Cámara aprobó en general y particular «mala Ley de Patrimonio» impulsada por Piñera

La Sala de la Cámara aprobó, en general y en particular, el proyecto de Ley de Patrimonio enviado por el actual Gobierno. 

La votación alcanzó 62 votos a favor, 53 en contra y 3 abstenciones en las disposiciones generales. Mientras que las normas de quórum calificado, referidas a atribuciones de tribunales, alcanzaron 64 votos a favor, 51 en contra y 2 abstenciones, por lo que fueron rechazadas al no alcanzar el mínimo requerido (77 votos). De este modo, el proyecto pasó al Senado.

Ca recordar que durante la sesión del 19 de enero de la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones de la cámara baja -donde se discutía el proyecto de ley- fue impuesta por el Ejecutivo la urgencia de su “discusión inmediata” mediante oficio previo lo que significó que su discusión pasara a la Comisión de Hacienda sin un informe de su debate en particular y dejando de lado las indicaciones que se habían hecho.

Según el gobierno saliente de Piñera, el objetivo de la iniciativa es la regulación de la identificación, reconocimiento, protección, salvaguardia, promoción y difusión del patrimonio cultural. Sin embargo, ha suscitado fuertes críticas desde distintos agentes y organizaciones patrimoniales y del mundo de la cultura ya que carecería de legitimidad puesto que no contempló un proceso previo de consulta indígena y deja totalmente de lado la discusión constitucional que se está llevando a cabo en la Convención.

Durante el debate en la Cámara, las diputadas Marisela Santibáñez (PC), Emilia Nuyado (PS) y Caroilina Marzán (PPD) manifestaron su rechazo al proyecto por la no realización de la consulta indígena de acuerdo al Convenio 169, comprometida por la cartera de cultura. También, lamentaron que la calificación de urgencia haya invisibilizado el acucioso trabajo de la Comisión de Cultura, que escuchó a cientos de organizaciones, que se oponen  a la iniciativa. Finalmente, se anunció reserva de constitucionalidad.

Llamado a movilización ciudadana

La aprobación en la Cámara de la iniciativa impulsada por Piñera, generó indignación y rechazo por parte de organizaciones como la Asociación Chilena de Barrios y Zonas Patrimoniales, que llamaron a la ciudadanía a movilizarse para que el «mal proyecto» no llegue a trámite final.

«Con gran preocupación hemos visto hoy, como se aprobó en general la ley de patrimonio cultural del gobierno de Sebastián Piñera, en la Cámara de Diputados. La votación fue 62 a favor, 53 contra y 3 abstenciones. Ahora pasa al Senado, a 8 días del cambio de gobierno. Hacemos un llamado a todas las comunidades del patrimonio a movilizarse, para que este mal proyecto de ley de amarre no llegue a su trámite final. En las próximas horas haremos la convocatoria junto al Frente del Patrimonio», señalaron.

Amarre de Piñera

De hecho, desde el Frente del Patrimonio habían alertado que la iniciativa de ley del Gobierno saliente busca ser impuesta a los diversos pueblos y comunidades.

Señalan que la iniciativa legislativa pasó por encima de las exigencias y obligaciones jurídicas del Estado de Chile, respecto a cumplir con las normas vigentes del derecho internacional sobre los pueblos indígenas, en particular el Convenio N°169 de la OIT sobre Consulta indígena y la Declaración de la ONU sobre los pueblos indígenas.

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Con relación a los aspectos técnicos, políticos y de fondo, explicaron que se trata de un proyecto que busca beneficiar a los intereses empresariales y tiende a politizar la institucionalidad patrimonial al favorecer su centralización.

«El “amarre” a la Ley de Patrimonio se produciría porque aun siendo rechazado este proyecto de ley en el Congreso, tendría efectos negativos ya que el Gobierno electo de Gabriel Boric no podría presentar en un nuevo proyecto sobre esta materia en el plazo de un año», advirtieron.

En enero pasado denunciaron que el informe técnico que se envió a la Comisión de Culturas de la Cámara de Diputados, fue realizado por el propio Ejecutivo, específicamente por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

Este documento sirvió de base para que el subsecretario General de la Presidencia, Máximo Pavez y el subsecretario del Patrimonio Cultural, Emilio de la Cerda Errázuriz, señalaran que debido al carácter general de la ley, no haría necesaria la consulta indígena.

“Los parlamentarios de la Comisión de Cultura, sobre la base del informe técnico que entregó el experto asesor en legislación internacional de la Biblioteca Nacional del Congreso, exigieron al Ejecutivo la realización de la consulta indígena, lo que el gobierno se negó”, señala una carta de Frente por el Patrimonio.

En esa oportunidad, acusaron que en plena discusión en la Comisión de Culturas de la Cámara de Diputados, se ingresaron indicaciones como una “maniobra y operación política de amarre de último minuto”,

“El Ejecutivo representado por el Subsecretario de la Presidencia, el subsecretario del Patrimonio en complicidad con el diputado Luciano Cruz Coke, ex Ministro de Cultura del primer gobierno de Piñera sobre la base de colocar urgencia de ‘discusión inmediata’ al proyecto, mediante oficio de la Mesa de la Cámara, lograron ‘sacarlo reglamentariamente por secretaría’ a la Comisión de Hacienda de dicha Corporación”, condenaron.

Finalmente el proyecto se envió sin el informe que debía incluir la discusión, propuesta y opiniones de las organizaciones del patrimonio, realizadas al interior de la Comisión de Cultura, las que mayoritariamente, según señalan, se oponían al proyecto por las razones anteriormente señaladas.