Cámara aprueba informe que revela graves fallas en protocolos contra abuso y acoso sexual en el deporte

Por la unanimidad de 131 votos, la Sala de la Cámara aprobó el informe de la Comisión Especial Investigadora sobre agresiones sexuales en el deporte.

La instancia fiscalizó las infracciones al protocolo del Decreto Supremo 22, del Ministerio del Deporte, establecido en la Ley 20.686, el cual establece el deber de contar con un protocolo contra el acoso sexual, abuso sexual, discriminación y maltrato en la actividad deportiva nacional.

Asimismo, abordó un conjunto de casos donde resultaron ser víctimas personas ajenas al deporte, pero cuyos agresores sí son deportistas.

 El informe que plantea la necesidad de potenciar y hacer efectivos los protocolos de prevención,es producto de un trabajo de investigación que surgió a raíz del denominado «Caso Cobreloa».

Sobre este caso, El Ciudadano publicó un reportaje por la denuncia por el delito de violación que habría ocurrido durante la noche del 17 de septiembre de 2021 en la Casa Naranja, residencia de cadetes del equipo.

En esta investigación se entregaron detalles inéditos sobre el caso y se reveló que desde el club no activaron los protocolos el Ministerio del Deporte hasta recibir la instrucción de la ANFP en enero de de 2023, dejándose entrever un encubrimiento, ya que los hechos podrían perjudicar al equipo.

De acuerdo a los antecedentes recogidos en el reportaje, el director técnico de la época -Luis Fuentes- pidió no decir nada incluso a la dirigencia. Fernando Ramírez, expresidente de Cobreloa, se enteró de la situación y pidió realizar una investigación que no tuvo ningún resultado.

Ante este escenario, el informe de la Comisión Especial Investigadora, propone implementar un conjunto de cambios legales, entre los que fgura la obligatoriedad de que las autoridades públicas o privadas concurran a las comisiones investigadoras.

Asimismo, da cuenta de los errores que cometieron diversas instituciones como el Ministerio Público y la Policía de Investigaciones (PDI), al no considerar la denuncia de una víctima.

De igual modo, acuerda remitir los antecedentes y conclusiones a diversos organismos e instituciones, entre ellas, el Presidente de la República, la Conmebol, FIFA y el Ministerio Público, entre otros.

Conclusiones del informe

Tras la investigación desarrollada, el informe concluyó que al transcurrir cuatro años de la puesta en marcha del protocolo, existe una grave falta de capacitación y capacidad de acción de los responsables institucionales frente a este tipo de denuncias. En concreto, se constataron deficiencias en la prevención, fiscalización y especialización de los responsables institucionales.

También evidenció que no se respeta el principio de no revictimización, al no abrodar de manera correcta la situación vulneratoria, así como la existencia de conflictos de interés respecto de la figura del responsable de cada club y pactos de silencio institucionales.

El texto también hizo mención al el preocupante desconocimiento y deficiencia en las sanciones establecidas. A lo que se suma, la insuficiencia de los protocolos internos, ante casos que involucran a terceros no vinculados a organizaciones deportivas.

El documento expuso la existencia de un incumplimiento grave en las obligaciones legales del Ministerio Público y la Policía de Investigaciones, instituciones que, en el denominado «Caso Cobreloa», no actuaron con la celeridad requerida.

Medidas de reparación y garantías de no repetición

Ante la situación descrita, el informe propone mejorar la recopilación y el registro de la información sobre los niños, niñas y adolescentes (NNA) que asisten a las organizaciones deportivas, esto con elñ propósito de optimizar el proceso de envío de información y difusión del decreto 22 entre los menores que participan en las organizaciones deportivas y sus familias.

Con relación a las medidas de reparación y garantías de no repetición, el texto plantea la necesidad de evaluar la sanción por la falta o falencias de los protocolos, incorporando criterios restaurativos para reparar los daños causados.

Asimismo, hace un llamado revisar el rol y reforzar la capacitación de quienes actúen como responsables institucionales, chequear los antecedentes de federaciones, organizaciones y personas a quienes el Estado transfiere recursos, proponer el establecimiento de plazos breves y eficaces para la tramitación de denuncias y fijar garantías de confidencialidad y no revictimización.

Entre otros aspectos, el informe solicita al Presidente de la República la presentación de un proyecto de ley que crea un tribunal nacional de arbitraje deportivo. Esta legislación estableciería las bases para constituir un sistema disciplinario mucho más moderno, institucional y que implique mejorar o perfeccionar la institucionalidad actual.

También propone reformar la ley orgánica constitucional del Congreso, para que las personas citadas a las comisiones investigadoras estén obligadas a comparecer y prestar su declaración bajo distintos apremios o sanciones, ya que la presencia de personas particulares hoy es voluntaria.