La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados admitió este martes a trámite el proyecto que permite el tercer retiro del 10% de ahorros previsionales, iniciativa que fue ingresada por los diputados de oposición René Alinco (IND), Jaime Mulet (FRVS), Alejandra Sepúlveda (FRVS) y Esteban Velásquez (FRVS).
El proyecto de reforma constitucional faculta a los afiliados y pensionados de las AFP a efectuar un retiro de hasta un 10% de sus fondos. Así también, establece que el Estado deberá emitir un bono de reconocimiento que se abonará a los afiliados y pensionados que hagan retiros para no mermar su pensión.
La moción establece como monto máximo el equivalente a 150 UF y un mínimo de 35 UF.
“En el evento de que el 10% de los fondos acumulados sea inferior a 35 unidades de fomento, el afiliado podrá retirar hasta dicho monto. En el caso de que los fondos acumulados en su cuenta de capitalización individual sean inferiores a 35 unidades de fomento, el afiliado podrá retirar la totalidad de los fondos acumulados en dicha cuenta”, señala la iniciativa.
El proyecto fue derivado a la Comisión de Constitución de la Cámara Baja, por lo que podría ser revisado durante la próxima semana.
Cabe recordar que una iniciativa de tercer retiro fue declarada admisible por la Cámara en diciembre, con lo que esta se convierte en la segunda.
«Partimos muy bien este año legislativo. La Cámara declaró admisible el proyecto y el proyecto fue remitido a la Comisión de Legislación, Constitución y Justicia. Lo que para nosotros es muy importante porque obviamente propiciamos este tercer retiro«, señaló el diputado Jaime Mulet.
Sin embargo, el diputado y presidente de la Comisión de Constiución de la Cámara Baja, Matías Walker (DC), advirtió que el proyecto será declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional.
«Si yo pongo en tabla un tercer retiro, la gente se va a ilusionar con que eso sea posible y todos sabemos cuál es el problema: no va a pasar el Tribunal Constitucional. El TC ya ha dicho, en un fallo dividido, que eso es iniciativa exclusiva del Presidente de la República«, recordó el parlamentario.
De hecho, el gobierno reiteró su rechazo a la iniciativa y aseguró que en caso de que avance volverá a recurrir al Tribunal Constitucional.
“Respecto al tercer retiro, lo hemos dicho, se trata de una mala política pública. Se trata de una política pública que lo único que hace es cualquier reforma a las pensiones no logre el objetivo que es mejorar las pensiones de los chilenos”, dijo el ministro Secretario General de la Presidencia, Juan José Ossa.
“Nos parece que se trata de una política inconstitucional. Así ya ha sido zanjado por una situación extremadamente similar, por parte de quienes les corresponde determinar estas materias, que es el TC. En esa línea, por supuesto que el gobierno recurrirá al TC en su oportunidad”, subrayó.
«La inmensa mayoría de los parlamentarios sabe que una política como ésta tiene grandes posibilidades de ser impugnada por el TC y si así es, entonces, ¿por qué la impulsamos? ¿Se trata de hacer un punto político? ¿Se trata de hacer un punto político en año de elección?”, añadió
Ossa cuestionó la finalidad del tercer retiro, si el presidente Sebastián Piñera «ya ha afirmado que en los próximos días, además del aumento del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), se anunciarán nuevos paquetes ayuda a los hogares más vulnerables».
En la misma línea, el ministro vocero de gobierno Jaime Bellolio indicó que “entendemos que millones de personas lo han pasado pésimo durante el año 2020 y algunos no han recuperado sus trabajos en el 2021 y de ahí que el Presidente anunció la extensión del IFE”
«El TC ya dijo que este proyecto, el que se había presentado antes pero este es exactamente igual, es inconstitucional, nosotros esperamos que el Congreso, habiendo un fallo del TC clarísimo en esta materia, 7 a 3, que dice que es iniciativa del Presidente, lo falle así”,acotó.
La posición del Gobierno no es nueva en la materia, ya que llevó al Tribunal Constitucional el proyecto del segundo retiro de los ahorros previsionales y, en aquella instancia, el TC falló a favor del Gobierno, anulando la propuesta presentada por la diputada Pamela Jiles (PH).