Canciller Antonia Urrejola sobre firma de Acuerdo de Escazú: «Es fundamental para garantizar los derechos humanos de los defensores ambientales»

La ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, afirmó que el Acuerdo de Escazú, que firmará este viernes el presidente Gabriel Boric, es «fundamental» para hacer frente a la crisis climática.

«Nos parece que es un acuerdo fundamental para las garantías de los derechos humanos de los defensores ambientales, y también en términos de participación ciudadana respecto de los proyectos ambientales, y de justicia ambiental», expresó en entrevista a Cooperativa.

Aseveró que el acuerdo, determina «la necesidad de debido proceso y de buscar mecanismos alternativos de solución de controversias».

La canciller profundizó que «el elemento esencial del Acuerdo de Escazú es el principio de no regresión, es decir, se entiende -por ejemplo- que eventualmente hay que adecuar la legislación ambiental, hay que adecuar los sistemas de protección a defensores ambientales, y debemos trabajar en ese sentido (…) Se trata de ir de manera progresiva y sin retrocesos en relación a las materias que toca».

A su vez, afirmó que «va precisamente en la línea del programa de Gobierno, tanto para poder enfrentar la crisis ambiental y climática, como también respecto de la política exterior ‘turquesa’ (incorporando a los ecosistemas marinos) (…) y además, implica que volvemos a ejercer el liderazgo que teníamos en la materia».

La canciller puntualizó que el acuerdo «no establece ninguna obligación» a Chile a someterse ante tribunales internacionales, el que fuera el principal argumento del ex Presidente Piñera para negarse a firmarlo, pese a haberlo impulsado en su primer periodo.

«Lo que establece es un comité de apoyo a la aplicación y el cumplimiento que no es punitivo, es subsidiario: cumple funciones consultivas y no contenciosas. El rol, por ejemplo, de la Corte Internacional de Justicia para la interpretación y aplicación del tratado es en caso de que los estados, de manera voluntaria, quieren reconocer su competencia», explicó la abogada, citada por Cooperativa.

En concreto, «la controversia entre los estados partes -lo dice expresamente el acuerdo- se resuelve por medio de negociaciones o por otros medios de solución de controversia, que ambas partes consideran aceptables, por lo tanto, no hay ningún riesgo».

Cabe recordar que el acuerdo de Escazú, impulsado por Chile y Costa Rica, es el pacto medioambiental y de derechos humanos de América Latina que busca consagrar la protección de los defensores de asuntos ambientales.

Asimismo, tiene como objetivo promover los derechos ambientales, fortalecer la capacidad de cooperación internacional en la materia, fomentar el desarrollo sustentable para minimizar los efectos del cambio climático y garantizar el acceso a la información, a la participación ciudadana y a la justicia en asuntos ambientales.

A pesar de que Chile fue uno de los impulsores de este acuerdo, durante el gobierno de Sebastián Piñera se anunció que no se suscribiría el pacto, por considerarlo «inconveniente» a las pretensiones nacionales.

Acuerdo Progresivo e Integral para la Asociación Transpacífica

La canciller afirmó que «hemos conversado muchísimo» sobre el Acuerdo Progresivo e Integral para la Asociación Transpacífica (TPP-11) al que, a diferencia de Escazú, Piñera insistió en adherir durante todo su segundo mandato, pues renovó la suma urgencia con la que contaba 31 veces, haciéndolo por última vez 10 días antes del cambio de mando.

«Entendemos que hay un conjunto de observaciones, y es un tema que tenemos que seguir discutiendo. La propia Cepal nos ha ofrecido un espacio para tener un debate técnico al respecto, y también ir viendo las experiencias comparadas de cómo países como Nueva Zelanda, Canadá o Australia han enfrentado el debate respecto del TPP», adelantó.

Por otra parte, la canciller indicó que «lo primero para el actual Gobierno es esperar el debate constituyente antes de avanzar en este tema».