El banco Julius Baer de Suiza reconoció ante la justicia de Estados Unidos haber lavado millones de dólares en sobornos para Julio Grondona, su familia, y otros dirigentes de la Conmebol, entre ellos el chileno Sergio Jadue.
Según consignó el diario La Nación de Argentina, la declaración está en el documento presentado por el banco suizo en la Corte Federal de Nueva York. Allí, se confirmaría el lavado de 25 millones de dólares para el fallecido Julio Grondona, ex timonel de la Asociación de Fútbol Argentina y ex vicepresidente de la FIFA.
Los recursos provenían del pago de sobornos que Grondona recibió a cambios de los derechos de televisión de las Copas del Mundo de 2018, 2022, 2026 y 2030. Estos pagos , agrega el reporte de La Nación, «fueron realizados por ejecutivos de Torneos y Competencias, entre ellos Alejandro Burzaco, quienes crearon sociedades pantallas para abrir cuentas en Suiza, acordando el pago de 30 millones de dólares a Grondona, representante de AFA y FIFA, por los derechos de televisación de los citados mundiales».
El banco reconoció también que realizó lavado de dinero en la Confederación Helvética (Suiza) y Estados Unidos para los herederos de Grondona, en julio de 2014, cuando falleció el ex mandamás del fútbol trasandino. Asimismo, informó que funcionó como nexo para realizar las mismas operaciones de lavado de millones de dólares para el presidente y vicepresidente de Conmebol en esa época, Ricardo Teixeira y Sergio Jadue, presidentes de las asociaciones de Brasil y Chile, respectivamente.
Según la información publicada por La Nación, Sergio Jadue recibió un monto de 400 mil dólares (más de 280 millones de pesos chilenos).
Finalmente, aparecen varios otros sobornos vinculados a los derechos de televisión de las Copas América, Libertadores y Sudamericana, esta vez, destinados a múltiples ejecutivos de Conmebol, tales como Nicolás Leoz, Eugenio Figueredo, Marco Polo del Nero, José María Marín y Romer Osuna.
De acuerdo al reporte de La Nación de Argentina, el banco Julius Baer acordó pagar casi U$S 80 millones -entre multa y decomiso- y someterse a un proceso de control y auditoría durante los próximos tres años, esto, como parte de un convenio suscrito con las autoridades del país norteamericano.