Con ocasión del Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura, que se conmemora este martes, el Parque por la Paz Villa Grimaldi realizó una ceremonia donde abordó la situación de la tortura en Chile. La deuda histórica del Estado con las personas flageladas por la dictadura cívico-militar y el reciente caso de apremios contra dos de los imputados por el asesinato de Margarita Ancacoy, concentraron las reflexiones en el histórico centro de detención.
El acto contó con la participación de la diputada Maite Orsini y de su par, Miguel Crispi, ambos de Revolución Democrática. También asistió la ex abanderada presidencial del Frente Amplio, Beatriz Sánchez. Los tres denunciaron el incumplimiento sobre la implementación del «Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes”, actualmente en segundo trámite constitucional.
Por otro lado, plantearon la necesidad de fortalecer la protección de las personas privadas de libertad, mediante un órgano nacional e independiente, que pueda monitorear efectivamente los lugares de detención siguiendo las recomendaciones del informe elaborado el año 2016 por el Subcomité de la ONU para la Prevención de la Tortura. Además, propusieron impulsar políticas educacionales que permitan instalar en las nuevas generaciones valores que impidan que la sociedad chilena siga aplicando la tortura en sus prácticas.
«En Chile, lo dicen organismos internacionales y nacionales, se sigue torturando en democracia. Por eso es tan importante tener una educación en derechos humanos (…) Hace falta una educación concreta en derechos humanos, que entendamos que se aplican a todas las instancias de la vida”, afirmó Beatriz Sánchez al finalizar la ceremonia en Villa Grimaldi.
La periodista aprovechó de referirse al caso de los dos ciudadanos ecuatorianos que fueron torturados en el penal Santiago Uno por otros reos. Las víctimas de apremios se encuentran en prisión preventiva por el asesinato a palos de la trabajadora Margarita Ancacoy en barrio República.
“Hay una confusión respecto a lo que significa un Estado de Derecho y que las personas cumplan condena por los delitos que hacen. Esto no es minimizar un delito brutal como el asesinato de Margarita, sino que esto tiene que ver con cuál es la respuesta del Estado frente a personas que cometen esos delitos brutales. ¿Nos vamos a transformar en ellos mismos o los vamos a mirar y dar una sanción que es social?”, criticó la ex presidenciable.
Para la diputada Maite Orsini, el 2018 ha sido de particular interés para los derechos humanos, a partir de la movilización feminista. “Es importante celebrar que este año que la Corte Suprema en un fallo de enero, ha reconocido como un delito de lesa humanidad las violaciones ejercidas por agentes del Estado a las mujeres y ha hecho de éste, por tanto, un delito imprescriptibles”, destacó la parlamentaria frenteamplista.
En tanto, el diputado Miguel Crispi, integrante de la comisión de DDHH y Pueblos Originarios, puso en relieve que la tortura «no solo ocurre en dictadura, sino que lo vemos todos los días; en las marchas estudiantiles, en el trato que tiene la fuerza pública con quienes se manifiestan (…) No hay marco ni circunstancia que permita que a un niño o una niña, a estudiantes, a mujeres y a trabajadores/as se violen sus derechos humanos”.