Borrar para olvidar, olvidar para gobernar

Por Roberto Fernández Droguett

Hace ya tiempo que el Gobierno ha desarrollado una política sistemática de borramiento e invisibilización de las huellas y memorias de la revuelta. Hace meses que la Alameda ha sido pintada de negro y plomo para borrar grafitis, rayados y murales, desde Plaza de la Dignidad hasta Estación Central, y luego se destruyó el Jardín de la Resistencia, lugar de memoria y encuentro que manifestantes y vecinos habían habilitado en la salida principal de la estación del Metro Baquedano. El lugar fue completamente tapado y reemplazado por una pequeña entrada.

Sin embargo, el borramiento reciente del Memorial de Lxs Caídxs es una afrenta mayor, profundamente dolorosa e irrespetuosa de las memorias de la revuelta. En ese lugar, el 27 de diciembre de 2019, Mauricio Fredes cayó a un foso y murió en circunstancias no del todo aclaradas, mientras intentaba huir de la habitual represión policial de todos los viernes. Esa misma noche, manifestantes y vecinos pusieron velas en el lugar y al otro día levantaron un memorial en su homenaje, el que se transformaría en uno de los espacios más emblemáticos de la revuelta. En muchas ocasiones, Carabineros y funcionarios municipales destruyeron el lugar, pero el memorial se volvió a levantar cada vez.

En los últimos años, el memorial contemplaba varias intervenciones visuales en recuerdo ya no solamente a Mauricio Fredes, sino a todxs los caídxs de la revuelta. Si vemos una imagen de 2020, el memorial era un espacio lleno de vida, objetos y colores que permitía el recuerdo, el homenaje y el encuentro.

Durante julio de este año, el memorial fue completamente eliminado, transgrediendo completamente el carácter simbólico del lugar, pero las personas han vuelto a escribir frases como: “La memoria no se borra”. Los intentos de borramiento implican una violencia simbólica y una estrategia política de invisibilización del pasado, que violenta profunda y dolorosamente a la ciudadanía que se movilizó durante ese periodo.

¿Qué puede explicar un acto de tan poca sensibilidad por parte de las autoridades? Si consideramos que el borramiento de la memoria siempre dice relación con el intento de instalar el olvido colectivo de un pasado conflictivo, en este caso la revuelta y las violaciones a los derechos humanos perpetradas por agentes del Estado, este esfuerzo antimemorial se inscribe sin duda en una higienización de la mayor parte de las fuerzas políticas que componen el Gobierno respecto de un pasado que les resulta profundamente incómodo.

Pese a que muchas de estas fuerzas políticas provienen de tradiciones de cierta radicalidad política y una fuerte crítica a los gobiernos concertacionistas, y muchas de ellas protagonizaron movilizaciones tan importantes como las de 2011-2012, su acomodo a la institucionalidad y la renuncia a sus principios y propuestas ha implicado un modo muy particular de gestionar los temas de conflictividad social, que incluye por cierto el borramiento y el olvido de ese pasado incongruente con sus posiciones actuales.

Como han documentado distintos medios de prensa, este gobierno es el que más ha enviado leyes represivas y más ha apoyado a Carabineros, pese a la corrupción existente en la institución y su involucramiento en las violaciones a los derechos humanos. Asimismo, la revuelta prácticamente no está presente en los discursos oficiales, salvo para denostarla, mientras que ha habido un abandono sistemático de las víctimas, particularmente de las personas con mutilaciones oculares, varias de las cuales se han suicidado en el último tiempo.

El olvido fue una política bastante sistemática de los gobiernos posdictatoriales para asegurar su permanencia en el poder. Recién en los gobiernos de Lagos y Bachelet se implementaron ciertas políticas de memoria que tuvieron el mérito de inscribir en el espacio público los recuerdos de la dictadura y de sus víctimas a través de la construcción de memoriales en todas las regiones del país, pero esto se hizo de forma bastantea acotada y con un mínimo apoyo sostenido en el tiempo. Luego, tanto la derecha como este gobierno han procurado distinguir sistemáticamente la violencia de Estado perpetrada en la revuelta con las violaciones a los derechos humanos, por ejemplo, bajándole el perfil al señalar que no fueron sistemáticas ni producto de una política institucional.

De este modo, el borramiento del memorial se inscribe claramente en una política más general de promoción forzada de un olvido que le permite al Gobierno separarse no solamente de la revuelta, sino también de su propio pasado.

Por Roberto Fernández Droguett

Académico Departamento de Psicología, Universidad de Chile; integrante del Programa Psicología Social de la Memoria y del Grupo de Trabajo CLACSO Memorias Colectivas y Prácticas de Resistencia.

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