Por 122 votos a favor, 16 en contra y 14 abstenciones, el Pleno de la Convención Constitucional aprobó la creación de la Agencia Nacional del Agua, que será «un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que se organizará desconcentradamente, cuya finalidad es asegurar el uso sostenible del agua, para las generaciones presentes y futuras, el acceso al derecho humano al agua y al saneamiento y la conservación y preservación de sus ecosistemas asociados».
Para ello, agrega el texto aprobado, «se encargará de recopilar información, coordinar, dirigir y fiscalizar la actuación de los órganos del Estado con competencias en materia hídrica y de los particulares en su caso», y «deberá fiscalizar el uso responsable y sostenible del agua y aplicar las sanciones administrativas que correspondan. Podrá determinar la calidad de los servicios sanitarios, así como las demás que señale la ley».
Finalmente, se indica que «las sanciones impuestas por la agencia podrán ser reclamadas ante los tribunales de justicia»
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