Auto, chófer y bencina garantizados por decreto a ex generales directores de Carabineros

De acuerdo a lo publicado este lunes por el diario La Segunda, existe un decreto reservado que otorga diversos beneficios a los ex generales directores de Carabineros. Dentro de ellos se encuentran el financiamiento de vehículos, chóferes, bencina, tag e incluso seguro.

El decreto de remonta a 1998. La subcreteraría de Guerra de esos años emitió el decreto con el fin de «proporcionar, con cargo a sus propios recursos institucionales, medidas de protección y seguridad para quienes hayan ejercido el mando superior de Carabineros».

Una de las principales características del decreto es la asignación de un automóvil, el que debe reunir «las características para brindar seguridad». Ello considera emplear un chófer del Departamento de Protección de Personas Importantes y todos los gastos asociados al vehículo. Entre 2015 y 2017 se invirtieron cerca de 83 millones en estos servicios.

Sólo entre 2015 y 2017, de acuerdo a ese decreto, se gastaron más de 75 millones en combustible para los ex funcionarios.

En la actualidad son beneficiaros: Rodolfo Stange, el último General Director de Carabineros en dictadura, Fernando Cordero, Manuel Ugarte, Alberto Cienfuegos, Gustavo González y Eduardo Gordon.

El decreto fue firmado por el entonces presidente Eduardo Frei, Edmundo Perez Yoma, Ministro de Defensa y el Ministro del Interior, Carlos Figueroa.

Carabineros de Chile y el uso de recursos públicos que hacen sus funcionarios, están, con especial atención, en la mira de ciudadanos y autoridades desde el millonario fraude ocurrido dentro de la institución, que terminó con más de cien efectivos formalizados.

El beneficio también fue utilizado por el Ejército. A través del decreto justificaron un gasto cercano a los 2 millones de pesos realizados por el ex Comandante en Jefe, Juan Miguel Fuente-Alba, mientras era investigado por aumento injustificado de patrimonio y lavado de activos.

Para el diputado DC, Jaime Pillowsky, quien dirigió la investigación del fraude en Carabineros, sostiene que «esta destinación de bienes públicos debiera estar acotada a un determinado período posterior al que se ejerce el cargo».