Aysén: Justicia condena a Carabineros por abuso laboral y exige indemnización

El Juzgado de Letras del Trabajo de Coyhaique acogió la demanda interpuesta por el ex sargento de Carabineros, José Martínez, quien denunció presiones del Alto Mando para mentir y proteger a los verdaderos responsables de los disparos que dejaron malherido al pescador aisenino Teófilo Haro en 2012.

El juez Óscar Barría Alvarado rechazó los argumentos de Carabineros y el Consejo de Defensa del Estado, estableciendo que el despido del funcionario derivó de una flagrante vulneración de derechos fundamentales, tales como el derecho a la vida, y el derecho a la integridad física y psíquica, por parte de la institución.

Los abogados demandantes lograron convencer al tribunal de que los oficiales superiores del ex sargento José Martínez se coludieron para acosar laboralmente al afectado, al punto de interferir en una comisión médica y rechazar sus licencias, agravando el estado psicológico del ex policía.

Los hostigamientos empezaron luego de una investigación interna incoada a raíz de la protesta del movimiento social “Aysén, tu problema es mi problema” entre los días 16 y 17 de febrero de 2012, donde resultaron heridos varios manifestantes. El sargento Martínez prestó declaración en el sumario en su calidad de conductor de un guanaco, sin que se lograra demostrar su participación en hechos de violencia arbitraria.

Sin embargo, el fiscal del sumario proveniente de Santiago, el coronel Leonardo Glade Pérez de Arce, trató de inducirlo para que cambiara su declaración y falseara los hechos, con tal de inculpar a otro carabinero en la agresión que le costó un ojo a Teófilo Haro. De esta forma se intentaba proteger, en contra de la voluntad del sargento Martínez, al teniente coronel Victor Follert Alarcón, comandante de la Prefectura de Coyhaique y verdadero autor de los ataques de balín contra Haro, según ha logrado determinar la Justicia Militar.

Como se lee en el fallo de los tribunales de Coyhaique al que accedió El Ciudadano, el magistrado coincidió con los abogados de Martínez, quienes aseguraron que “el teniente Nicolás Calderón Calderón, con el cargo de Subscomisario de la Subcomisaría de F.F.E.E. y jefe directo de nuestro defendido… comenzó a recargar de servicios a nuestro representado, no otorgándole días libres, lo citaba a su domicilio cuando estaba saliente de noche y lo hacía trabajar en su día de descanso”.

“En muchas ocasiones el teniente Calderón le ordenaba al Suboficial Pascual Pizarro, encargado de la oficina de operaciones policiales de la subcomisaría, que le cambiara el servicio al sargento Martínez sin previo aviso, lo hacía trabajar toda la semana durante el día, luego cuando llegaba el día sábado, lo colocaba de guardia de veinticuatro horas, y el día de descanso lo citaba a las 15:00 horas para el servicio de conductor de vehículos pesados”, manifestaron los juristas de la defensoría capitalina Equanime.

Como acto de intimidación, agregaron, “día por medio y tres a cuatro veces por día, personal de carabineros en los propios vehículos especiales que se utilizan ante manifestaciones y desórdenes públicos, concurrían hasta el domicilio de nuestro representado”. Esta situación, precisaron, “afectó a su grupo familiar”, a su cónyuge e hijos, quienes tuvieron temor a posibles represalias por las amenazas vertidas en contra del ex carabinero.

El fallo de primera instancia condenó a Carabineros de Chile a pagar al denunciante la suma de $15.267.606 por indemnización especial, regulada en el artículo 489 del Código del Trabajo.

Es importante señalar además que sobre Carabineros pesa una denuncia por la eventual falsificación de documentos aportados a la justicia en este caso, y que tienen que ver con tablas de servicios que debían estar suscritas por el suboficial Pascual Pizarro. “He logrado establecer que se aprecian firmas que me resultan incomprensibles”, certificó el ministro de fe del Juzgado de Letras de Coyhaique, Daniel Murphy Arcos.