La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el proyecto de acuerdo presentado por un grupo de parlamentarios de diversas bancadas de la oposición, para recurrir como corporación al Tribunal Constitucional, con el objeto de que se declare inconstitucional el decreto de licitación del litio impulsado por el Gobierno del presidente saliente, Sebastián Piñera.
El documento fue presentado por los parlamentarios Esteban Velásquez, Jaime Mulet y Alejandra Sepúlveda del FRVS; Luis Rocafull, Raúl Saldívar y Gastón Saavedra del PS; Tucapel Jiménez, Carolina Marzán, y Raúl Soto del PPD; Daniel Núñez (PC), René Alinco (Independiente), Félix González (Ecologista Verde) y Daniel Verdessi (DC), quienes argumentan que la mencionada licitación que establece contratos especiales de operación para la exploración, explotación y beneficio de yacimientos de litio, producirá como resultados infracciones constitucionales a «normas fundamentales».
En primer lugar, los diputados plantean que existe una «vulneración al artículo 19 número 24 de la Constitución, que señala que la propiedad afectada con el llamado a licitación para la explotación de 400 mil toneladas de litio afecta directamente el patrimonio de todos los chilenos, debido a que las grandes reservas mundiales del litio se encuentran en nuestro país», refiere El Desconcierto.
En este punto, el acuerdo señala que éste «es una de las materias primas más codiciadas en el mercado mundial, debido a que se pueden fabricar baterías de iones de litio, y reemplazar los combustibles fósiles por energía eléctrica gracias a este mineral».
También indica que el valor que implica la licitación no está claro y que afectará, sin duda, el erario público de la nación y, por ende, a todos los chilenos.
Otro de los puntos que señalan es que el contrato carece de una fiscalización y supervisión de la utilidad operacional, ya que el Estado constituye al “contratista” como su propio supervisor, ya que él debe entregar información que sirva de base para los efectos del cálculo del pago al mismo Estado.
Por último, argumentan que el proceso en sí es «una verdadera amenaza para los intereses de la nación».
«Tomando en consideración la importancia que reviste este mineral no metálico para el futuro del país, su explotación a gran escala debe promoverse con seriedad y estricto apego a la legalidad vigente (…) llevar a cabo un proceso de licitación donde se pretende explotar el mineral a gran escala infringe los principios de eficiencia y eficacia y arriesga la existencia de un sistema que será antinómico», afirmó el documento.
Ante estos argumentos, los parlamentarios consideran necesario solicitar la suspensión inmediata del proceso de licitación.
La decisión se toma una semana después de que el Ministerio de Minería notificara la adjudicación del proceso a las empresas BYD Chile SpA y Servicios y Operaciones Mineras del Norte S.A., a las cuales se les confirieron dos de las cinco cuotas que se ofrecían.
La decisión del ministerio ocurrió justo dos días antes de que venciera el plazo para conceder la producción de hasta 400 mil toneladas de litio metálico equivalente, dividido en cinco cuotas de 80 mil toneladas.
«Amenaza a los intereses de la nación»
En este sentido, el diputado independiente y principal impulsor de este requerimiento, René Alinco, saludó que un grupo de parlamentarios de diferentes bancadas se hayan puesto de acuerdo para presentar un acuerdo para frenar el proceso de licitación de litio.
“La obligación nuestra como diputados y diputadas es defender los intereses de la patria, las riquezas naturales de Chile, por eso de ahora en adelante producto de esta votación con amplia mayoría, será la Corporación la que recurrirá al Tribunal Constitucional. Estamos muy satisfechos con esta votación, porque podemos decir que la Cámara se puso las pilas, y va a defender los intereses de todos los chilenos y chilenas hasta las últimas consecuencias”, recalcó Alinco, citado por El Desconcierto.
Para la diputada Carolina Marzán, la licitación del litio «afecta el patrimonio de todos los chilenos y amenaza intereses de la nación».
Señaló que “lo que quiere hacer el gobierno del Presidente Piñera es absolutamente atentatorio al obviar la realización de una consulta indígena, ya que se están interviniendo áreas de comunidades indígenas. Además se está pasando a llevar el derecho de vivir en un ambiente libre de contaminación. Claramente se quiere estrujar el país sin medir en profundidad los efectos que pueda tener la licitación de este mineral. Tenemos que decir basta. Valoro lo que ha ocurrido hoy, porque la mayoría de los diputados y diputadas nos hemos unido para poder acudir al TC y rechazar el accionar del gobierno en esta materia“.
En esta misma línea, la jefa de bancada FRVS, Alejandra Sepúlveda, calificó como una buena señal la de colocar en los tribunales esta medida, que es considerada inconstitucional no solo por un grupo de parlamentarios, sino por toda la Cámara Baja.
“Para nosotros esto es fundamental, ya que una arista es lo que está pasando en tribunales, en el Poder Judicial; una segunda arista es lo que está pasando aquí con los proyectos de ley, pero la tercera es lo que pueda ocurrir ahora además en el Tribunal Constitucional, a partir de esta presentación institucional, no de diputados que firman este requerimiento, sino que es la propia Cámara de Diputados a través de esta votación que hemos ejercido el día de hoy”, aseveró, citada por El Desconcierto.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Minería, Esteban Velásquez, destacó que el apoyo obtenido en la Cámara Baja al requerimiento, “tiene mucha importancia porque aquí está la variedad de pensamiento del territorio”, y explicó que “fundamentalmente nuestra presentación apela a que hoy día hay un contexto social, político y económico que exige dar la pelea por nuestros recursos naturales, sobre todo cuando a la vuelta de la esquina está la nueva Constitución”, cita El Desconcierto.
“Hoy día los territorios están demandantes en términos de empoderamiento y ya tenemos argumentos suficientes en las cortes respectivas que han manifestado que lo que ayer no resultaba un argumento necesario, pertinente, hoy día tiene valor. Me refiero a impactos medioambientales, al reconocimiento de las comunidades que, además, viven respecto a la cosmovisión que tienen y que se va a ver impactada producto de esta explotación de los salares. Este conjunto de temas ha ido adquiriendo fuerza, hemos dicho, en las cortes, en los tribunales y confiamos hoy día que el TC también lo pueda confirmar”, agregó Velásquez.
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