“Hemos observado un deterioro en la calidad de las investigaciones por parte de la PDI y un incremento en la demora del cumplimiento de las órdenes de investigar”. Así indica el Proyecto de Resolución (PR) encabezado por la diputada comunista de la región de Coquimbo, Nathalie Castillo, quien solicitó al Presidente Gabriel Boric la extensión en todo el territorio nacional de la Brigada Investigadora de Delitos contra los Derechos Humanos (BRIDEHU) de la Policía de Investigaciones (PDI), la que actualmente opera solo en la capital del país.
Los fundamentos del documento apuntan principalmente a la falta de dotación policial especializado en el resto de las regiones cuando estas requieren la venida de funcionarios que investiguen y pericien causas vinculadas a violación de derechos humanos. En esa línea, aseguran que durante el segundo gobierno del ex presidente Sebastián Piñera se desmanteló aquella unidad, redestinando integrantes a otras unidades.
Asimismo, observan que, en aspectos generales, han detectado un deterioro en la calidad de investigaciones por parte de la PDI así como un “incremento en la demora del cumplimiento de las órdenes de investigar”.
En particular, señalan los casos donde están involucrados funcionarios de las policías, no se le da “importancia a ciertos delitos cometidos por Carabineros de Chile, tales como falsificación de instrumento público cometido por funcionarios policiales en el intento de ocultar los delitos cometidos”.
En este contexto, citan lo ocurrido en la ciudad de La Serena, donde una funcionaria perteneciente a la dotación de la Brigada de Investigación Criminal –explican- se le habría entregado una evidencia en mayo del 2020, consistente en una esfera de goma color negra hallada por personal del hospital de la ciudad. En la causa RUT 8973-2019 del Juzgado de Garantía se investiga el delito de apremios ilegítimos con resultado de lesiones gravísimas contra Felipe Mellado Caneo (quien perdió la visión total de su ojo derecho durante la revuelta social) por parte de Carabineros de Chile.
La responsabilidad del material extraviado -única evidencia- recayó en la funcionara policial, según el oficio n°15 del Jefe Región Policial de Coquimbo, Ricardo Gatica Aliaga.
“Es fundamental poder contar con Brigadas investigadoras de delitos contra los derechos humanos en todo el territorio nacional a fin de dar mayor celeridad a las investigaciones, así como también mejorar la calidad de estas”, destaca la diputada Castillo. El proyecto fue firmado por el diputado Matías Ramírez, las diputadas María Candelaria Acevedo, Carmen Hertz, Ana María Gazmuri, Camila Musante y Lorena Pizarro.
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