salud de las cuencas y de la vida de quienes las habitan.
Ley de Riego
Se basa en la lógica productivista y en el subsidio a la agroindustria, produciendo un desbalance hídrico como consecuencia de la migración y despoblamiento, la expansión de los monocultivos en los cerros y de los bolsones de pobreza en las ciudades. Pretende seguir financiando con dineros públicos a quienes posean más tierra, más agua y mayor capital para realizar las obras, dejando en el olvido a quienes viven en el territorio y llevan años esperando apoyo para viabilizar la agricultura familiar campesina.
Ley 20.998
Se trata de una privatización encubierta a beneficio de las sanitarias y maleficio campesino. Concesiona el agua de la ruralidad, exigiendo condiciones que serán incumplibles mientras persista la extracción acelerada de la agroindustria, la minería, las forestales y las inmobiliarias. Establece que si no se cumple con las exigencias en 10 años, la concesión termina caducando y el servicio será asumido por las sanitarias, imponiéndose la fracasada privatización que hizo estallar a Chile, aniquilando la vida campesina, dispersa y comunitaria.
Censo Agropecuario
Dispone que quien tenga menos de 2 hectáreas, y no registre ventas ni producción de 2018 a 2020, responde a un Censo abreviado, excluyendo de las políticas públicas a quienes habitan y no solo “producen” en los territorios, reseña Chile Sustentable.
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