Aysén: Confirman condenas por violencia policial durante gobierno de Piñera

Ratificando una sentencia del Juzgado Militar de Coyhaique, la Corte Marcial declaró culpables a seis funcionarios de Carabineros involucrados en la represión al movimiento «Aysén, tu problema es mi problema» aplicada a inicios de 2012 bajo el entonces Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Rodrigo Hinzpeter.

Boris Hugo Vera Santibañez, Juan Andrés Garrido Contreras y Carlos Alejandro Ferrer Pérez fueron condenados a la pena de tres años de presidio menor en su grado medio por lesiones graves contra Camilo Andrés Paillapán Andrade. La misma sanción fue para Andrés Segundo Figueroa Pulgar, Cristian Alberto León Colima, Joel Andrés Riquelme Navarro como autores del atropello y golpiza propinada a Matías Leodán Escobar Fernández.

Los involucrados, todos suboficiales, no pagarán con cárcel. En conversación con El Ciudadano, el abogado de derechos humanos Cristian Cruz señaló que el fallo, «aunque no lo dice, hace un contrapunto con lo acaecido con el Ministerio Público en la Región de Aysén, que abandonó a las víctimas, y que frente a una investigación penal compleja optó simplemente por no indagar, no avanzar, no buscar la verdad ni mucho menos la justicia».

Cruz señaló que el papel que tuvo la Fiscalía «poco tiene que envidiar a las actuaciones de los tribunales militares en tiempos de la dictadura, los que solo tenían apariencia de persecución penal».

Destacó además que el fallo es contundente en establecer que «ni siquiera bajo condiciones que el gobierno de turno ha de señalar como complicadas, se justifica la violencia que hubo en Aysén. En uno de los casos, Carabineros atropella a un joven. Los funcionarios se bajan del vehículo policial y en vez de prestarle ayuda lo golpean de manera salvaje en la cabeza, para posteriormente dejarlo abandonado».

«Es decir, aquí muta lo que es la obligación policial, que es defender al ciudadano y protegerlo, y actuan de una forma absolutamente inversa. Yo creo que es del todo valorable este fallo, más allá de que no estemos de acuerdo con la cuantía de la pena, que fue con beneficios», indicó.

Lo anterior, para Cruz, refleja una discriminación para aplicar la ley. «Si hubiese sido un mapuche el que atropella a un carabinero, hubiera pasado mucho tiempo en prisión preventiva y la cárcel hubiese sido efectiva», argumentó.

Consultado sobre el reconocimiento de responsabilidades políticas en el caso, el abogado dijo tener seguridad de que eso «nunca va a ocurrir, porque ya no sucedió». Sin embargo, planteó que le gustaría que «el Alto Mando de Carabineros pida disculpas a la sociedad y a las víctimas, con nombre y apellido».

«Eso -opinó- tampoco va a pasar. Primero porque no tienen gallardía para hacerlo, y en segundo lugar, porque tampoco están dispuestos a garantizar que esto no vuelve a ocurrir».

Matías Rojas – [email protected]