Carabinero es formalizado por encubrir a conductor ebrio a cambio de su vehículo

En la madrugada del 22 de febrero, un conductor en aparente estado de ebriedad colisionó con un vehículo estacionado frente a la Tercera Comisaría de Carabineros en Arica. El automóvil afectado pertenecía a un funcionario de la misma unidad policial.

Como dio a conocer El Desconcierto, tras ser sometido al alcotest, el resultado del conductor arrojó 1,88 gramos de alcohol por litro de sangre. Sin embargo, lo que parecía ser un procedimiento de rutina dio un giro inesperado y terminó involucrando penalmente al propio carabinero dueño del auto.

Según la Fiscalía, en vez de denunciar el hecho como corresponde —por conducción en estado de ebriedad con daños—, el funcionario le propuso al infractor un acuerdo irregular: entregarle su automóvil como compensación a cambio de no informar lo ocurrido. El conductor aceptó. Más tarde, ambos acudieron a una notaría junto a un tercero, amigo del carabinero, para formalizar la transferencia del vehículo por un monto de un millón de pesos.

La Sección de Asuntos Internos de Carabineros investigó los hechos y concluyó que el funcionario incurrió en el delito de cohecho.

Con esos antecedentes, se solicitó autorización judicial para allanar tanto su domicilio como su espacio dentro de la comisaría.

El 14 de abril, durante el registro, se incautaron diversos elementos en su habitación: un paquete de petardos y 23 fuegos artificiales. En una bodega de la unidad se encontraron además 100 cartuchos de escopeta, un cartucho de acero, 26 municiones calibre 357, 13 cartuchos calibre 7,62 (considerados munición de guerra), 13 cartuchos calibre 38, una munición de fogueo, una granada, una cápsula de granada triple y un gas lacrimógeno, todos en condiciones de ser utilizados.

Con estos elementos, el martes 15 de abril, el Juzgado de Garantía de Arica formalizó al carabinero por los delitos de cohecho, posesión de municiones y tenencia de munición de guerra.

El juez Juan Araya Contreras determinó que el funcionario debía quedar bajo custodia en la Tercera Comisaría, invocando el Código de Justicia Militar, al considerar que su libertad representaba un riesgo para la seguridad pública. El plazo de investigación se fijó en 90 días.