En forma unánime, con 137 votos a favor, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que crea un nuevo Servicio de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas de Delitos.
La iniciativa, que se impulsó tras el asesinato de un joven de San Antonio en 2008, pasó al Senado.
Esta nueva institucionalidad contará con un presupuesto de alrededor de 13 mil millones de pesos y otorgará asesoría, representación jurídica y atención integral a las víctimas de delitos.
Tras la votación, la diputada Camila Rojas (Comunes), valoró la aprobación destacando que «el acceso a la justicia es un derecho fundamental que garantiza que todas las personas puedan recurrir al sistema con la posibilidad de obtener tutelas jurídicas de sus derechos y una respuesta efectiva a sus necesidades legales».
Para la parlamentaria, la creación de esta institución como un servicio descentralizado dotado de personalidad jurídica, de patrimonio propio y además sometido a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos, «es una necesidad y tenemos que cumplir con aquello».
El proyecto de ley, según explicó la diputada Rojas, crea al alero de este servicio la Defensoría de las Víctimas de Delito, «y es crucial que, a través de esto, además se van a consolidar los dos principales programas públicos que hoy existen, que son los CAP, los Centros de Atención Integral a Víctimas, y también el Programa de Apoyo a Víctimas».
«Eso va a permitir generar un modelo de desarrollo común de intervención que precisamente va a buscar mejorar la atención a las víctimas de delito», sostuvo Rojas.
Aumento de recursos
«Este proyecto partió con mil millones, se aumentó a dos mil millones en la administración anterior. Este gobierno le puso trece mil millones, eso es clave. Por lo tanto, creo que es fundamental ese aumento sustantivo de recursos, precisamente para que este proyecto sirva a las personas. Así que agradezco, por supuesto, al ministro y al gobierno del Presidente Gabriel Boric», agregó la diputada Rojas.
Familiares de Alejandro Martínez
Durante la sesión, la diputada Rojas agradeció la presencia en las graderías de Margarita González y Víctor Martínez, madre y padre de Alejandro Martínez, quien fue cruelmente asesinado en San Antonio en el año 2008.
«Esto ya fue hace 15 años y, tanto Margarita como Víctor, han dado una incansable lucha, precisamente para que exista una defensoría de las víctimas y para que las familias que enfrentan crímenes de este carácter no queden ante el desamparo y la falta de representación que ellos vivieron», cuenta la legisladora oriunda de San Antonio.
Por su parte, Víctor Martínez, padre de la víctima a quien alude el nombre de la ley, indicó que «nosotros el año 2009 nos hicimos el propósito de que las víctimas tuvieran una defensoría, ya que en el caso de nosotros no tuvimos nada, absolutamente nada, y teníamos que contratar a un abogado particular. A lo que yo siempre dije, ¿por qué para hacer justicia había que contratar a un abogado particular? Cuando debiera el Estado proporcionarnos un defensor».
«A nosotros siempre nos dijeron que estaba el fiscal, pero el fiscal es un defensor del Estado, no de las víctimas», afirmó Víctor Martínez.
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