El Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) ha informado que en la región del Biobío existe la impresionante cantidad de 476.300 hectáreas de concesiones mineras, lo cual gráfica la magnitud de la explotación que se podría imponer en la región.
La información fue entregada luego de que una planta piloto de la empresa minera de Tierras Raras Biolantánidos se instalará a menos de 3 kilómetros de distancia de la ciudad de Penco, en pleno Gran Concepción (foto de portada).
De acuerdo a lo reportado por el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, después de que se realizara una petición de información de la Cámara de Diputados a la entonces Ministra de Minería, Aurora Williams, durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet.
En específico, en marzo del 2017, el diputado Roberto Poblete solicitó a Minería las concesiones mineras en la zona de la región del Biobío, en lo que se denomina como cordillera de Tricauco. Según OLCA, esta información pudo haber sido solicitada luego de que en esas fechas se conociera la noticia de que un particular, Barros Lecaros, había inscrito una gran cantidad de Concesiones Mineras en esta zona.
La empresa REE Uno Spa, también llamada Biolantánidos, ha materializado su interés en explotar yacimientos que consideraría rentables, particularmente en la cordillera de la costa al norte del río Biobío, y en la Cordillera de Nahuelbuta al sur del mismo. En su página web, además del proyecto en Penco, mencionan uno en la comuna de Santa Juana denominado Río Lía.
Desde el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), indican que la empresa REE Uno Spa tendría en el Biobío concesiones mineras correspondientes a 119.100 hectáreas, además de recalcar que particulares como Manuel Barros Lecaros se han adjudicado 151.400 hectáreas.
Así, solo en la región del Biobío habría la impresionante cantidad de 476.300 hectáreas de concesiones mineras. Incluso en comunas como Tomé están otorgadas 81.800 hectáreas, es decir, más que la superficie de toda la comuna, situación que se debe a qué los mismos terrenos han sido otorgados como concesiones mineras a diferentes titulares.
Desde 2011 hasta ahora, la empresa Biolantanidos ha estado realizando actividades de preparación y prospección minera en toda la zona costera de la provincia de Concepción, mediante exploración superficial, pozos exploratorios y pruebas metalúrgicas. Estos reportes realizados en base a sondajes y exploraciones que cualquier empresa amparada por la legislación vigente puede hacer sin consultar a las comunidades cercanas son ejecutadas bajo el argumento de que se realizan en terrenos privados. No deja de llamar la atención que estas exploraciones y sondajes se realicen de forma tan poco transparente y de espalda a las comunidades locales.
Un concepto clave en este entramado es el de Concesión Minera y Concesión Plena. Lucio Cuenca, director del OLCA, lo ha definido como «un conjunto de medidas que permiten que la concesión adquiera protecciones excepcionales, por ejemplo que las concesiones mineras son derechos reales e inmuebles, por lo tanto se pueden transar, se pueden arrendar y se pueden dejar en propiedad privada».
A esta propiedad se le otorgan una cantidad de protecciones que hacen que luego de que el Estado se las entregue a una empresa minera, es prácticamente imposible que el Estado pueda recuperar ese derecho de concesión, porque tendría que no solo compensar a la empresa por las inversiones que ha realizado, sino también por las ganancias que aún no han sido obtenidas por la empresa.
La concesión minera se sobrepone al dominio del suelo, inclusive en el caso de territorios indígenas, además se entrega de manera gratuita y a perpetuidad y no se respeta la preexistencia de comunidades y culturas. Estas concesiones se entregan sin Evaluación Ambiental previa, lo cual deja en plena libertad a las empresas, sin marcos que las regulen. Por último, Cuenca planteó que cerca del 41% del territorio nacional según Sernageomin se encuentra bajo el concepto de Concesión Minera con datos de 2013.
La minería en Chile es una actividad altamente beneficiada por las leyes del país, al ponerla por encima de muchas otras actividades económicas. Estas leyes fueron instaladas en plena dictadura cívico-militar a través de la imposición del marco constitucional, la ley de concesiones mineras y el código minero aprobados en la década de 1980. Este marco implicó tres características principales que son la privatización de la minería nacionalizada durante la Unidad Popular; la privatización del agua como un bien de consumo, y la facilitación que se le entrega a las empresas extranjeras en la inversión en minería.
Asimismo, la minería genera residuos que pueden llegar a ser altamente contaminantes como los relaves. Lucio Cuenca indica que diariamente se producen en Chile más de 1,4 millones de toneladas de relaves. En el caso de las mineras que se pretenden instalar en la región del Biobío, estas generarían relaves no solo con contaminación química como están acostumbrados penosamente en el norte del país, sino también con contaminación radiactiva.
Las 476.300 hectáreas de concesiones mineras en la región del Biobío son de exploración y explotación. Sin embargo aún requieren de una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) para funcionar. En la actualidad la empresa Biolantanidos ingresó un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) por lo que se está esperando su aprobación o rechazo por parte del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). Distintas organizaciones, comunidades y profesionales del Gran Concepción han manifestado su alarma ante este proyecto que podría degradar significativamente los ecosistemas y salud de la población de la región del Biobío.
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