Una serie de escándalos de corte político ha vuelto a poner el foco en la violación sistemática de los derechos de la niñez por el Estado chileno. Un escenario general que suele ser visto de un modo fragmentado, como aseguraron desde el Bloque por la Infancia, un conglomerado de organizaciones sin fines de lucro que trabajan por los derechos de niños, niñas y adolescentes en Chile.
La profundización de la crisis en el Servicio Nacional de Menores deriva de la oscura cifra de 185 niños y niñas muertas durante la última década, una estadística en rojo que sólo bajo la categoría de alerta logró llamar la atención de la opinión pública. Además, durante la semana pasada se fugaron 14 jóvenes del Centro Cread de Arica y se hizo efectiva la renuncia del director del Sename, Hugo Herrera.
Antes de eso, dentro y fuera del Sename, niños y niñas se mantenían y siguen expuestos ante un Estado que hace muy poco por protegerlos de distintas formas de violencia. Durante esta jornada, de hecho, el Consejo Nacional de la Infancia indicó que un 72% de los niños y niñas son violentados en el país. Por eso, llamó al desarrollo de un «cambio cultural» que permita la consagración de sus derechos.
«Pareciera que fuera algo fragmentada la situación de violación de sus derechos que viven los niños y niñas en Chile, pero es muy altísima. Unicef lo ha manifestado también muchas veces. Es la misma violencia y puede ser igual de alta si la comparamos a la violencia contra las mujeres, porque los niños también son un foco de violencia», enfatiza Nury Gajardo, vocera del Bloque por la Infancia.
Mientras en el Parlamento se desarrolló la tercera sesión de la comisión investigadora Sename Dos, los compromisos realizados por el Gobierno en la materia esperan, al igual que otras reformas comprometidas en campaña. En específico, el proyecto de ley de Sistema Garantías de Derecho de la Niñez, la creación de la Subsecretaría de la Niñez y la Defensoría de los derechos de la Niñez, ingresados en octubre de 2015 al Congreso.
LOS COMPROMISOS POSTERGADOS EN MATERIA DE INFANCIA
A juicio de las organizaciones que trabajan por la defensa y promoción de los derechos de niños, niñas y adolescentes, el Estado chileno no ha tomado en serio sus compromisos con la infancia.
Hay un marco general, ya que hace 26 años, Chile ratificó la Convención de los Derechos de los Niños, que se rige por cuatro principios fundamentales según lo establecido por Unicef: no discriminación, interés superior del niño, su supervivencia, desarrollo y protección, así como su participación en decisiones que les afecten.
«Nos preocupa que no se tomen en serio las reformas que Chile tiene que hacer en materia de infancia», enfatiza Nury Gajardo. Y agrega: «El proyecto está en discusión en la Comisión de Familia, lo que es extraño porque, desde la perspectiva nuestra, un proyecto que apunta a la consagración de los derechos humanos -porque pareciera que niños y niñas no tienen esos derechos- no debería estar en esa comisión. Lo ideal es que se hubiera centrado en la Comisión de Derechos Humanos«, afirma.
Los proyectos impulsados por el gobierno aún no salen del Parlamento, pero proponen la división del Servicio Nacional de Menores -para generar una mayor especialización-, así como la creación de un Servicio de Protección de Derechos que atenderá a menores vulnerados, que hoy se encuentran bajo el alero del Sename o de sus colaboradores, poniéndolos a cargo del Ministerio de Desarrollo Social. El otro organismo será el Servicio de Responsabilidad Penal Adolescente, que será tutelado por el Ministerio de Justicia.
La promesa de una nueva institucionalidad contempla otras iniciativas, como la creación de la Subsecretaría de la Niñez. En opinión de la vocera del Bloque por la Infancia: «este es un buen intento por reformar la institucionalidad, pero nos preocupa que esa subsecretaría no es un órgano rector, no tiene facultades ni recursos asignados, si los tuviera podría ver la protección y promoción de la niñez en Chile».
LA CONSAGRACIÓN DE TODOS LOS DERECHOS
Aunque la necesidad de abrir el debate acerca de los derechos de niños y niñas se ha propiciado ante la crisis del Sename, los especialistas aseguran que es una situación transversal, que requiere hablar del modelo económico y de la indiferencia a la violación de los derechos de la infancia.
Por ello, recalca el Bloque por la Infancia, antes de aprobar cualquier modificación directa al Servicio Nacional de Menores, es necesario contar con la promulgación de la ley marco que pueda entregar una referencia y dirección sobre el panorama en general. «Generalmente se mira y analiza la situación desde la vulneración y el daño ya realizado a los niños. Nosotros vemos que la niñez se invisibiliza y omite», apunta.
Recientemente, denuncian, la renunciada directora del Sename, Marcela Labraña, cerró 40 proyectos de prevención y promoción de los derechos de la infancia, debido a que «no eran de la línea» de la institución. Gajardo enfatiza que «este era el único servicio que había que respondía a las líneas generales. En las comunidades ya no hay oferta. ¿Quién se preocupa de los territorios más pobres de Chile? Hay un abandono y hay más violencia, una situación de abuso de los derechos de la niñez».
Las reformas, hoy estancadas, requieren de voluntades políticas y de la atención de toda la ciudadanía sobre un problema que suele preocupar desde el daño ya causado. Además, también se vuelve necesaria una revisión de la consagración de los derechos de la infancia, entre los que el Estado también debe apuntan a garantizar el acceso a demandas sociales de los pueblos, como la educación y la salud, tanto para niños y niñas chilenos, como para la infancia indígena y migrante.
«El Estado de Chile abandonó a los niños y niñas. Hay un abandono, son 26 años de la Convención y Chile no ha adecuado su legislación, no hay institucionalidad, no hay defensor. El Estado llega sólo con promesas a las Naciones Unidas», cerró la vocera del Bloque por la Infancia.