La Contraloría General de la República (CGR) detectó diversas faltas en la fiscalización que realizan organismos estatales en las actividades de acuícolas de salmonicultura, lo que impide efectuar prevención en materia ambiental, resguardar la calidad de las aguas y los recursos ambientales.
En el informe de Auditoría N°335 se da cuenta del análisis que realizó el ente contralor a las actividades de fiscalización y control que efectúa el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca), la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca), y otros órganos de la Administración del Estado, en relación con la operación de las actividades acuícolas de salmonicultura, así como la participación de los organismos competentes en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de marzo de 2019.
La investigación estableció que el Sernapesca no tiene un procedimiento que evalúe las actividades de acuicultura y que asegure que el titular localice sus balsas jaulas dentro del área concesionada. Asimismo, tampoco cuenta con un registro unificado de las actividades de fiscalización efectuadas en centros de cultivos de salmones durante 2019.
Por otra parte, Subpesca no acreditó la realización de una evaluación formal y completa, con objeto de modificar los decretos que declaran áreas apropiadas para el ejercicio de la acuicultura, que se localizan dentro del perímetro de un parque nacional.
Además se advirtió que desde la emisión del dictamen N° 38.429, de 2013, hasta el envío del correspondiente informe técnico por parte de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura al Ministerio de Defensa Nacional, para la desafectación de áreas apropiadas para el ejercicio de la acuicultura, en el caso del Parque Alberto de Agostini, transcurrieron más de 5 años.
En la Superintendencia del Medio Ambiente, en tanto, se constató que este organismo no atendió oportunamente las denuncias de Sernapesca respecto de 10 centros de cultivos que estaban fuera de la concesión otorgada. Al respecto, la Contraloría solicitó a dicha entidad comunicar y respaldar las acciones ejercidas producto de la revisión y análisis de la ubicación de los centros en cuestión, en el plazo de 60 hábiles contado desde la recepción del presente informe final.
Finalmente, en el Servicio de Evaluación Ambiental se comprobó la ausencia de criterios objetivos y uniformes para asegurar que los proyectos acuícolas localizados en o próximos a áreas protegidas se evalúen de conformidad con la normativa correspondiente, y se evidenció la ausencia de un criterio uniforme respecto de los antecedentes requeridos sobre este punto.
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