Por Bárbara Caro Sepúlveda, abogada laboralista.
Es de público conocimiento que nuestro país vive hace años una crítica situación salarial y pese a los reiterados aumentos esperados, anunciados, elogiados y aplicados a los sueldos de las y los trabajadores del país desde el inicio del Gobierno del presidente Gabriel Boric, a consecuencia de la alta inflación experientada (la cual superó el 10%) dichos incrementos finalmente se tradujeron en la pérdida del poder adquisitivo de miles de familias trabajadoras chilenas, quienes -entre bajos sueldos y extensas jornadas laborales- cargaron con la crisis económica nacional con un aumento implacable en el precio de los los bienes y servicios basicos para su subsistencia, haciendo irrisorio y nominales los acuerdos salariales alcanzados.
Es en este contexto, que el reciente lunes 17 de abril, el Ejecutivo y la directiva de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) suscribieron nuevamente un protocolo de acuerdo para el reajuste del ingreso mínimo mensual progresivo, en virtud del cual se adelanta el cumplimiento de uno de los compromisos del Programa de Gobierno, concretizándose al 1 de julio de 2024, los $500.000.
Es del caso, y como cada 1 de mayo, la CUT anunciará y celebrará el marco del protocolo suscrito, consistente en el adelantamiento del aumento progresivo acordado y el incremento desde los actuales $410.000 a $440.000; aumento acompañado de la extensión y aumento de otros beneficios sociales, los que pese a su justificación actual, vienen a incrementar aun más la circulación y liquidez nacional.
En paralelo y paradójicamente, el Banco Central, organismo autónomo y técnico que tiene por objetivo velar por la estabilidad de la moneda, esto es, mantener la tasa de inflación baja y estable en el tiempo, informa mediante sus plataformas virtuales el día 20 de abril del año en curso, que la economía nacional se esta ajustando más lentamente que lo previsto y la inflación está tardando en reducirse y sigue siendo elevada. En efecto, refiere en su informe «En febrero, la inflación total y subyacente se ubicaron en 11,9 y 10,7% anual, respectivamente. Si bien la inflación total ha descendido, la inflación subyacente se mantiene en niveles similares desde hace varios meses. Además, ha acumulado una sorpresa al alza relevante en los últimos meses. La mayoría de las medidas de expectativas de inflación a dos años plazo continúan por sobre 3%.«. Insiste la entidad nacional especializada, que se espera que el reajuste económico continúe en el primer semestre de 2023 como consecuencia de una nueva caída del consumo debido a políticas contractivas, menor liquidez de los hogares y el debilitamiento del mercado laboral. Ello, consecuente con la tasa de desempleo informado por el ENE y las medidas restrictivas de liquidez que esta impartiendo desde la crisis financiera que azota al país y al resto del mundo.
Frente a dicho escenario el alza ensalzada hace algunos días por la CUT, solo beneficiará verdaderamente a las y los trabajadores en la medida en que se resguarde su poder adquisitivo. Si bien el proyecto promovido por la CUT, en pleno conocimiento del escenario descrito, contempla algunas medidas como la creación del Consejo de Seguridad Económica de las y los Trabajadores, conformado por la Central Unitaria de Trabajadores y los ministerios del Trabajo y Previsión Social, de Hacienda, de Economía y de Desarrollo Social y Familia, con el objetivo de hacer seguimiento al comportamiento de los precios de los alimentos y otros productos de primera necesidad; lo cierto es que resultan inadecuadas e insuficientes.
La doctrina está conteste y la experiencia chilena lo confirma, que el aumento del salario debe necesariamente ir acompañado de un aumento en la productividad y crecimiento económico, toda vez que nuestro modelo nacional de mercado se construye en base a la oferta y demanda de bienes y servicios, por lo que si ésta se mantiene constante, y la cantidad de dinero circulante aumenta en razón de los incrementos salariales y beneficios sociales convenidos en el marco de este protocolo, los precios inevitablemente se ajustarán al alza, viéndose nuevamente perjudicada la clase trabajadora más vulnerable.
Asimismo, y pese a que se ha demostrado que no necesariamente dicho incremento salarial implica desempleo, la realidad nacional es que las las PyMEs proveen más del 70% de los puestos de trabajo en el país y son quienes precisamente pagan más salarios mínimos, debiéndose preveer y adoptarse medidas concretas y efectivas en su resguardo, las que se extrañan en el protocolo propuesto.
Ciertamente, se valora el diálogo social y los avances en esta materia, pero las demandas sociales de las y los trabajadores de nuestro país deben satisfacerse de modo real y efectivo, mejorando en los hechos su calidad de vida y la de sus familias, para lo cual se debe preservar el valor adquisitivo del fruto del trabajo, presupuesto básico de la dignidad humana.
En este mismo sentido, debe el Estado entregar las garantías necesarias a la clase trabajadora, asegurando que el incremento de los precios en los alimentos, que con seguridad se verificarán, obedezcan precisamente al ajuste del mercado frente al justo incremento salarial que traerá mayor liquidez, y no a colusiones empresariales, cuyas dolosas conductas y perniciosos efectos en la ciudadania ya hemos vivenciado. Para ello, debe reforzarse con mayores recursos y accesibilidad a la Fiscalía Nacional Económica, institución que vela por la protección de las leyes de la libre competencia en nuestro país, y que ha mostrado resultados efectivos pese a su poca divulgación ciudadana.
Por último, desde un punto de vista más particularizado pero no menos importante, las organizaciones sindicales deben fiscalizar activa y acuciosamente que este incremento salarial no se traduzca en las pérdidas de otros beneficios laborales no remuneracionales, que los empleadores pretendan arrebatar o suprimir con el fin de traspasar el costo de este incremento legal salarial a las y los trabajadores, practica también lamentablemente habitual en nuestro país.
En síntesis, se elogia el avance alcanzado, pero se anhela que venga este anuncio de incremento salarial acompañado de garantías y políticas públicas reales e idóneas que permitan efectivamente aumentar los ingresos y con ello, mejorar la calidad de vida de las familias chilenas trabajadoras, encauzados a superar en un futuro próximo la línea de la pobreza y no se proclame este nuevo aumento salarial como un espejismo, destinado a responder superficialmente las justas y reales demandas sociales de las y los trabajadores chilenos.
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