María Josefina Palma es abogada y coordinadora nacional del Área de Educación e Interculturalidad del Servicio Jesuita a Migrantes, JSM, una organización sin fines de lucro que promueve y protege la dignidad y los derechos de las personas que migran a Chile. “El ministerio de Educación como en un acto de buena voluntad o sin entender bien cuál es el rol del Estado, como protector de los derechos de las personas, lo que hizo fue inventar un RUT ficticio, que es este RUT 100, para permitir que los niños se matriculen provisoriamente”, explica Palma.
La profesional, agrega que se trata de un RUT provisorio, en el que la matrícula también es provisoria. “Hoy estamos viendo que lejos de ser una solución es una marca de exclusión para estos niños, pues terminan siendo niños de segunda categoría frente a los niños de la misma sala”, advierte María Josefina Palma.
En el estudio llamado la Nutrición y el Rendimiento Escolar, realizado por Ernesto Pollitt y publicado por la Unesco en 1984, se pone en evidencia cómo y cuánto afecta en el rendimiento de un niño o niña en etapa escolar el no tener acceso a una alimentación adecuada. Chile ha firmado y ratificado la Convención Internacional de los Derechos del Niño en el que se asegura el acceso a la educación, sin discriminación por origen o nacionalidad. Sin embargo, la realidad es aún muy lejana.
“El comité que vela por el cumplimiento de los derechos de los niños dijo, claramente, en el año 2007, que Chile como Estado parte, miembro y que ratifica la convención, no puede seguir supeditando el goce de los derechos a la educación y a la salud a través de trámites administrativos, que es lo que sigue haciendo”, dice Palma.
Pero no es sólo la discriminación cotidiana lo que les preocupa a las profesionales del Servicio Jesuita Migrante, sino que también la urgencia de terminar con el RUT 100 antes del 4 de octubre, día en que finaliza el período extraordinario de inscripción a la Prueba de Selección Universitaria (PSU), y la que hasta hoy, todos los estudiantes migrantes de 4º Medio con este RUT provisorio no tienen derecho.
“Ellos no pueden inscribirse, no pueden rendir la PSU y con esto no sólo vulneramos el derecho a que puedan seguir educándose, sino que además, de alguna manera, no estamos reconociendo la educación que ellos recibieron en el país. Es como negarnos a nosotros mismo también. A pesar de que cursó todos los planes y programas del ministerio de Educación de Chile y, probablemente, por un tiempo considerable, no le permitimos acceder a la educación superior”, dice Marcela Correa, Coordinadora de incidencia del Servicio Jesuita a Migrantes.
Es decir, el Estado concede un solución provisoria que no soluciona nada, sino que sólo profundiza la precariedad en que se encuentran los estudiantes. Un problema directamente ligado a la ausencia de una Ley Migratoria que se ajuste a las necesidades actuales del país.
Correa insiste en la falta de consistencia de esta medida, pues “el RUT 100 y la matrícula provisoria, que están ligadas, son actos administrativos que se suman a esta ley antigua que es obsoleta, que es del año 75 y está basada en la Ley de Seguridad del Estado y que ve al otro como una amenaza y que no entiende este proceso de globalización. Es la esquizofrenia que tiene el país de pertenecer a la OCDE, hablar de un mundo globalizado, comprar en China, traer a Chile, pero las personas no se pueden mover”.
Por eso el Servicio Jesuita a Migrantes está comprometido y dedicado a llevar a cabo esta campaña que pretende reunir el apoyo necesario antes de que termine el plazo de inscripción a la PSU.
Vía: Radio Universidad de Chile